En el presente siglo se han adoptado una gran cantidad de medidas positivas para prevenir y combatir los incendios forestales, y muy particularmente desde la legislatura iniciada en 2004, bajo gobierno del PSOE, cuando: se aprueba la Ley 10/2006, de 28 de abril, de Montes (en la que se modifica la Ley 43/2003, para incorporar la política de lucha contra el fuego y, entre otros aspectos, la obligación de que después de un incendio el terreno afectado permanezca 30 años sin cambio de uso forestal); se realiza la creación de una Fiscalía Especial contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala; se crea la Unidad Militar de Emergencia; y se incrementan muy sensiblemente la coordinación interadministrativa y los medios y los presupuestos para la prevención y lucha contra los incendios, a la vez que se establece la consideración de los agentes forestales como agentes de la autoridad, con objeto de reforzar su función preventiva, y, por último, se refuerzan los presupuestos asociados a los espacios protegidos, al desarrollo rural y a la biodiversidad.