En la compleja España en la que nos encontramos instalados en las últimas semanas y embriagados por los precipitados hechos que nunca hubiéramos pensado se escenificaran, pareciera que no hubiera más allá, cuando en realidad el mundo gira y gira y perpetuemos las paradojas e injusticias aviesas de una sociedad desarrollada, en donde la riqueza más explícita y la pobreza más severa conviven y no pueden por menos que escandalizar a cualquier ciudadano de bien.

La Estadística del Impuesto sobre el Patrimonio de la Agencia Tributaria, hecha pública el pasado mes de septiembre con informaciones relativas al año 2015, alertó sobre que el número de millonarios, con un patrimonio superior a los 30 millones de euros, había crecido un 23,9% desde finales de 2012, con un ritmo anual del 8%. También consignaba que en España 549 personas declararon tener bienes y derechos con un valor superior a los 30 millones de euros, cifras que deben ser tomadas con ciertas reservas a consecuencia del fraude y de los mecanismos que utilizan los grandes patrimonios para evadir al fisco.

En cualquier caso, el patrimonio de estas fortunas que liquidan el impuesto de patrimonio ascendió en 2015 a 582.612 millones de euros, lo que supone la mitad de nuestro Producto Interior Bruto. El 76% estaba invertido en activos financieros (acciones, depósitos…) y el resto en bienes patrimoniales inmobiliarios, con una valoración de 102.565 millones.

Por otro lado, según se desprende de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España y que incluye los años 2011 y 2014 (últimos datos disponibles), el 10% de los hogares más ricos en 2014 tenía el 52,8% de la riqueza. Entre este grupo se observa que su riqueza neta ha incrementado su valor como media, de forma que el 10%  más rico disponía en 2014 de un patrimonio de 1,29 millones de  euros (1,23 millones en el año 2011). Y el 1% más rico aumentó su porción de la riqueza nacional desde el 16,87% hasta el 20,23% en los años de referencia, lo que se traduce en que el 1% más adinerado ha pasado a tener el 20% de la riqueza.

Y, junto a lo anterior, la pobreza y la exclusión social amenazan a un número cada vez más significativo de ciudadanos (según el VII Informe Anual sobre el Riesgo de Pobreza y Exclusión Social 2017 afecta a cerca de trece millones de personas), a consecuencia, prioritariamente, del desempleo y la falta de empleos de calidad. No en vano, el 25% más pobre de la población española presentó en 2014 un patrimonio negativo de 1.300 euros respecto al año 2011 (12.600 euros de media) y estableciendo el paralelismo con la media en 2008 (14.800) no hay dudas sobre éstos que han sido los más perjudicados por la crisis económica.

En estos términos, se manifestaba Ángel Gurria, secretario general de la OCDE, quien hace varios meses afirmó que en España la crisis “Ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad”, tornándose indispensable, entre otras medidas, la incorporación de más personas al mercado de trabajo, apostar por la calidad del empleo y por una subida del salario mínimo interprofesional (826 euros al mes en base a 12 pagas, representando el 45% del sueldo medio español).

Asimismo, es obligado incrementar el mal llamado gasto social, pues tras Grecia e Italia somos el país donde el 10% más pobre recibe una menor proporción de las transferencias sociales (5%), a gran distancia , por ejemplo, de Finlandia en donde supera el 20%. Y es del todo insuficiente el 0,5% del PIB que en España se dedica a las familias, en comparación con la media de los países de la OCDE que de media dedican el 1,2%

La realidad es tozuda, según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE cuatro de cada diez trabajadores en España ganaron menos de 1.297,20 euros al mes en 2015 y el 12,62% ganó hasta 648,60 euros (el salario mínimo interprofesional en 2015 para los trabajadores a tiempo completo). El perfil sociológico de los trabajadores con salarios más bajos es el de personas jóvenes, mujeres, extranjeras, con trabajos a tiempo parcial, con contratos temporales,  empleados de la hostelería y, en general, con baja cualificación.

Otro sector social particularmente involucrado por estas adversas circunstancias son los niños, a resultas de las circunstancias laborales-económicas en las que se desenvuelven sus progenitores, problemática en la que nos vamos a centrar a continuación. Son las familias numerosas, las monoparentales (concretamente las monomarentales) y los adolescentes los que más de cerca están viviendo los efectos de la pobreza y la exclusión social.

España, dentro de contexto europeo, es donde se observa un aumento más significativo de niños que viven en hogares donde nadie trabaja (800.000 menores), si bien tener un trabajo no garantiza situarse fuera de los márgenes de la pobreza, puesto que la tasa de hogares pobres con hijos en los que algún miembro trabaja es de las más altas de Europa. Si a lo anterior se añade que la mitad de estos niños viven en hogares que destinan más del 40% de sus recursos a los gastos del hogar, los ingresos mensuales familiares por hijo quedan reducidos a 130 euros (2015), a diferencia de los 233 euros en 2008. A lo anterior añadir que durante la crisis se han incrementado en un 70% las familias pobres que se han visto obligadas a recortar en gastos energéticos.

La cuestión de la pobreza infantil es especialmente grave, pues  según UNICEF  en 2014 cerca del 40% de los menores  vivía por debajo del umbral de la pobreza, nueve puntos porcentuales más que en 2008, en un  país que no olvidemos ha recortado en más de 11.500 euros en protección social a la infancia entre 2009- 2015 y que no ha promovido ni un sistema educativo, ni políticas públicas de infancia, ni un sistema fiscal que haya reducido la desigualdad y la pobreza (sirva de ejemplo que mientras la población más pobre dedica el 28,2% de sus ingresos al pago de impuestos, solo el 10% más rico paga más de este dato porcentual).

Según Save de Children los menores de edad con menos recursos han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos (un 32% y un 6% respectivamente). Y entre 2008 y 2015, el número de niños y niñas en situación de pobreza severa aumentó en 424.000. Una de las derivaciones de esta realidad es que el 43% de los niños de familias pobres abandona prematuramente sus estudios. Y lo que estimo de extrema relevancia es que está aquejando a su salud, puesto que tienen peores condiciones y hábitos de vida (la obesidad infantil entre los niños en situación de pobreza asciende al 33% y al 22% entre los más ricos) y, en ocasiones, tienen acceso limitado a ciertos servicios sanitarios, que no son cubiertos en su totalidad por el Estado y las Comunidades Autónomas.

Muchas son las medidas que desde diversas entidades se están planteando para mejorar esta triste realidad, entre otras mejorar la prestación actual por hijo a cargo para que los niños que viven por debajo del umbral de la pobreza y que pase de los 25 euros mensuales actuales a 100 euros, fomentar políticas y planes públicos de fomento del alquiler que tengan como prioridad proteger por ley a las familias con niños frente a los desahucios; potenciar políticas de prevención y promoción de la salud infantil, que satisfagan necesidades actualmente no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud como prótesis, audífonos y gafas, apoyar apoyos a los pequeños que viven en hogares en donde todos sus miembros están en paro articulando, por ejemplo, algún tipo de prestación económica por maternidad, etc…

Y mientras finalizo este texto continuamos con el espectáculo que nunca creyéramos acaecer en un país que salió de las tinieblas y llenó su cielo de haces de luminosidad, a pesar de los días oscuros y tormentosos que siempre apremian. Y el mundo gira y gira…