El Consejo de Ministros del pasado 12 de enero aprobó una declaración institucional con motivo del 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, y declara el año 2025 como Año Internacional del Pueblo Gitano en España, con objeto de reconocer y celebrar la huella profunda cultural, social y lingüística que el pueblo gitano ha dejado, así como la reflexión sobre los retos históricos y actuales que persisten.

Esta Declaración Institucional reconoce la legislación discriminatoria, las expulsiones, la estigmatización, en definitiva, la violencia y exterminio sufridos por el pueblo gitano a lo largo de esos seis siglos y también los avances producidos a partir de la Constitución Española de 1978 que, como exigió el diputado constituyente, Juan de Dios Ramírez Heredia, terminó con la discriminación legal del pueblo gitano en España.

Entre los logros conseguidos, destaca la creación, durante la Presidencia de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano que integrado por las entidades gitanas representativas se constituye en el interlocutor para la elaboración y puesta en marcha de las políticas públicas en España dirigidas a la población gitana. Y más recientemente, en 2024, la creación de la Comisión de Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano, puesta en funcionamiento en el seno del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con el objetivo de elaborar un informe sobre las medidas necesarias para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo referido a la situación histórica del pueblo gitano en España.

El pasado 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, se celebró un acto histórico en el Congreso de los Diputados en el que con presencia del Jefe del Estado, la presidenta del Congreso, los diferentes Grupos Parlamentarios, el gobierno y las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano se llevó a cabo un acto institucional muy importante de justicia y reparación.

En España, a falta de un análisis riguroso y actualizado, se estima la existencia de cerca de un millón de ciudadanos y ciudadanas gitanas. Conviene destacar la composición por edad de la población gitana, especialmente joven, que supera con mucho la composición de la población no gitana. Ello representa en sí mismo una gran esperanza de futuro.

No cabe duda de que la persecución histórica del pueblo gitano revela dos importantes cuestiones, por una parte, la gran resiliencia de un pueblo que ha llegado hasta aquí a pesar de esa persecución, y por otra, la persistencia de una fuerte discriminación y antigitanismo que impiden la igualdad real, aun habiendo conseguido la igualdad formal, y que nos convoca a la necesidad de seguir superando barreras y ese lastre histórico que condiciona la situación y el bienestar del pueblo gitano.

Las graves brechas entre el pueblo gitano y no gitano se sitúan tanto en la educación, la salud, como en el acceso a la vivienda y al empleo.

En este último aspecto, del que nos ocupamos específicamente en esta sección, las diferencias tanto en la tasa de actividad, como en la tasa de ocupación y de paro, ponen de manifiesto la necesidad de intensificar y promover políticas de empleo y formación específicas que vengan a contrarrestar esta situación, con el objetivo de erradicar la discriminación laboral del pueblo gitano, y de manera muy esencial a la incorporación de las mujeres gitanas en pie de igualdad.

En numerosas ocasiones planteamos la necesidad de alcanzar el pleno empleo en España, así como de combatir el paro de larga duración, no cabe duda que abordar con políticas eficaces la formación para el empleo y la incorporación laboral del pueblo gitano, además de la reparación real de una injusticia histórica, supondrá un avance también en ese objetivo de alcanzar el pleno empleo en España.

La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo ya recoge, en su artículo 50, al pueblo gitano como colectivo prioritario de las políticas activas de empleo, algunas experiencias ya implantadas como los programas TÁNDEM de formación en alternancia, entre otros, puestos en marcha por el SEPE, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos muestran el camino a seguir como buena práctica para la formación, la inclusión y la incorporación laboral.

La Constitución Española, y la propia Ley de Empleo arriba mencionada nos proporcionan el marco de actuación que debe llevarnos a impulsar y materializar un ambicioso Plan de Empleo, el Plan de mejora de la empleabilidad del pueblo gitano (2025-2028), alineado con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, en el que ya se está trabajando desde el Grupo de Empleo del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el SEPE y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en consonancia con los objetivos del Marco Estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos 2020-2030 y de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano en España (2021-2030)

Un Plan que debe incluir la actualización de los estudios sobre la situación laboral de la población gitana, los recursos para la mediación y dinamización a través de la participación en la gestión del plan de las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, con la necesaria implicación de los interlocutores sociales y de las Comunidades Autónomas, y compuesto por medidas eficaces para la orientación profesional, el acompañamiento personalizado, la formación y la promoción de empleo, incluyendo la igualdad de género en todas ellas, así como presupuestos suficientes y un sistema de evaluación que nos garantice el conocimiento y valoración del impacto real de las medidas que se incluyan en el Plan.

No debe demorarse la suscripción y puesta en marcha de un Plan necesario, que nos hará pasar de las palabras a los hechos, del reconocimiento de la discriminación de un pueblo y la reivindicación de sus derechos, al establecimiento de las vías para superar la injusticia y hacer efectivos estos derechos, alcanzando la plena igualdad laboral.