Todavía hoy algunos mayores recordamos, no sin cierta nostalgia, que con el entusiasmo posterior a las primeras elecciones legislativas de la Transición los diputados electos se enfrentaron, más allá de la tribuna del Congreso, en un cordial partido de fútbol. Al parecer, de aquella iniciativa llevada al buen puerto de la convivencia ideológica no se hizo sana costumbre. Aquel lúdico desafío nos incita a sugerir que sus señorías dedicaran un día a la práctica conjunta del rugby, una vez que conocieran su reglamento, respetado con rectitud por sus jugadores. En este deporte ‒que entre flema y sorna los ingleses, sus inventores, definen como juego de golfos practicado por caballeros‒, ocurre con frecuencia algún rifirrafe con más o menos visos de batalla campal, a veces llegándose al ardor de los puños. Al producirse el conato o acto de violencia intolerable, el árbitro interrumpe el partido, llama aparte, y a capítulo, a los capitanes de los equipos y les impone que hablen con sus jugadores con el fin de calmarlos y proseguir la contienda como es debido y exigen sus normas. Además, hoy los árbitros llevan micrófonos inalámbricos que durante las retransmisiones televisivas permiten que los espectadores oigan en directo las prédicas arbitrales que, sin objeción alguna, son respetadas escrupulosamente. Al día siguiente, ningún tabloide podrá desbordar sus comentarios del encuentro con anécdotas, e información tendente al huero espectáculo, sobre gestos, insultos o groseras pataletas de los jugadores, porque el árbitro los atajó de raíz durante el partido y, por tanto, nunca se produjeron.

Pues bien, ante el lamentable espectáculo de inédita y extrema virulencia verbal al que asistimos durante las sesiones de investidura a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, deberían adaptarse las reglas de funcionamiento del Parlamento a la práctica ejemplar que el rugby nos enseña. Llegado el caso, la Presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, debería interrumpir la sesión para llamar ante sí a los portavoces de los grupos parlamentarios con el fin de conminarles al comedimiento en sus intervenciones y evitar cualquier libertinaje verbal. Tuvo suficientes motivos y no pocas ocasiones para hacerlo. La bancada de la ultraderecha y la derecha ofreció una pésima educación cívica y parlamentaria interrumpiendo recurrentemente el discurso del candidato a la presidencia del gobierno, pataleando e insultando, por no decir injuriando, a otros intervinientes con las más ruines de las calumnias. También sus líderes fueron espoleados y vitoreados hasta afirmarse como líderes radicalizados mediante la pérdida del respeto, el improperio y la mentira. Casado, por ejemplo, llegó hasta la amenaza de movilizaciones ciudadanas contra la aplicación de las reglas amparadas por la Constitución y no le dolieron prendas en recuperar la violencia verbal que no oíamos desde aquel «usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda» de Rajoy, dirigiéndose a Zapatero, desde la tribuna del Congreso en la primavera de 2005.

Estas prácticas ensucian el ejercicio democrático de la cámara de los diputados y dañan seria y peligrosamente la actividad política, empeorada, más si cabe, por cuanto acapararon el interés prioritario de algunos medios de comunicación en detrimento de los asuntos importantes que afectan a la ciudadanía. Programas y tertulias televisivas repitieron hasta la saciedad momentos de la indecencia parlamentaria de la derecha más conservadora y extrema, amplificándolos y reduciendo el último debate de investidura a mero espectáculo donde se confunde el desafecto con el insulto, la divergencia con la injuria, la libertad de expresión con lo falsario. Y todo, sin el menor sonrojo. Poco nos sorprende ya que, como líder del Partido Popular, echado al monte permita competir a su marquesa portavoz parlamentaria, distinguida por su retórica petulante, con la fatuidad y luces cortas del secretario general del partido.

Puede entenderse la frustración de quienes discrepan del nuevo gobierno, pero de ningún modo cabe comprender, y mucho menos admitir, la degradación verbal de los que expresan su disconformidad. ¿Qué propósitos encierra esta degeneración del debate democrático por parte de los diputados de la derecha? No les agraviaremos pensando que con su actitud insultante intentan ser más convincentes en sus argumentos, tampoco que responde al descontrol de su incapacidad parlamentaria. Más plausible parecen otras razones subyacentes, de peor calado sin duda, que traducen el pulso entre el Partido Popular, empeñado en demostrar su oposición más intransigente al gobierno, y Vox resuelto en endurecer su discurso ultraderechista para conseguir más votos conservadores, fomentar el radicalismo callejero como forma de oposición e incluso incitar al golpe militar por boca de un antiguo jefe del ejército o de un diputado europeo. Se trata del trasvase inevitable de la violencia verbal a la física de tan funesto recuerdo.

Llegado afortunadamente el final de ETA en tiempos de liderazgo socialista, no es lícito acusar al presidente del gobierno de connivencia con etarras, ni criminalizar a partidos hoy tan legales como los inculpadores. Las acusaciones de traidor a la patria podrían provocar el resurgir de cualquier salvador de aquella, justificando de antemano, ante la gravedad del crimen denunciado, la brutalidad de la sanción. Se impone que el Gobierno y quienes lo apoyan no se vean atraídos por el tropismo de la endiablada deriva de exabruptos y procacidades de la variada derecha política. Pero no estaría de más que el Congreso editase una antología de los violentos debates que se produjeron en las Cortes de la II República previos a la guerra civil y el advenimiento del franquismo, de muy recomendable lectura para los diputados. E incluso un vademécum donde se recordase la cortesía y corrección parlamentaria que, de no respetarse, conllevaría la intervención de la presidenta, pero a la manera de los árbitros de rugby, convocando a los portavoces en virtud del reglamento y, llegado el caso, sancionando inapelablemente al infractor.