Los partidos políticos, como es obvio, actúan primariamente de acuerdo a lo que perciben como su interés político y electoral, pero cuando éste prevalece de manera palmaria sobre el interés general, por discutible que sea su definición, aquellos se exponen al ridículo y al castigo de los electores, y máxime cuando esto se hace ignorando de manera evidente las normas constitucionales, de paso tratando de confundir a la ciudadanía.
Repasemos los acontecimientos que se han ido sucediendo desde la publicación, el pasado 24 de mayo de 2018, de la sentencia de la mayor trama de corrupción política de la democracia, conocida como Gurtel, y de la que es responsable el Partido Popular y su presidente, y presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
En primer lugar, cabría que Rajoy hubiera asumido su responsabilidad política, presentando su dimisión, y dando lugar a la elección, de contar con mayoría suficiente, de otro candidato del Partido Popular, o en su defecto, de un presidente respaldado por una mayoría alternativa a la actual. En caso de que no prosperara ninguna de estas dos soluciones, operaría la disolución automática de las cámaras transcurridos dos meses desde la primera investidura fallida, de acuerdo con el artículo 99.5 de la Constitución Española. Este escenario hubiera sido probable, ya que el PSOE no se habría abstenido en esta ocasión, como sucedió en la etapa de la Comisión Gestora, ante un nuevo candidato del PP, y dado que Ciudadanos quiere ir a elecciones lo antes posible al calor de los sondeos, no habría sido posible tratar de re-editar el acuerdo de la primavera de 2016, por lo que en principio no habría sido elegido ni un candidato del PP ni uno del PSOE.
Cabe señalar que aunque el artículo 115 de la Carta Magna no impone esta limitación, la Ley del Gobierno, en su artículo 24.1 sí que impide que el presidente del gobierno en funciones disuelva cualquiera de las cámaras. Es decir, un Rajoy dimisionario no podría convocar elecciones, a la vista de la imposibilidad de elegir un sustituto, pero de no elegirse un nuevo presidente, se convocarían elecciones en cualquier caso pasados dos meses del primer intento de investidura. Este mecanismo hace innecesario, en caso de dimisión del presidente, la elección de un nuevo jefe de gobierno con la única finalidad de convocar elecciones generales, lo que por otro lado no está conforme con el espíritu de la Constitución, que consiste en elegir un presidente para que ejecute un programa y en consecuencia, gobierne.
En todo caso, es evidente que Rajoy no pensaba dimitir, a la vista de sus declaraciones del viernes 25 de mayo de 2018, y sobre todo por el hecho de que sigue a día de hoy, en su cargo. Pues nada le impide, de querer asumir la responsabilidad política por la Gurtel, dimitir antes del debate de la moción de censura, por lo que ésta decaería y nos encontraríamos en la situación descrita en el párrafo precedente, elección por el Congreso de un nuevo presidente, y en caso contrario, elecciones. Pero ojo, en puridad la dimisión se tendría que haber producido al momento de conocerse la sentencia, porque de hacerlo en vísperas del debate de la moción y de tener el PSOE los números para ganarla, se estaría haciendo una vez más con la finalidad de evitar la censura y la derrota parlamentaria.
De ahí que el secretario general del PSOE acertara plenamente en presentar inmediatamente una moción de censura en la mañana del 25 de mayo, en lugar de abrir una ronda con el resto de partidos.
En primer lugar, porque un presidente que no está dispuesto a dimitir para asumir sus responsabilidades sobre la Gurtel, no es previsible que convoque elecciones anticipadas, las cuales podrían, en las circunstancias actuales, acelerar su salida de la presidencia del gobierno.
Y en segundo lugar, y más importante, la disolución de las cámaras por el presidente no supone asumir que éste asuma ninguna responsabilidad, sino que se aviene a dar la palabra al país, seguramente con la intención de que una nueva victoria electoral le pudiera absolver políticamente, o incluso pudiendo simplemente no volverse a presentar como candidato, evitando también así, la censura de los electores.
