El Partido Popular (PP) reivindica las reformas laborales y de pensiones de 2012 y 2013 y plantea nuevas medidas sobre el absentismo y las bajas por enfermedad, «mochila austríaca», representación de los trabajadores, jornada laboral, Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y «prioridad nacional». Aquellas reformas provocaron una devaluación salarial y recortaron la protección social, con el argumento de mejorar la competitividad y reducir el déficit. Las políticas aplicadas durante los años de gobierno del PP y las reformas posteriores pactadas permiten comparar ambos modelos. El debate es entre la desregulación del empleo y las condiciones de trabajo o el empleo con derechos y la mejora de la protección social.

Respecto al absentismo, el presidente del PP lo ha calificado de «cáncer que no podemos pagar» y ha propuesto que los trabajadores de baja cobren menos, actuando «con o sin acuerdo sindical». El absentismo no se resuelve penalizando al trabajador enfermo. Pues la baja la concede un facultativo de la sanidad pública cuando una enfermedad impide trabajar. El fraude debe perseguirse, pero no puede confundirse con una baja médica ni trasladar al trabajador el coste de la enfermedad. El problema principal está en la falta de medios del sistema sanitario. La reforma laboral de 2012 amplió el despido objetivo a las bajas por enfermedad.

Otra propuesta es la llamada «mochila austríaca», basada en cuentas individuales portables financiadas con una parte de las cotizaciones sociales. Su implantación supondría avanzar hacia la privatización del sistema público de protección social y reducir los ingresos de la Seguridad Social.

Se quiere elevar de 50 a 250 trabajadores el umbral para constituir un comité de empresa. La propuesta eliminaría los comités en empresas de menos de 250 trabajadores y afectaría a cerca de 3 millones de personas. Se perdería representación y participación en prevención, igualdad y condiciones de trabajo, además de reducirse el crédito horario. El artículo 129.2 de la Constitución establece que los poderes públicos promoverán la participación de los trabajadores en la empresa. El Gobierno de PSOE y Sumar se ha comprometido a desarrollar este mandato mediante una ley de participación. La propuesta del PP supone lo contrario: menos representación y participación.

El PP se opone a reducir por ley la jornada máxima a 37,5 horas semanales y en junio de 2025 presentó una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley del Gobierno de PSOE y Sumar. Reducir la jornada permitiría repartir las mejoras de productividad derivadas del progreso tecnológico. También se han opuesto a las subidas del SMI, que ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026, en línea con la Carta Social Europea.

Con la justificación de impulsar la activación laboral, se pretende endurecer el acceso al Ingreso Mínimo Vital y a otras prestaciones sociales, aunque la activación laboral ya está prevista en la normativa vigente. Las restricciones dificultarían el acceso y el mantenimiento de estas prestaciones a las personas en situación de vulnerabilidad.

La llamada «prioridad nacional» forma parte de los acuerdos de gobierno de PP y Vox y pretende dar preferencia a los nacionales en el acceso a la vivienda, determinadas prestaciones y servicios públicos. Esto supone discriminar a las personas migrantes. La alternativa debe ser la igualdad de derechos y oportunidades.

La respuesta a la crisis financiera, basada en la austeridad, las reformas impuestas y los recortes, fue muy distinta de la adoptada ante la pandemia, con acuerdos sociales para mantener el empleo y proteger a las personas. Entre 2008 y 2013, según la Contabilidad Nacional, el PIB cayó casi un 9% y, según la EPA, la tasa de paro alcanzó el 26,94% en el primer trimestre de 2013. En 2020, el PIB cayó un 10,8% y el paro llegó al 16,1%; el año terminó con 527.900 desempleados más y 622.600 empleos menos. Los ERTE protegieron a 3,6 millones de trabajadores, según la Seguridad Social, y evitaron una mayor destrucción de empleo. La recuperación se apoyó después en los fondos europeos Next Generation.

La reforma laboral de 2012 se promulgó en plena crisis financiera, después de la aprobada en 2010 por el Gobierno socialista, rechazada por CCOO y UGT, que convocaron la huelga general del 29 de septiembre. La reforma del Gobierno del PP supuso un retroceso de los derechos laborales, rompió el equilibrio en la negociación colectiva y amplió el poder empresarial. Facilitó el despido y las inaplicaciones de convenios, dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial, permitiendo reducir salarios, limitó la ultraactividad y eliminó la autorización de los despidos colectivos. Redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año y de 42 a 24 mensualidades.

