La digitalización ha supuesto un gran progreso pero también ha dualizado la economía. Cada día, se mandan 20.000 millones de mensajes por correo electrónico, se escriben 150 millones de entradas en redes sociales, y se realizan 650 millones de búsquedas en internet.

Aunque es cierto que prácticamente todas las empresas hacen uso de internet, páginas web, correo electrónico, y hasta redes sociales y venta en línea, permeando toda la producción y el comercio, existe un sector empresarial cuya actividad gravita precisamente sobre el tráfico de datos que generan los propios usuarios y la publicidad que lleva aparejado. Es evidente que el modelo de negocio de un motor de búsqueda es radicalmente distinto del de, pongamos, una acería, y no solamente con relación al uso de las tecnologías de la información, sino también por la estructura de costes, la infraestructura física y los márgenes de beneficios.

El impuesto de sociedades, que grava los beneficios empresariales, se diseñó para una época en la que ni los capitales circulaban tan libremente como ahora, ni existían empresas como Google o Facebook, capaces de generar enormes rentabilidades en cualquier país sin siquiera necesidad contar con un establecimiento físico, y cuando lo hacen reducen extraordinariamente la base imponible del impuesto trasladando artificialmente las ganancias a estados con un impuesto corporativo efectivo muy reducido, como Irlanda o Luxemburgo, mediante el abuso de los precios de transferencia intra-grupo.

Además, el diseño actual del impuesto no es adecuado para gravar beneficios generados por el tráfico de datos en un país cuando la publicidad que se deriva del mismo se realiza en otro. Gran parte del valor de estas empresas se genera a través de la publicidad derivada de las preferencias que expresan los usuarios al por ejemplo, poner “me gusta” en Facebook, pero el gravamen recaerá en el Estado donde se diseña el algoritmo publicitario, y no donde se han hecho los “clics”. De ahí que el volumen de datos de usuarios debe tenerse en cuenta a la hora de calcular los beneficios de empresas y plataformas digitales.

Como consecuencia de lo anterior, en la situación actual, las grandes multinacionales tecnológicas apenas pagan el impuesto de sociedades, lo que genera competencia desleal con el resto de empresas, además de pérdida de recaudación fiscal, y la violación del principio de que los beneficios deben gravarse allí donde se generan.

Para corregir esta situación, la Comisión Europea ha propuesto un impuesto provisional a la facturación (que no a los beneficios) del 3 por ciento para empresas de este sector que generen al menos 50 millones de euros anuales en la UE, lo que generaría a los Estados miembros un aumento de la recaudación fiscal de 5.000 millones de euros, en tanto en cuanto no se aprueba la actualización de la base imponible del impuesto de sociedades para tener en cuenta el factor digital, además de proceder a la armonización y consolidación, lo que ya ha respaldado el Parlamento Europeo. Es decir, la base imponible del impuesto de sociedades se calcularía de la misma manera en toda la Unión, evitando la búsqueda de sedes fiscales para beneficiarse de deducciones que no están disponibles en otro Estado miembro. Asimismo, la consolidación supone que en el caso de empresas transfronterizas la base, y por tanto la recaudación, se repartiría entre los Estados miembros de acuerdo con una fórmula que incluiría al menos tres variables: ventas, puestos de trabajo y activos.

Esta medida es además necesaria para evitar que cada Estado miembro aplique una solución diferente al reto de gravar las empresas digitales, con las consiguientes distorsiones en el seno del Mercado Interior, y el aumento de la inseguridad jurídica.

De seguro que la iniciativa contará con el respaldo del Parlamento Europeo, pero en el Consejo, compuesto por los gobiernos de los Estados, cabe esperar que los países habituados a la competencia fiscal a la baja, como Irlanda veten el proyecto. Aun así, este bloqueo pondrá de relieve la necesidad de federalizar la materia tributaria y acabar con la injusta y anti-democrática regla de la unanimidad, por lo pronto recurriendo al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.