La Unión Europea dispone de un presupuesto de apenas el 1% del Producto Interior Bruto europeo para financiar las políticas comunes, lo que es el resultado de un sistema fundamentalmente basado sobre contribuciones nacionales, por lo que los Estados miembros tratan de minimizar su aportación y maximizar el retorno, por no hablar de ajustes especiales como el cheque británico (no es el único) por lo que países considerados “contribuyentes netos” reciben una devolución.

De ahí que desde hace tiempo los europeístas y los federalistas europeos vienen reclamando que se amplíen los llamados “recursos propios” de la Unión, hoy limitados a los derechos de aduanas (menguantes por la liberalización comercial), un porcentaje del IVA recaudado a nivel nacional, y otros ingresos como las multas por infracción de la libre competencia, entre otros. Es decir, se trata de recursos financieros a los que la Unión tiene derecho con independencia de la voluntad los Estados, pero por desgracia las contribuciones “complementarias” representan ya el 80% del presupuesto comunitario.

De ahí que la Comisión disponga de menos peso político para actuar verdaderamente como un gobierno federal, además de producirse situaciones como la del último presupuesto multianual, en cuya negociación Alemania y el Reino Unido se aliaron para congelar por primera vez en la historia el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020.

La solución, por lo tanto, pasa por aumentar los recursos propios, lo que por otro lado requiere la decisión unánime de los Estados miembros, pero que de aprobarse otorgaría estabilidad a largo plazo y reduciría el dramatismo de las negociaciones presupuestarias en el Consejo Europeo.

La misión del Grupo de Alto Nivel presidido por el ex comisario Mario Monti tenía precisamente por finalidad preparar un informe con algunas propuestas para su consideración por el Consejo Europeo y el resto de instituciones[1].

En síntesis, el documento propone establecer impuestos europeos en dos ámbitos, el mercado interior y el medio ambiente. En el primer capítulo, se recuerda que la asimetría fiscal supone una distorsión del mercado además de una oportunidad para el fraude y la elusión, por lo que se propone un impuesto de sociedades y un IVA europeos, además del impuesto a las transacciones financieras, lo que por otro lado tiene todo el sentido, ya que son las empresas las principales beneficiarias de la libre circulación de bienes, servicios y capitales.

En cuanto al medio ambiente, el Grupo de Alto Nivel recomienda gravar las emisiones de C02, los combustibles fósiles, el establecimiento de un arancel a los productos importados producidos con un alto grado de contaminación, o recabar un porcentaje del sistema europeo de comercio de emisiones.

También se hace eco el trabajo de Monti, en las páginas 14, 55 y 56, de la posibilidad de captar los beneficios del Banco Central Europeo, lo que se ha propuesto en esta misma columna allá por la primavera de 2015[2] y por el eurodiputado socialista español Jonás Fernández[3].

Se trata en definitiva de un muy buen catálogo de opciones para dotar a la Unión de un sistema fiscal que asegure la suficiencia presupuestaria y la autonomía política de la Comisión, en cuanto poder ejecutivo de carácter federal. Cabe ahora presionar a los Estados miembros, siempre renuentes a fortalecer a las instituciones comunes, para que aprueben poner en marcha alguna de estas propuestas, lo que no será nada fácil.

[1]Véasehttp://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf

[2]Véasehttps://fundacionsistema.com/los-beneficios-del-banco-central-europeo/

[3]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005290+0+DOC+XML+V0//ES