La economía de mercado tiene costes, tiene riesgos. La pregunta clave es quién los asume. Aquí se establece una especie de “juego” entre la esfera pública y la privada. Esta última proclama las excelencias del mercado como institución eficiente para la fijación de precios. Pero el Estado acaba por ser una pieza determinante para los que buscan en las ubres públicas lo que ese mercado no les puede ofrecer (o ellos no pueden alcanzar). La significación del sector público para la economía se ha visto claramente reforzada por los acontecimientos más recientes que hemos vivido: por las crisis del coronavirus y de la guerra de Ucrania. Sin esa participación del Estado, ejerciendo como actor de primer recurso, todo resultaría mucho más difícil.

Mariana Mazucatto escribió un sólido libro sobre todo esto (El Estado emprendedor, RBA, Madrid 2011). Se trata de una reivindicación clara de la inversión pública como acicate básico que se acaba extendiendo al ámbito privado y, después, a la sociedad. Los estudios de caso son ilustrativos. Y en prácticamente todos ellos, los triunfadores privados, los emprendedores, han accedido a fondos públicos esenciales para el funcionamiento de sus proyectos. Éstos, al final, han revertido en un beneficio limitado para el conjunto de la población, si bien la imagen que puede tenerse es la contraria. Algunos datos: la capitalización bursátil de las cien empresas más ricas de Silicon Valley representa unos tres billones de dólares. Esto beneficia, sobre todo, a un grupo reducido de managers y altos directivos. En paralelo, según explica en un reciente trabajo Éloi Laurent (Nuestras mitologías económicas, El Viejo Topo, Madrid 2017), California se empobrece, toda vez que colegios y universidades públicas están en retroceso, a la vez que la especulación inmobiliaria se ha disparado y ha hecho crecer la pobreza.

Estos emprendedores tienen dos señas específicas: los impuestos y el recorte de salarios. La defensa a ultranza de la bajada de impuestos constituye un mantra pretendidamente demostrado por la teoría económica, a saber: reducir impuestos supone dinamizar la economía. A su vez, conceptos básicos como el de competitividad se acaba relacionando, tras la fraseología de rigor que trata de edulcorar la situación, con el control de los salarios. El corolario de esto es la desigualdad, que ha ido creciendo en las economías occidentales desde los años 1980, con la substitución del paradigma keynesiano por el neoliberal. La investigación económica abona esta perspectiva: la desigualdad es un resultado de la falta de inversiones en sanidad, educación, servicios sociales, protección ambiental y laboral. Los estudios de historiadores económicos, como Thomas Piketty, van en una dirección similar: a raíz de la Gran Recesión, la desigualdad consolida su extensión; eliminarla representa un factor importante incluso de eficacia. El tema forma parte de una agenda más amplia, en la que cabe incluir los efectos del cambio climático, el envejecimiento de la población, la transición energética o los procesos de digitalización. Todo más allá de las ideologías.