No es hasta mediados del siglo XX, en concreto el 20 de noviembre de 1959, cuando en la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386-XIV, se alude por primera vez a los derechos de los niños, incluyendo diez principios. No resultaba suficiente para proteger sus derechos, puesto que legalmente no tenía carácter obligatorio. En 1978 el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño y, tras diez años de negociaciones con gobiernos, líderes religiosos e instituciones de todo el mundo, el 20 de noviembre de 1989 se aprobó el texto final de la misma.

Después de un largo ciclo histórico plagado de conflictos, desencuentros y guerras civiles, la sociedad española encontró durante el período de la Transición Democrática un nuevo horizonte –y una metodología constructiva− para abordar muchos de los problemas inveterados de España. Frente a la lógica de unos modelos constitucionales pristinos y mutuamente excluyentes −lógicamente de corta duración−, las fuerzas políticas mayoritarias asumieron un enfoque que no era mutuamente excluyente, sino que se basaba en la voluntad de diálogo y en la exploración de la capacidad de entendimiento.