Esta segunda posibilidad, la de las elecciones anticipadas, habría podido tomar cuerpo si las conversaciones entre las fuerzas de la oposición hubieran avanzado en la dirección de sumar una mayoría para la censura. Entonces, Rajoy, entre perder la moción de censura e ir a elecciones, hubiera sin duda optado por lo segundo, tanto para concurrir a las mismas como para retirarse sin mácula. Lo que supone, por un lado escurrir la responsabilidad ante el Congreso, y además, vaciar de contenido el mecanismo de la moción de censura, que está pensado para que no pueda ser desactivado por una disolución anticipada del Parlamento, como dice el artículo 115.2 de la Constitución, que señala que la misma no procede cuando esté tramitándose la censura al presidente. De ahí que la moción de censura, si reúne o puede reunir los votos, no puede anunciarse y negociarse, sino presentarse, que es lo que ha hecho el PSOE, además con la legitimidad de liderar la oposición y ser una fuerza de gobierno, so pena de que el presidente del gobierno se anticipe y convoque elecciones antes de que se registre. Podemos, por cierto, tampoco negoció con nadie su moción de mayo de 2017 antes de presentarla, y eso que son la tercera fuerza política, por lo que difícilmente podrían haber inquietado a Rajoy de haberlo intentado. Pero su intención era obtener protagonismo parlamentario y tratar de poner en un brete a Pedro Sánchez, recién re-elegido como secretario general del PSOE por las bases. La cosa no iba en serio, y no lograron su objetivo.
Quien, por otro lado, también está actuando claramente en clave electoralista es Ciudadanos. En primer lugar, porque todavía hoy sigue reclamando este partido a Rajoy que disuelva el Parlamento, cuando ya no puede hacerlo por efecto del artículo 115.2 citado, demostrando poca solvencia, y además obviando que como se decía, dicha convocatoria electoral impide, como la propia palabra indica, la censura del Congreso al presidente.
Tampoco hubiera sido posible la disolución antes de la admisión por la Mesa del Congreso de la moción, pues si cupiera esta opción entre el registro y la evaluación de los requisitos formales, la limitación del artículo 115.2 sería inútil, pues siempre transcurrirá un tiempo mínimo entre una cosa y otra, dando al gobierno la capacidad de anular la moción de censura con una convocatoria electoral.
Cosa distinta sería si la moción no reuniera por ejemplo el mínimo de diputados, en cuyo caso la Mesa del Congreso la rechazaría, y así el presidente del gobierno recuperaría la capacidad de disolver las Cortes. En sucesivas declaraciones, el secretario general de Ciudadanos parecía ignorar ambas cosas, es decir, los plenos efectos del artículo 115.2 de la Constitución, y el número de diputados mínimos necesarios para firmar la moción de censura, es decir, 35, pues afirmó que su grupo parlamentario, que solo cuenta con 32, y no con los que pronostican algunas encuestas, promovería otra, en caso de que Rajoy no convocara elecciones (lo que no es posible en todo caso desde el registro de la moción por el PSOE. como se ha venido repitiendo).
Tras esta ceremonia de la confusión, Ciudadanos ha reclamado que el PSOE retirara su moción, al objeto de reclamar nuevamente una convocatoria electoral, una vez más dando la oportunidad a Rajoy de evitar una censura parlamentaria, y en caso contrario, proponiendo una nueva, no sé sabe con qué apoyos, con un candidato independiente y con la sola finalidad de convocar elecciones.
Esta aproximación supone privilegiar que no haya un presidente socialista frente a la salida de Rajoy, y como ya se ha dicho, enfocar la elección del nuevo jefe del gobierno a la sola finalidad de ir a elecciones, lo que es de dudosa constitucionalidad. Ciertamente, el PSOE, coherente con la finalidad de censurar a Rajoy desde su posición de liderazgo de la oposición no se ha avenido a esta exigencia.
Lo que sí que Ciudadanos podría haber negociado, o puede negociar, es una fecha para celebrar elecciones, digamos septiembre u octubre de este año como muy pronto, pero que no supusiera elecciones en pleno verano, que es lo que pasaría si hubiera una disolución inmediata de las Cortes el 2 de junio de 2018, es decir al día siguiente de la moción de censura, de prosperar, detalle en el que tampoco parece haber caído esta fuerza política en sus prisas por ir a votar.
