El 11 de enero de 1944, en plena II Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, en el discurso sobre el estado de la Unión, afirmó que “hemos llegado a la clara comprensión del hecho de que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica”. 

Esta frase sirvió de base para su propuesta de Segunda Declaración de Derechos (Second Bill of Rights), convencido que la Constitución estadounidense original ya no bastaba para garantizar la igualdad y la felicidad de los ciudadanos a medida que “nuestra economía industrial se ha expandido”.

Que verdad era en los años cuarenta y que verdad continúa siendo ahora, cuando las fuerzas políticas más reaccionarias están deteriorando el Estado de Bienestar, con el fin acabar con él. El drama es que, en muchas partes del mundo, incluido España, lo están consiguiendo democráticamente con el voto de unos ciudadanos que son los que se ven y verán más afectados. 

Las brechas del Estado del bienestar están generando un malestar social para el que solo hay dos caminos. O más bienestar para todos los seres humanos, o más desigualdad y perdida de derechos. Y aquí hay que decidir en las urnas teniendo en cuenta qué gobiernos caminan hacia la igualdad luchando contra unas élites que intentan paralizarla, y qué gobiernos son los capataces de esas élites y actúan a su servicio.

Los resultados del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Actitudes hacia el Estado de bienestar (III) muestran que el 52,4 por ciento de los españoles cree que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a los servicios públicos. Por el contrario, un 47 por ciento dice que si existe igualdad de oportunidades. 

Las diferencias no son muy amplias, pero demuestran que estamos en una sociedad dividida en dos en una cuestión que es esencial para el funcionamiento del Estado de bienestar. ¿Por qué? porque uno de sus pilares es garantizar que todas las personas puedan acceder a unos servicios públicos de calidad, con independencia de su situación económica, sus circunstancias personales o su lugar de residencia. 

El malestar social existente está dejando patente que una cosa es que tengamos derechos reconocidos en nuestros marcos constitucionales y otra muy distinta que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para ejercerlos y disfrutarlos.

Cuando se pregunta a esa mayoría de la sociedad, que cree que no existe igualdad de oportunidades, cuál es el principal motivo de esta situación, los datos de la encuesta del CIS son muy reveladores. El 28,2 por ciento dice que el principal motivo son los ingresos económicos 

Con servicios públicos siguen existiendo barreras económicas. Costes como el transporte, el material escolar, las actividades extraescolares o dificultades para acceder a otras actividades introducen diferencias entre las personas y las familias. Y aquí hay que sentarse a ver qué gobiernos dan ayudas para el transporte, para el material escolar, para las actividades extraescolares y que gobiernos las quitan para saber al menos que hacemos con algo tan importante como el voto.

Además, esta preocupación es todavía mayor en los jóvenes. Entre las personas de 18 a 29 años que creen que no existe igualdad de oportunidades, el 39,6 por ciento señala como principal motivo los ingresos económicos, frente al 23,5 por ciento entre quienes tienen 65 años o más.

Junto a los ingresos económicos, los ciudadanos identifican otros factores relacionados con el lugar donde viven. Un 13,6 por ciento señala la comunidad autónoma de residencia y un 11,3 por ciento el pueblo o barrio en el que vive. Lo que representa el 24,9 por ciento y evidencia la importancia de la dimensión territorial en el Estado de bienestar. En España, la descentralización permite a los gobiernos autonómicos y municipales profundizar o recortar en servicios esenciales, como la sanidad y la educación. 

¿Tu Comunidad Autónoma o tu ayuntamiento son de los que amplían o recortan los servicios públicos? Esto es un desafío importante porque el acceso a los servicios públicos para unos partidos políticos debe ser universal y no depender del código postal, y para otros hay que reducirlos o privatizarlos.

El tercer elemento está asociado al origen de la gente. Un 10,6 por ciento señala la etnia o la raza como principal causa, mientras que el 10,4 por ciento la nacionalidad. Son porcentajes importantes que unidos suponen el 21 por ciento.

Otros factores son el nivel de estudios (4,5 %), la ideología política (3,8 %), tener alguna discapacidad (3,1 %) o la edad (1,8 %). Aunque estas respuestas tienen un peso menor, no deben quedar fuera del debate público. La igualdad de oportunidades exige prestar atención tanto a las desigualdades que afectan a amplios sectores de la sociedad como a las barreras que pueden tener determinados colectivos.

Estos resultados, plantean una cuestión fundamental a la que los ciudadanos tendrán que responder en pocas semanas en las urnas. No basta con que se nos reconozcan formalmente los derechos sociales si una parte importante de la población cree que sus posibilidades de ejercerlos están condicionadas por sus ingresos, su lugar de residencia o su origen.

La universalidad de los servicios públicos debe ir acompañada de medidas que favorezcan una igualdad efectiva en el acceso. Por eso, es clave reforzar la cohesión territorial, prestar especial atención a las situaciones de vulnerabilidad económica y evaluar las barreras que dificultan el acceso a los servicios públicos.

Una sociedad democrática no puede conformarse con proclamar la igualdad de oportunidades. Su verdadero desafío consiste en hacerla efectiva.

Tú decides el 29 de noviembre.