La llamada “reforma” de la legislación laboral de 2012 perpetrada por el gobierno del PP no es una modificación legislativa más, sino un intento de retorno a la situación previa a la aprobación de la Constitución española de 1978 y al Estatuto de los Trabajadores. Tal vez por esta razón, por primera vez no se ha negociado un texto legal de este tipo con los interlocutores sociales, ni en su redacción ha tenido especial intervención el Ministerio de Trabajo, ahora Empleo.

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