Escribo estas líneas desde mi condición de profesor universitario de una Universidad pública, profundamente indignado y dolido por la imagen que el asunto del Máster de la señora Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, está proyectando sobre nuestra institución y sobre todos sus trabajadores y estudiantes.

Lo que sea del futuro de esta señora, y del de sus presuntos colaboradores en la Universidad Rey Juan Carlos, lo tendrá que determinar la Justicia, dado que el asunto ha alcanzado ya el nivel de posible delito penal. Pero, desde el punto de vista de los universitarios, es urgente que se despejen todas las dudas que han rodeado este tema y, si hay culpables de comportamientos irregulares, que se identifiquen con nombre apellidos y se circunscriban las responsabilidades a quienes corresponda como individuos particulares, a la vez que se deje a salvo a la institución.

Exceptuando algún posible caso aislado, que siempre pueden aparecer en cualquier colectivo, los profesores universitarios calificamos los exámenes y los trabajos de nuestros estudiantes con absoluta independencia y escrupulosidad, aplicando un criterio de equidad en las calificaciones, y según nuestro mejor entender de la diferencia percibida entre el nivel esperado en la prueba y el nivel realmente alcanzado en la misma. Somos tan inmunes a las presiones como lo son los jueces en su trabajo. En mi ya largo desempeño profesional, tan solo recibí una vez una llamada que podía entenderse como una presión para calificar a un alumno procedente en este caso de un colega desconocido para mí de otro centro de mi universidad y recibió por mi parte la respuesta contundente que cabe esperar en tal situación. Esta independencia se corresponde con la confianza que la sociedad tiene depositada en nosotros. Y esa confianza es la que confiere valor a los títulos universitarios. La sociedad sabe que no se dan estos títulos si el estudiante no ha alcanzado el nivel requerido. Gracias a la misma, las empresas confían trabajos y responsabilidades a las personas que acreditan haberlos alcanzado. Si los títulos universitarios estuvieran bajo sospecha, la cadena de confianza se rompería y todo el sistema se vería profundamente dañado en su funcionamiento.

Por eso, el daño del asunto Cifuentes va mucho más allá de la presunta corrupción de esta señora y de sus presuntos colaboradores en la Universidad Rey Juan Carlos. Si se demostrara que aprobó su máster fraudulentamente, el oprobio, la vergüenza y la sospecha alcanzarían a toda la universidad y a la cadena de confianza de la que estoy hablando. Sería también una ofensa a todos los estudiantes que alcanzan sus títulos universitarios con gran esfuerzo y dedicación. Y sería una ofensa a la práctica totalidad de profesores que realizamos nuestro trabajo con total honestidad. Ni unos ni otros merecemos que se extienda sobre nosotros la sospecha de que los títulos universitarios se compran y se venden.

Conviene aclarar, para los que desconocen el funcionamiento de la Universidad, que es imposible que un Trabajo de Fin de Máster (TFM) o de Fin de Grado se volatilice. Esos trabajos se desarrollan a lo largo de varios meses bajo la supervisión de un o una responsable académico. En ese tiempo, el estudiante y el supervisor académico se reúnen varias veces y se intercambian correos electrónicos. Varios borradores son corregidos por el supervisor hasta que se alcanza la versión final. Tanto este, como los miembros del Tribunal reciben copias electrónicas y en papel de la versión final, así como la Secretaría del centro y la biblioteca, donde queda archivado. La sesión de defensa del TFM es pública y se anuncia en los tablones, o en el Campus Virtual de la Universidad. Si el TFM de la señora Cifuentes realmente existió, todo el rastro descrito debería existir también, y sería muy fácil presentar evidencias del mismo. El hecho de que hasta el día en que escribo no se hayan presentado tales evidencias permite augurar el peor de los escenarios.

Es urgente y necesario que todo lo que rodea al aprobado de este Máster se aclare y se acredite hasta el último detalle. La inspección interna de la Universidad, la Asamblea de Madrid y la Justicia, en su caso, deberán investigar escrupulosamente todos los aspectos contradictorios que se han conocido hasta la fecha, de forma que no quede la menor sombra de duda. Si todo ha sido un malentendido, pediremos disculpas a la interesada, y a la vez respiraremos aliviados porque la Universidad quedará libre de sospecha. Pero si no es así, e independientemente del destino que le espere a la señora Cifuentes –que para mí, al menos, no es lo más relevante en este asunto, deberá quedar claro quiénes han sido sus cómplices en la Universidad y estos deberán ser apartados de toda responsabilidad académica o administrativa. La Universidad Pública no es por fortuna el lodazal que estos comportamientos podrían inducir a pensar.