Gracias al acuerdo de investidura logrado por el PSOE, lo que ha permitido la re-elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el 16 de noviembre, se prolonga en España la etapa del gobierno de coalición de progreso, en favor de los trabajadores, además de devolver la cuestión abierta del encaje de Cataluña en el Estado al terreno de la política, y garantizar a Europa que seguimos siendo un socio fiable para el proyecto de integración.

Este acuerdo para la conformación de un nuevo Gobierno Progresista ha venido de la mano de un acuerdo con Sumar, que formará parte del gobierno. Se ha requerido de otros apoyos parlamentarios externos de los partidos políticos que representan a los nacionalismos periféricos y entre ellos, los partidos políticos catalanes que apoyan la independencia. Un acuerdo entre diferentes, pero que responde al mandato de la ciudadanía del 23 de julio de 2023 contrario a un gobierno del PP con la extrema derecha de Vox, y que sienta las bases para una mayor convivencia y reconciliación entre españoles tras seis años desde que se produjeron los momentos más difíciles del procés independentista. Que Esquerra Republicana de Catalunya, y sobre todo Junts per Catalunya, voten a favor de la investidura del Presidente del Gobierno supone un primer elemento de reintegración de estos partidos a la gobernabilidad de España.

Cierto es que el apoyo de los independentistas a la investidura ha requerido, entre otras peticiones, la presentación de una proposición de Ley Orgánica de Amnistía para todos aquellos acusados o encausados por los hechos del Procés. Esta medida que puede contribuir a resolver el conflicto político provocado por aquel, ya que la respuesta lógica del poder judicial a los actos ilegales del 2017, junto con la activación del artículo 155 de la Constitución, lograron preservar la unidad de la nación y el orden constitucional, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse. De ahí que la amnistía, entendida como válvula de escape del sistema, de carácter excepcional (es la primera vez que se propone desde 1978), puede ayudar decisivamente a profundizar el diálogo y la convivencia en Cataluña y en el resto de España, como lo han hecho, contrastadamente, los indultos a los líderes independentistas condenados.

Esto es positivo en sí mismo, ya que el ejercicio del derecho de gracia nunca puede verse como una humillación al Estado, sino al contrario, como un gesto de responsabilidad y generosidad, que debe, eso sí, ser correspondido, igualmente, con responsabilidad y lealtad, y renuncia al unilateralismo en el despliegue del proyecto político del independentismo.

La amnistía propuesta por tanto debe reunir tres condiciones: buscar servir al interés público, ser conforme a la Constitución, y conllevar un compromiso por parte de los independentistas de actuar en el marco constitucional.

La primera condición está explicitada en la exposición de motivos de la propuesta de Ley. Es ésta la intención de la ley, pues reducir la tensión social en Cataluña y mejorar la convivencia y alcanzar, eventualmente, una plena reconciliación nacional sirve sin duda al interés público.

La segunda condición también se cumple, ya que el artículo 62.i. de la Constitución señala que “[corresponde al Rey] ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Dado que no se especifica que el derecho de gracia se limita al indulto, es evidente que aquel puede incluir también la amnistía. La jurisprudencia constitucional tampoco se ha pronunciado en contra de la misma, bien al contrario, al afirmar que “no hay restricción constitucional sobre la materia” (STC 147/1986) y la amnistía sigue siendo una de las causas de sobreseimiento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La tercera, y muy importante condición, de carácter político, es que la amnistía conlleve la renuncia por parte de los independentistas a tratar de alcanzar su objetivo por cauces extra-constitucionales. A la vista tanto del “Acuerdo PSOE-Junts”, sin entrar en otros elementos que no vienen al caso y que pueden gustar más o menos, como el relato de los hechos acontecidos (que es menos relevante en todo caso que la parte dispositiva), y de la Exposición de Motivos de la propuesta de Ley, es evidente que hay una renuncia de facto, pero también literal, a la vía unilateral a la independencia. Esto es lo relevante.

En concreto, el apartado 2 del Acuerdo titulado “Una Oportunidad Histórica” es claro en este sentido: se dice que la resolución del conflicto político deber ser “negociada y acordada”, que se apuesta por la “negociación y acuerdos como método de resolución de conflictos”, y que persigue alcanzar un “conjunto de pactos”.

Todas estas menciones constituyen, de hecho, una renuncia a repetir la vía unilateral por parte de Junts per Catalunya (recordemos, en este mismo sentido, que Esquerra Republicana de Catalunya ya renunció a la vía unilateral en 2021 en un artículo publicado por Junqueras en el “Ara”). Del mismo modo, que Junts incluya en el Acuerdo su petición de organizar un referéndum, pero con base al artículo 92 de la Constitución, constituye un segundo elemento del compromiso con el orden constitucional. Otra cuestión es si cabe preguntar por la autodeterminación en un referéndum, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, la propuesta de ley, afirma en su página 5 que “las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, lo que constituye un compromiso expreso a respetar el marco constitucional por parte del independentismo, una vez se vote la norma en las Cortes Generales.

Esto es lo que cuenta, y no la retórica irredentista que algunos representantes del independentismo siguen agitando, o que el Acuerdo PSOE-JUNTS recoja que Junts sigue dando validez al referéndum y declaración de independencia de 2017. “Obras son amores, y no buenas razones”.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que este proceso de amnistía es un paso adelante en la convivencia por el que merece la pena apostar, que vuelve la mirada hacia el futuro y no al pasado, y que puede ayudar a tratar políticamente la siempre compleja integración de los nacionalismos periféricos en la España constitucional.