Comunidades autónomas con una financiación deficitaria son, esencialmente, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, por debajo de la media de financiación per cápita (los datos: Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado). Los gobiernos de las tres, sin embargo, están aplicando bajadas de impuestos, que afectan de forma prioritaria a las rentas más altas: esto se traduce en un reclamo electoral, en línea con lo que proponen otros gobiernos de perfil conservador y ultraliberal. Las pérdidas tributarias se traducen en 647 millones de euros y 280 millones, respectivamente, en los dos primeros ejemplos; Murcia no ha comunicado datos detallados, a pesar de que se conoce que su estrategia fiscal es similar a la de las dos comunidades citadas. Madrid se suma a estas comunidades. Estos números provienen de la AIReF, que ha constatado, a su vez, que Cataluña ha aumentado su recaudación en unos 122 millones de euros. Estamos hablando de rebajas fiscales que se han anunciado y aprobado. Pero esas mismas regiones reclaman más financiación del gobierno central; aunque cuando se presenta una propuesta (que engloba 21.000 millones de euros), que incrementa esos registros, se niegan no solo a aceptarla, sino tan siquiera a discutirla. Teniendo en cuenta, además, que cualquier negociación que pueda hacerse –como siempre ha sucedido– se realiza de forma bilateral: gobierno central-gobierno autonómico. El Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba, en su caso, por aprobar un proyecto que ha sido consensuado previamente con todas las comunidades autónomas en negociaciones bilaterales. Conviene recordar esto, para evitar tergiversaciones interesadas.
Pero vayamos a las rebajas tributarias. Sus efectos se desagregan en varios aspectos. En primer lugar, esas medidas reducen los ingresos públicos. En segundo término, si esa pérdida de recaudación es permanente, disminuye la financiación disponible para sostener esos servicios públicos esenciales. En tercer lugar, si, simultáneamente, aumentan los gastos estructurales –en particular, en sanidad, personal, educación y servicios sociales–, se contrae el margen presupuestario. El resultado final puede ser una mayor dificultad para cumplir la regla de gasto.
En definitiva, las comunidades que reducen su capacidad recaudatoria mediante rebajas fiscales permanentes pueden estar comprometiendo su capacidad futura para financiar los servicios públicos y cumplir las reglas fiscales europeas. Esto es especialmente relevante por tres factores determinantes. Primero: las rebajas del IRPF en los tramos superiores reducen la progresividad tributaria. Segundo: las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio y sucesiones cercenan la aportación de los patrimonios más elevados. Y tercero: la pérdida de ingresos estructurales puede obligar a reducir gasto, aumentar deuda o buscar financiación adicional. En tal sentido, la AIReF advierte del riesgo de deterioro del saldo fiscal a medio plazo en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Igualmente, ha dado un toque de atención a Baleares. Recortar impuestos, pedir más recursos: incongruencia económica.
