El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta, situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales, o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?

Ocurre, que la confianza en la justicia cae, porque parte de ella en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.

En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.

Ante esta situación, surge la pregunta de si la confianza en la justicia es igual o no en todos los sectores de la sociedad. Y la respuesta es que no. De los datos de las distintas encuestas sobre Tendencias Sociales, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

  • Se ha producido un deterioro de la confianza en la justicia entre las mujeres. Si en el periodo 2021-2023 existía una tendencia al alza en la confianza en la justicia, en el año 2024 se ha invertido de manera importante la confianza, pasando de una media de 5,02 entre las mujeres en el año 2023 al 4,55 en 2024. Además, hay que destacar que entre 2023 y 2024, la valoración de 1(mínima confianza) pasó del 11,9 por ciento al 20,1 por ciento. Surge la pregunta: ¿Obedece este descenso a que las mujeres pueden estar percibiendo desprotección judicial especialmente es casos de violencia de género con determinadas sentencias que se han ido produciendo? Considero que sí. En cuanto a los hombres, la confianza en la justicia se mantiene más o menos estable, con una ligera mejoría.

  • Los jóvenes entre 18 y 24 años son los que presentan mayor confianza en la justicia, con un máximo de 5,68 de media en el año 2023 y un mínimo de 5,19 en el año 2024. Sin embargo, los jóvenes adultos (25–34 años) muestran una caída más drástica. De una media de confianza de 5,29 en el año 2023 a 4,27 en 2024. Además, hay que destacar que entre 2023 y 2024, la valoración de 1(mínima confianza) pasó del 7,6 por ciento al 20,7 por ciento en este grupo de edad.
  • Las personas sin estudios y con estudios de primaria tienen menor confianza en la justicia. Entre quienes no tienen estudios, la media cayó del 4,91 en 2021 al 3,24 en 2022. Aunque luego hubo una recuperación parcial, en 2024 apenas alcanza un 4,22. La media entre los que tienen estudios de primaria pasó de 4,77 en 2021 al 4,3 en 2024. Lo que viene a reafirmar que la justicia no es percibida como igual para todos. La mayor confianza se da entre quienes tienen estudios superiores, que en este periodo han pasado de una media de 4,96 en el año 2021 al 5,17 en 2024.
  • Las clases más desfavorecidas (clase baja pobre, la clase media baja y la clase trabajadora) son las que confían menos en la justicia. En el periodo 2021-2023 hubo una tendencia al alza en la confianza hacia la justicia que se ha interrumpido en el año 2024. Estos datos, nos llevan a la pregunta de si la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental que asiste a todas las personas dentro de nuestro ordenamiento, en la práctica se puede hacer realidad por parte de todos los ciudadanos.

  • Quienes se sitúan en la derecha ideológica muestran sistemáticamente una mayor confianza en la justicia. Aunque hay que destacar el importante incremento de la desconfianza en la justicia entre los que se auto ubican ideológicamente entre el 9 y el 10, es decir, la extrema derecha. En el año 2023, un 19,4 por ciento de las personas que se situaban en el 9 valoraban la confianza en la justicia con la mínima confianza, es decir, un uno, y en 2024 este porcentaje ha llegado hasta el 30,7 por ciento. Entre los que se sitúan en el diez de auto ubicación ideológica, los que valoran la confianza en la justicia con un uno, mínima confianza, han pasado del 24,5 por ciento en 2023 al 35,3 por ciento en 2024. ¿Esto significa que está calando en estos sectores el discurso antisistema que la extrema derecha está lanzando contra todas las instituciones democráticas? Puede ser.

  • Los votantes de Vox son, con diferencia, los más desconfiados con la justicia, pasando de una media de confianza de 4,65 en el año 2021 a 3,78 en el año 2024. Le siguen los de Unidas Podemos/Sumar, aunque con una tendencia ascendente ya que han pasado de una media de 3,94 en 2021 a 4,78 en 2024. ¿Significa esto que se están perdiendo anclajes comunes en las instituciones y solo aceptamos la toma de decisiones cuando son realizadas por los afines ideológicos? De ser así, existe un problema de ruptura del sistema democrático que ya se está observando en otros países.

Con estos datos encima de la mesa, hay que reafirmar que la confianza en la justicia es una necesidad estructural del sistema democrático. Y cuando la justicia es percibida como parcial, como un actor político más en lugar de como un árbitro neutral, se acelera la erosión del sistema político y de la convivencia. Algo que suele anticipar retrocesos autoritarios.

La ley, y quien tiene que aplicarla, no puede perder su función simbólica como garante común de los derechos de todos los ciudadanos.