Olas de calor récord, incendios, inundaciones y daños multimillonarios han convertido el cambio climático en algo muy cercano. En este contexto, mientras el Gobierno propone un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y la oposición se niega de nuevo a ayudar a España y a los españoles con excusas peregrinas, una amplia mayoría de españoles reclama precisamente un acuerdo entre las fuerzas políticas. Y esa demanda, por si algunos no se han enterado todavía, cruza las barreras ideológicas.

Durante mucho tiempo se ha hablado del cambio climático en el futuro. De lo que podría ocurrir. De cómo sería España dentro de veinte o treinta años. De cuánto subirían las temperaturas, de la posibilidad de sufrir sequías más prolongadas o de la necesidad de adaptar nuestras ciudades. Ese futuro es ahora.

Este verano ha sido el más caluroso registrado en España desde que hay datos de la AEMET en 1961. La temperatura media alcanzó los 24,5 grados, 2,4 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020. Pero quizá lo más destacado es que hubo 61 días de ola de calor. Aproximadamente dos de cada tres días del verano. El récord anterior, de 2022, estaba en 41.

Son noches con dificultad para dormir. Son personas mayores y trabajadores expuestos durante horas a temperaturas extremas. Son ciudades acumulando calor, sistemas sanitarios sometidos a mayor presión y hogares que necesitan consumir más energía para poder mantener unas condiciones habitables si tu bolsillo te lo permite.

Junto al calor, los incendios. A 28 de julio de este año, se habían quemado en España ya 173.651 hectáreas, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, que fue un año récord. Se habían producido 35 grandes incendios forestales, frente a siete en el mismo periodo del año anterior. 

Y junto al calor y los incendios, las inundaciones, el agua. El estudio científico realizado por la Universidad de Valladolid y la AEMET sobre la trágica y devastadora DANA de Valencia de octubre de 2024, publicado en la revista académica internacional Nature Communications, concluyó que el cambio climático antropogénico incrementó alrededor de un 21 por ciento la intensidad de la precipitación acumulada en seis horas, amplió un 55 por ciento la superficie sometida a precipitaciones extremas y aumentó cerca de un 19 por ciento el volumen total de lluvia descargado sobre la cuenca del Júcar. 

Además de unas trágicas muertes que nunca debieron de haberse producido, las consecuencias económicas son enormes. Solo el Consorcio de Compensación de Seguros en noviembre de 2025 había superado los 4.000 millones de euros en indemnizaciones por esa DANA. La reconstrucción de infraestructuras municipales movilizó más de 1.700 millones de euros.

Muerte, calor, incendios, inundaciones, viviendas dañadas, carreteras y servicios públicos afectados, pérdidas económicas, explotaciones agrícolas destruidas y personas que ven cambiar su vida de un día para otro. El cambio climático es ahora y hay que combatirlo.

Ante esta realidad, el Gobierno de España propuso en septiembre de 2025 una Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática para reforzar la prevención, adaptación, respuesta y recuperación ante fenómenos climáticos extremos y establecer mecanismos de cooperación.

Tras un proceso de participación en el que intervinieron alrededor de 1.300 actores y donde se recibieron cerca de 4.000 aportaciones, el documento presentado en diciembre quedó estructurado en 15 ejes y 80 medidas concretas. Entre ellas aparecen cuestiones tan visibles como la gestión forestal, la prevención de inundaciones, la adaptación de las infraestructuras, la protección frente a las olas de calor, los recursos de los servicios de emergencia o la financiación necesaria para afrontar las consecuencias de los fenómenos extremos.

Pero el acuerdo político no se ha producido. Por una parte, por la negativa del PP y de las Comunidades Autónomas donde gobierna, que no quieren acuerdo, pero cuando hay un problema ceden sus competencias para que se ocupe el gobierno de España, como ha ocurrido recientemente con los incendios en la Comunidad de Madrid. Y por otra, por la negativa de Vox, que gobierna con el PP en varias Comunidades Autónomas, y tiene en el negacionismo climático una de sus banderas programáticas y electorales. 

Y frente a esta negación de un pacto de Estado climático por parte de la extrema derecha y la derecha extrema, los españoles tienen más claro la necesidad de este. El Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el 79 por ciento de los ciudadanos creen que España necesita en este momento un gran Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a las emergencias del cambio climático.

Solo un 7,5 por ciento afirma que no es necesario y un 9,5 por ciento responde que dependerá de cómo evolucione la situación. La misma encuesta muestra hasta qué punto el problema se percibe ya como cercano. El 98,2 por ciento dice estar mucho o bastante preocupado por los incendios forestales, el 80,8 por ciento por el cambio climático y, aunque solo un 10 por ciento afirma haber sufrido personalmente o en su familia los incendios recientes, un 74,3 por ciento cree que él o alguien de su familia podría verse afectado en el futuro.

¿Hay diferencias significativas por sexo, nivel educativo, clase, ideología o voto? Lo primero que merece ser destacado es que, aunque el apoyo al pacto de Estado es muy elevado en la izquierda (91 % en la posición 1), también es importante en la derecha donde en la posición 10, un 62,7 por ciento lo cree necesario.

Por voto, el 69,1 por ciento de quienes recuerdan haber votado al PP en las elecciones generales considera necesario un gran pacto de Estado frente a las emergencias del cambio climático. ¿Alguien se lo ha contado a Feijoo? Y en Vox el porcentaje favorable al pacto es del 47,9 por ciento, un 17,9 por ciento condiciona su posición a la evolución de la situación, y solo un 26,1 por ciento responde que el pacto no es necesario. Es decir, casi uno de cada dos votantes de Vox respalda expresamente un pacto climático de Estado.

Por otra parte, el apoyo alcanza el 87,7 por ciento entre quienes se identifican como clase trabajadora, obrera o proletariado. Es del 85,2 por ciento entre jubilados y pensionistas y del 82 por ciento entre las personas desempleadas. Entre las mujeres llega al 82,6 por ciento, frente al 75,2 por ciento entre los hombres.

También crece con la edad. Entre los jóvenes de 18 a 24 años el apoyo llega al 69,7 por ciento, aunque llama la atención que un 22,8 por ciento responda que depende. Entre los mayores de 75 años, en cambio, el respaldo alcanza el 85,8 por ciento.

Los datos describen de manera clara que los españoles demandan cooperación y pacto.

Un incendio no pregunta qué partido gobierna una comunidad autónoma. Una DANA no se detiene al llegar al límite de una provincial. Una ola de calor no distingue entre un ayuntamiento de izquierdas y otro de derechas. Y las infraestructuras que España tendrá que adaptar durante los próximos años, desde redes hidráulicas y carreteras hasta ciudades, montes, sistemas sanitarios o servicios de protección civil, tampoco pueden planificarse pensando únicamente en los cuatro años de una legislatura.

La ciencia confirma que en España determinados fenómenos extremos pueden intensificarse. Ocho de cada diez ciudadanos consideran necesario alcanzar un acuerdo. Siete de cada diez votantes del PP también. Casi la mitad de los de Vox. Más del 60 por ciento de quienes se sitúan en el extremo derecho de la escala de auto ubicación ideológica. Los trabajadores, jubilados, parados, profesionales, jóvenes y mayores también.

España tendrá que adaptarse a las consecuencias del cambio climático gobierne quien gobierne. Por tanto, es urgente transformar un consenso social tan amplio sobre la necesidad de cooperar en un acuerdo concreto que pueda durar en el tiempo gobierne quien gobierne.