Recientemente, he tenido el privilegio de asistir a una conferencia de Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico, secretaría general que está integrada en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se dieron allí una serie de datos interesantes, algunos de los cuales me gustaría compartir aquí.

Es este, en mi opinión, uno de esos problemas importantes que no han sido atendidos adecuadamente a lo largo de muchos años —como el que he comentado recientemente de la emancipación de los jóvenes—y que, ahora que ha tomado tintes ciertamente dramáticos, parece querer abordarse con suficientes atención, inteligencia y recursos.

Los siguientes datos sitúan rápidamente el problema:

  • La densidad media de España es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, pero tenemos 4.000 municipios —la mitad de todos ellos— con menos de 12 hab./km²
  • 5.000 de nuestros municipios tienen menos de 1.000 habitantes
  • El 80% de los habitantes viven en el 20% del territorio —lo que da una densidad de 372 hab./km²— y el 20% restante ocupa el resto —con una densidad media de 23,2 hab./km²—
  • Hay 20 provincias en proceso continuo de despoblamiento

Esto clasifica a los españoles, según el señor Boya, en dos categorías distintas: los de primera, que tienen acceso a todos los servicios públicos educativos, sanitarios y de infraestructuras y también a oportunidades laborales y culturales suficientes y, los de segunda, que carecen de la mayoría de estos servicios y oportunidades o los tienen que ir a buscar a muchos kilómetros de distancia.

Y, sin embargo, hay una fuerte dependencia mutua entre las ciudades y el medio rural. Del campo vienen la mayoría de los alimentos frescos —la carne, la leche, los huevos, las frutas, las hortalizas— y la materia prima para los procesados —los cereales, las aceitunas de las que sale el aceite, las uvas de las que sale el vino, la cebada y el lúpulo para la cerveza, etc.—. Del campo viene nuestro suministro de agua potable y gran parte de la energía que consumimos: allí están las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y la mayoría del resto de las centrales, que no suelen ubicarse cerca de las ciudades. El campo también suministra madera, pasta de papel y biomasa y sus bosques son un sumidero para el CO2 que tan profusamente producimos los vehículos y las calefacciones urbanas.

El medio rural, por su parte, necesita de los productos manufacturados que provienen de los entornos industriales de las ciudades. De allí recibe los vehículos necesarios para las labores agrícolas y ganaderas y una multitud de artículos de consumo para sus viviendas —electrodomésticos, ropa, calzado, etc.—. También, algunos productos culturales bajo la forma de programas de televisión y de radio, libros, revistas y diarios.

Cuando se habla de combatir el despoblamiento del medio rural, no se está hablando, pues, de un sentimiento altruista o de generosidad hacia los infortunados habitantes de esos lugares, sino de algo que, además de justo para ellos, es también necesario para nosotros: las ciudades necesitamos que al campo le vaya bien y que no se despueble; necesitamos que los bosques no ardan; que los ganaderos puedan vivir de producir su carne y su leche; y que los agricultores obtengan suficiente rendimiento de sus productos. Si el campo se despuebla, a las ciudades —y a todo el país— nos irá muy mal.

El señor Boya fue bastante optimista al afirmar que todavía estamos a tiempo de revertir el proceso de despoblamiento pero, para ello —indicó—, es necesario un plan integral, voluntad política y abundantes recursos. El Plan de su secretaría —que viene aplicándose desde 2021 y que puede descargarse aquí— incluye 130 medidas, estructuradas en 10 apartados, e inversiones por varios miles de millones —4.400 contra la despoblación en los presupuestos de 2023 y varios miles más provenientes de otros ministerios en las áreas de digitalización, agricultura, pesca, sanidad, educación, ciencia e infraestructuras— Parte de la financiación del Plan procede de los fondos Next Generation aportados por la UE.

Por ejemplo, el apartado de transición energética y ecológica (22 medidas) establece incentivos para promover instalaciones de autoconsumo y de almacenamiento de energía, la economía circular, la movilidad sostenible —eléctrica o basada en hidrógeno verde—, la mejora de la gestión forestal, la conservación de la biodiversidad y otras similares.

El apartado de digitalización (7 medidas) se fija como objetivo que todo el territorio tenga acceso a internet a velocidades de entre 30 y 100 Megabits por segundo, llevando la fibra óptica allí donde sea posible y complementándolo con conexiones vía satélite, donde no lo sea. También incluye la digitalización de los servicios públicos y una acción de formación profesional en tecnologías digitales.

Hay ocho apartados más que incluyen medidas para el fomento y la fijación de empresas en el medio rural, para el reforzamiento de los servicios públicos, para la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes rurales, para el fomento de la cultura, la conservación del patrimonio, la formación profesional y la promoción del turismo, entre otras muchas.

Pero, quizás lo más significativo de lo que dijo el Secretario General fue que el hilo conductor del Plan debía ser la innovación: innovación para digitalizar y hacer más eficientes los medios agrarios de producción; innovación para crear y fijar empresas; innovación para utilizar el patrimonio y los incentivos locales para atraer el turismo; innovación, en suma, para generar oportunidades para los jóvenes, para que no abandonen el territorio y, también, para atraer población foránea.

En ese sentido, mencionó las escuelas de pastores, patrocinadas en muchos casos por las comunidades autónomas, y a la vez por su secretaría, donde se enseña a jóvenes urbanos desempleados a emplear las tecnologías ganaderas más avanzadas con el fin de que puedan dedicarse a ello y contribuyan así a fijar nueva población en el medio rural. También mencionó el teletrabajo como una oportunidad más de empleo que puede realizarse en dicho medio.

En definitiva, se necesita que la ciudad tome conciencia de su dependencia del campo y que las leyes se hagan pensando también en la población que vive allí. Muchas veces se ha reclamado atención para los sanitarios o para los científicos —otros dos colectivos tradicionalmente maltratados por las leyes—, pero muy pocas veces se ha hecho lo mismo para los habitantes del medio rural. Quizás vaya siendo hora de que entendamos que todos dependemos los unos de los otros y que todos los colectivos tienen derecho a una calidad de vida digna y a suficientes oportunidades.