A ello se sumó el Real Decreto-ley 20/2012, que redujo para los nuevos perceptores la prestación contributiva por desempleo del 60% al 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes y recortó salarios, derechos y condiciones de trabajo en el empleo público.

A comienzos de 2012 se firmó el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, basado en la flexibilidad negociada, la moderación salarial y el mantenimiento del empleo. Lo suscribieron CEOE, CEPYME, CCOO y UGT y se publicó en el BOE el 6 de febrero. Cuatro días después, el Gobierno del PP impuso su reforma al margen de este acuerdo y del diálogo social. CCOO y UGT, junto a la mayoría de los sindicatos, respondieron con las huelgas generales del 29 de marzo y del 14 de noviembre de 2012, esta última dentro de la jornada europea de acción convocada por la Confederación Europea de Sindicatos.

En 2013, el Gobierno del PP decretó una nueva reforma de pensiones sin diálogo social. El envejecimiento ya había sido abordado en la reforma de 2011, aprobada por el Gobierno socialista con el acuerdo del Pacto de Toledo y del diálogo social. La reforma de 2013 introdujo el Índice de Revalorización, desvinculó las pensiones del IPC y fijó un incremento mínimo del 0,25%, provocando pérdidas de poder adquisitivo al aumentar la inflación. Creó además un Factor de Sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que nunca se aplicó y habría reducido la cuantía inicial de las pensiones. El amplio rechazo sindical y social se impulsó a través de la Cumbre Social.

Entre 2012 y 2017, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social pasó de 66.815 a 8.095 millones de euros. En 2017, el Estado concedió además un préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social. Según los datos de la Seguridad Social, el vaciado del Fondo de Reserva no resolvió las dificultades de financiación del sistema.

A partir de 2018, con el cambio de Gobierno, empezaron a recogerse los frutos de las movilizaciones contra las reformas autoritarias. Se recuperó el diálogo social y se aprobaron medidas como el trabajo a distancia, el registro de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, la Ley Rider, la Ley de Empleo y la mejora de la protección asistencial de desempleo, junto a avances en igualdad. En 2020 se derogó el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores y se recuperó la protección frente al despido por bajas médicas.

La reforma laboral de 2021, pactada por el Gobierno de PSOE y Sumar con los sindicatos y las organizaciones empresariales, derogó los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 en materia de contratación y negociación colectiva, impulsó la contratación indefinida, limitó la temporalidad, mejoró la subcontratación, reforzó los convenios sectoriales y recuperó la ultraactividad. Según la EPA, la temporalidad pasó del 25,5% en el segundo trimestre de 2021 al 15,1% en el segundo trimestre de 2026. En este último trimestre se registraron cifras históricas: 22.779.000 ocupados y 2.495.300 parados, con una tasa de paro del 9,87%.

Las reformas de pensiones de 2021 y 2023, basadas en el Pacto de Toledo y acordadas en el diálogo social, derogaron la reforma de 2013. Recuperaron la revalorización con el IPC, mejoraron las pensiones mínimas y redujeron la brecha de género. El Factor de Sostenibilidad fue sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), basado en una cotización adicional. La reforma de 2023 reforzó los ingresos con el aumento de las bases máximas y una cotización de solidaridad sobre los salarios que las superan. A partir de 2021, el Estado asumió los gastos impropios de la Seguridad Social. En marzo de 2026, el Fondo de Reserva alcanzaba 15.267 millones.

Estas políticas del Gobierno de PSOE y Sumar han demostrado que es posible crecer, crear empleo estable, mejorar los salarios y reforzar la protección social mediante el diálogo social. La competitividad no puede justificar la desregulación laboral: la flexibilidad debe negociarse y garantizar un reparto justo de los beneficios. El futuro del trabajo exige afrontar la digitalización, la inteligencia artificial y las transiciones ecológica y energética. El reto demográfico y la falta de mano de obra hacen necesaria la incorporación laboral de personas inmigrantes. Ante estos cambios, la alternativa es clara: empleo con derechos, igualdad, participación de los trabajadores y reforzar el Estado del bienestar.