Es legítimo que quien lea este artículo piense que su autor ha enloquecido y que es imposible que en las próximas elecciones la izquierda progresista alcance 176 escaños. Cuando en la historia de España un partido se puso una gran meta, como la CEDDA en febrero de 1936 (“A por los 300”), falló. En segundo lugar, se puede pensar que hay que estar loco por pensar que se puede alcanzar ese resultado cuando muchos barómetros que publican los medios de comunicación calculan que el Partido Popular y Vox alcanzarían juntos el 50% de los sufragios. Pero lo que no dicen esos medios de comunicación (no pueden hacerlo) es que se trata de pseudo-encuestas, telefónicas o por email, sin el rigor necesario. Hay otro motivo adicional para creer que hay que estar loco para pensar que la izquierda progresista alcance una mayoría suficiente y es la ola de extrema derecha que está anegando todas las elecciones del continente americano, donde los explotados votan alegremente a sus explotadores y ese fenómeno puede aparecer en España como ya ha aparecido en Alemania y. dicen, quizá aparezca en Francia. 

Sin embargo, la izquierda (o al menos el PSOE) ha de ponerse objetivos ambiciosos que le permitan seguir gobernando. El triunfo electoral de la izquierda no debe ser imposible cuando Abascal y Díaz Ayuso, con una brutalidad sorprendente, han pedido que no se vote por correo porque con ese tipo de voto hay fraude (se supone que a favor de la izquierda). No hay la menor prueba ni queja de ese fraude, pero la extrema derecha, como Trump, ya lanza sospechas. Tampoco revelan mucha seguridad las declaraciones de Aznar: “Si la coalición actual forma Gobierno otra vez, la Monarquía se terminaría” (El País, 6 de octubre de 2026). Por muy ultra que sea Aznar, ha sido Presidente del Gobierno y se le debe exigir que no lance opiniones catastrofistas que no responden a ninguna realidad. Las maneras de Trump, sus mentiras, sus amenazas calan en sus seguidores. 

Pero para entender el esfuerzo que ha de realizar la izquierda hemos de entender qué ha pasado, cómo el Presidente Sánchez ha llegado a la convicción de la necesidad de disolver las Cortes. ¿Por qué Junts se ha prestado a votar contra la convalidación de un Decreto-Ley que parecía más o menos acordado con el Gobierno y que no será tan extremista que hasta lo votó el PNV? El domingo 27 de septiembre el director de La Vanguardia, Jordi Juan, pedía al Presidente del Gobierno que tomara medidas para el problema de la vivienda. El título del artículo era muy expresivo (“Sánchez ya ni puede fallar”) y al comienzo de la semana, cuando se fueron conociendo los textos, el periódico no los criticó. Pero el jueves 2 de octubre (y no antes) el periódico barcelonés ya afirmaba: “El sector de la vivienda alerta de que los decretos vulneran la legalidad” y no se sabe cómo unas normas con rango y fuerza de ley pueden vulnerar la legalidad. Y, por último, el 3 de octubre, en el mismo periódico, su editorial justificaba el voto en contra de Junts (“Crisis de la vivienda y elecciones anticipadas”). En la forma con que La Vanguardia trató el asunto se ve lo que pudo ocurrir.

Junts parecía dispuesto a votar la convalidación del primer Decreto-Ley y por eso antes de que empezara la reunión del Consejo de Ministros recibió el texto. Pero la patronal catalana de la vivienda, mitad porque lesionaba sus intereses, mitad por hacer un favor al Partido Popular, ordenó a Junts votar en contra y el partido de Puigdemont, obediente, se plegó a las órdenes de los empresarios. Se evidenció que Junts está a las órdenes del Foment y que tiene más influencia Sánchez Llibre que el de Bruselas. A ello hay que añadir otra circunstancia que pesa en el independentismo radical, que prefiere un Gobierno nacional del Partido Popular y de Vox que dificulte el autogobierno catalán para insuflar vida a un secesionismo que va muriendo poco a poco.

Al final ha sido la burguesía catalana la que ha forzado la celebración de elecciones al Gobierno del Presidente Sánchez. Si en política se aplicaran las reglas éticas de la conducta llamaría la atención que el Presidente que impulsó los indultos y la amnistía haya sido obligado a disolver las Cortes por la burguesía catalana. Pero, a poco que nos fijemos, no ha de extrañar. Siempre ha sido una burguesía cortoplacista sin visión estratégica a pesar de cómo la exaltó Vicens Vives. Y ha preferido evitar el pequeño recorte de beneficios inmediatos que comporta la aplicación del Decreto-ley, antes que la paz social. Es una burguesía que se cree culta y cosmopolita, pero es provinciana y rácana. Y, sobre todo, sin visión estratégica porque como clase le interesa que la izquierda gobierne el Estado porque la derecha la va a subordinar a la burguesía madrileña.

En cualquier caso, las elecciones ya están convocadas y ahora es necesario fijar las posiciones de cada uno. Por eso, la campaña de la izquierda debe ser rotunda para consolidar el derecho de la vivienda, los restantes componentes del Estado del Bienestar y la reforma de la Justicia para que deje de ser un poder sin control democrático y deje de utilizarse como un instrumento de lucha política contra la izquierda.