Autor: Domènec Ruiz Devesa

La Unión Europea dispone de un presupuesto de apenas el 1% del Producto Interior Bruto europeo para financiar las políticas comunes, lo que es el resultado de un sistema fundamentalmente basado sobre contribuciones nacionales, por lo que los Estados miembros tratan de minimizar su aportación y maximizar el retorno, por no hablar de ajustes especiales como el cheque británico (no es el único) por lo que países considerados “contribuyentes netos” reciben una devolución.

El 16 de noviembre de 2016, la Comisión Europea reclamaba, en un gesto inédito, que los Estados miembros de la Eurozona realizaran una expansión fiscal por valor de 50.000 millones de euros, para relanzar la actividad económica y la creación de empleo.

El libre comercio es uno de los temas más controvertidos para la izquierda internacional, dado que al menos las fuerzas post-comunistas, los verdes y algunos sindicatos se oponen con rotundidad a los acuerdos comerciales (salvo que la contraparte sea, por ejemplo, China).

El día 16 de noviembre de 2016 a las 9.45 horas, Joseph Stiglitz, premio nobel de Economía y crítico de la globalización de corte neoliberal y de las políticas de ajuste fiscal a ultranza, compareció ante la reunión plenaria del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, para presentar sus propuestas con respecto a la lucha contra los paraísos fiscales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y el futuro de la zona euro. El autor de estas líneas tuvo la oportunidad de estar presente en esta conferencia, a la que siguió un animado debate en el que participaron un buen número de diputados.

La Unión Europea, todavía hoy identificada por algunos sectores de manera unívoca con las políticas de ajuste fiscal a ultranza, viene implementando una importante agenda en favor del desarrollo sostenible, a través de la Estrategia 2020 y de su principal instrumento, el Horizonte 2020, donde la investigación desempeña un papel central.

Como es sabido, la errática política fiscal de la derecha española, ya analizada en otras columnas, ha conducido a que el Consejo de la Unión Europea declarara el 16 de julio de 2016 que nuestro país no había tomado las medidas necesarias para corregir el déficit público excesivo, lo que abría la puerta a la imposición de una sanción[2] y a la suspensión de una parte o de la totalidad de los fondos estructurales y de cohesión.

En su discurso del 14 de septiembre de 2016 ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, el presidente de la Comisión propuso entre otras cosas doblar la cuantía del Plan de Inversiones para Europa hasta alcanzar los 630.000 millones de euros para el 2022.

El 27 de julio de 2016 la Comisión Europea anunció que propondría al Consejo de la Unión Europea cancelar las multas a España y Portugal en el marco del procedimiento de déficit excesivo y equivalentes al 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto

El Tratado de Maastricht sacralizó como principal objetivo de la política económica europea el mantenimiento del déficit público por debajo del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), con relativa independencia del ciclo económico, lo que ha sido revisado con posterioridad.