En 1943, Churchill advirtió en la Universidad de Harvard que la división podía hacer fracasar incluso a las naciones más poderosas. Era el día 6 de septiembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Faltaban todavía nueve meses para el desembarco de Normandía y el desenlace de la guerra no estaba decidido. Y allí dijo: “Si estamos juntos, nada es imposible; si estamos divididos, todo fallará”.

Ochenta años después, la idea sigue vigente, aunque las circunstancias son distintas en un escenario marcado por ciberataques, desinformación, inestabilidad, sabotajes y presión sobre fronteras e infraestructuras. La cohesión de un país forma parte, hoy más que nunca, de su seguridad, precisamente porque uno de los objetivos principales de las amenazas híbridas es crear, potenciar y explotar las divisiones internas.

Y España no está al margen de ellas. Los españoles tenemos que ser conscientes de que las amenazas híbridas no necesitan de una declaración de guerra, porque combinan instrumentos políticos, económicos, tecnológicos, informativos, clandestinos e incluso militares para explotar las vulnerabilidades de un Estado y tratar de condicionar sus decisiones.

El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025 señala que, por sexto año consecutivo, los expertos perciben un entorno de seguridad más complejo para España. Entre los principales riesgos indican, en primer lugar, la vulnerabilidad del ciberespacio y las campañas de desinformación.

También aumentan las amenazas contra las infraestructuras críticas, el espionaje, las injerencias exteriores, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares y la tensión estratégica internacional. Muchos de estos riesgos están vinculados al desarrollo de estrategias híbridas.

En el ámbito digital, el Centro Criptológico Nacional gestionó más de 211.000 incidentes durante 2025, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, más de 122.000. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está facilitando campañas de phishing más convincentes, la manipulación informativa y la creación de deepfakes cada vez más difíciles de detectar.

Europa también lo está viviendo. Sabotajes contra redes ferroviarias, incendios y daños en centros logísticos y subestaciones eléctricas, incursiones de drones sobre aeropuertos, puertos e instalaciones sensibles, ataques contra sistemas energéticos y comportamientos anómalos alrededor de infraestructuras marítimas y submarinas estratégicas.

Pero junto a lo anterior existe una amenaza menos visible y potencialmente más destructiva: la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización de la sociedad. Un actor exterior puede crear nuevas divisiones, pero también detectar las ya existentes, alimentarlas y amplificarlas.

Lo ocurrido en Ceuta muestra la dimensión del problema. La entrada irregular y masiva de personas los días 30 y 31 de julio generó, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno, una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida. Al mismo tiempo, afectó al funcionamiento ordinario de numerosos servicios públicos.

Ante esta situación, el Gobierno declaró por primera vez la situación de interés para la Seguridad Nacional prevista en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, y designó una Autoridad Funcional para coordinar la actuación de las distintas administraciones.

El Real Decreto establece que la respuesta debe basarse en la unidad de acción, la coordinación y la cooperación entre las administraciones, así como en la lealtad institucional. Además, debe garantizar la protección de la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas y una atención especial a quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

Ahí está la clave. España tiene la obligación de proteger eficazmente sus fronteras. Ceuta es España y su frontera es también frontera exterior de la Unión Europea.

Esa protección, por tanto, debe ejercerse garantizando los derechos humanos, pero dejando claro a la sociedad española y al mundo que así no se entra en España y el que lo hace, con todas las garantías legales y humanitarias, sale del país. Todo ello bajo el principio de que seguridad y derechos son compatibles.

El Estado está actuando. El Gobierno ha aprobado un plan de choque de 309 millones de euros, destinado a reforzar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida humanitaria y el apoyo económico a Ceuta.

Hay y habrá más recursos. ¿Que hay que aumentar la velocidad para utilizarlos? Seguro, porque una de las lecciones que deja una crisis de esta naturaleza es que no puede gestionarse únicamente reaccionando. Hay que anticiparlas y estar preparados.

Y para hacerlo, es básica la unidad. España necesita unidad y lealtad institucional cuando están en juego cuestiones fundamentales de Seguridad Nacional. Y frente a tanto ruido hay que recordar que la unidad no significa unanimidad. No significa eliminar el debate político ni pedir una adhesión incondicional al Gobierno.

La democracia necesita oposición, fiscalización y rendición de cuentas. Pero existe una diferencia entre control democrático y utilización partidista de una crisis, entre discrepancia política y bloqueo institucional, entre exigir explicaciones y deteriorar permanentemente la confianza en las instituciones del Estado.

En un Estado descentralizado como el nuestro es indispensable una lealtad institucional, donde cada institución debe cumplir su responsabilidad y cooperar con las demás cuando el interés general lo exige.

El Informe Anual de Seguridad Nacional del año 2025 insiste en la necesidad de construir una sociedad más preparada y capaz de afrontar las amenazas, basada en la corresponsabilidad de todos frente a los riesgos. La Seguridad Nacional no debe entenderse como una cuestión partidista ni vinculada al Gobierno de turno, sino como una responsabilidad de Estado que afecta al conjunto de la sociedad y, por tanto, a todos los españoles.

En 1943, Churchill decía que “Si estamos juntos, nada es imposible; si estamos divididos, todo fallará”. Hoy nuestras amenazas son distintas, más difusas y muchas veces mucho más difíciles de identificar. Pero la frase sigue vigente.

Necesitamos fronteras seguras y derechos garantizados. Necesitamos instituciones eficaces y ciudadanos informados. Necesitamos crítica democrática y rendición de cuentas. Pero también necesitamos unidad, lealtad institucional y sentido de Estado.

Frente a las amenazas híbridas, la división es un problema político y una vulnerabilidad de seguridad. España y los españoles no nos lo podemos permitir.