En todo caso, más allá de la fecha de los comicios, siempre negociable, Ciudadanos ha venido declarando, hasta este momento, que en ningún caso hará presidente con sus votos a Pedro Sánchez, ni siquiera para gestionar un período de interinidad de pocos meses, dejando claro que su prioridad es evitar que un socialista pise la Moncloa, en vez de desalojar a Rajoy de la misma, por lo menos al momento de escribir estas líneas.
Dicho de otro modo, quieren los de Ciudadanos que se les de todo hecho, ir a elecciones de guapos, sin mojarse entre mantener a Rajoy votando en contra de la moción, o respaldar a Pedro Sánchez, no vaya a ser que lo segundo moleste a su proyecto de sustituir al PP en la derecha, y que el socialista vaya a los comicios como el presidente que logró censurar y expulsar al actual jefe del gobierno de su cargo.
Sin embargo, la moción puede prosperar si además de Podemos, con segundos pensamientos por parte de Iglesias Turrión, y Compromís, que ya han comprometido sus votos, se añaden los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit Demócrata Europeu Catalá (PDeCAT), y el Partido Nacionalista Vasco.
Esta posibilidad se está intentando desacreditar por el PP y Ciudadanos, con argumentos curiosos. Cierto es que ERC y PDeCAT han demostrado una gran deslealtad hacia el Estado con la fracasada intentona de secesión de una parte del territorio nacional, pero en una democracia parlamentaria los votos no se aceptan ni se rechazan, solamente se reciben o no se reciben, máxime cuando no se ofrece ninguna contrapartida a estas fuerzas políticas.
Si Pedro Sánchez obtiene los 176 votos necesarios para ganar la votación, incluyendo los de estos partidos, los cuales por cierto en el pasado han dicho que votarían a favor en tal circunstancia sin pedir nada a cambio, gozará exactamente de la misma legitimidad que si los hubiera obtenido de, digamos Ciudadanos. Pero en cualquier caso es ésta fuerza política la que antepone sus intereses electorales a los del país, si entendemos que lo prioritario es censurar políticamente, con la pérdida de su cargo, a Mariano Rajoy, y su sustitución por el líder de la oposición, un socialista honrado y coherente al que en su día votó este partido como presidente, no hace tanto tiempo. De ahí que esta posición sea simplemente la del Perro del Hortelano, que ni come, ni (quiere) dejar comer.
Por último, unas palabras sobre el líder de Podemos. Noqueado por el escándalo de su chalé, y escaldado del fracaso de las elecciones de junio de 2016, que provocó votando en contra de la investidura de Pedro Sánchez junto con el PP pensando que superaría en votos al partido de la clase trabajadora, conviene no olvidarlo, inicialmente dio un respaldo incondicional a la moción, para después sugerir que el líder del PSOE tendría que dimitir en caso que no saliera adelante, extraña apreciación en quien no hizo tal cosa cuando fracasó su intentona en mayo de 2017, remitir la decisión final a una nueva consulta a las bases, y acabar sugiriendo aliarse con Ciudadanos para presentar una nueva moción de carácter instrumental, en caso de que no prosperar la iniciativa socialista. Todo ello revela una coincidencia de intereses de Iglesias con Rivera, es decir, tratar de cerrar el paso a Pedro Sánchez como sea, si bien en el caso del primero subrepticiamente, dado que no es asumible ante su propio electorado, tras la jugada de la primavera de 2016, volver a votar contra un socialista con posibilidades de sustituir al líder del Partido Popular.
En conclusión, el PSOE ha actuado con responsabilidad, la que se deriva de ser la segunda fuerza parlamentaria y haber gobernado el país durante veinte años. Ahora el resto de fuerzas políticas tendrán que definirse con su voto, con las consecuencias que esto conllevará en las elecciones, cuando quiera que sean.
Por mi parte, espero sinceramente que la mayoría absoluta del Parlamento, compuesta por todos los partidos de la oposición, censure a Rajoy por la trama de la Gurtel, abriéndose así una nueva etapa política con Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
