Categoría: Economía

Los resultados electorales del 26-J resultan desmoralizadores para llevar a cabo una política económica diferente y sobre todo para sentar unas bases sólidas que permitan ir combatiendo la elevada corrupción, con lo que esto está suponiendo de coste económico, deterioro de la democracia y pérdida de valores morales. El 26-J deja un Congreso, desde el punto de vista del cambio, peor de lo que era el que había salido de las urnas el 20-D.

El resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea celebrado el jueves 23 de junio de 2016, en el que ha prevalecido por estrecho margen la opción de salir del club comunitario, ha producido a corto plazo unos efectos económicos nocivos en todo el continente, incluyendo la propia Gran Bretaña.

He visto recientemente el documental realizado por Pere Portabella Informe General II. El primero lo rodó en 1976. Han pasado cuarenta años y los cambios habidos en nuestro país y en el mundo han sido considerables.

En estas elecciones generales, confieso que en la circunscripción de Madrid voy a votar la lista del Partido Socialista encabezada por Pedro Sánchez al Congreso, confiando en que haya una mayoría de diputados de esta fuerza política en el próximo Parlamento.

Los días que preceden a la campaña electoral, que sirve de calentamiento, son un indicador del sufrimiento que nos espera a los ciudadanos. Los diferentes muestreos ponen de manifiesto que hay un cierto hartazgo de gran parte de la población de la política.

El Partido Popular, incapaz de asumir su responsabilidad política por haberse financiado ilegalmente durante décadas, por no hablar de las evidencias que apuntan además a aprovechamiento de los fondos por parte de destacados miembros de la cúpula dirigente, se presenta a las elecciones con una única propuesta: bajar los impuestos.

El acuerdo que el eurogrupo ha tomado con relación a la deuda griega proporciona un alivio a corto plazo a este país, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía.

La propuesta del primer ministro francés, Manuel Valls, sobre la reforma laboral ha supuesto una división interna muy significativa dentro del Partido Socialista hasta el punto que la ha tenido que aprobar por decreto, ante la imposibilidad de hacerlo en el parlamento por la rebeldía de miembros del propio partido.

El miércoles 4 de mayo de 2016, el Banco Central Europeo (BCE) anunció su decisión de dejar de imprimir billetes de 500 euros a partir de finales de 2018, al llegar a la conclusión de que esta denominación se usa de manera intensiva por redes criminales para mover grandes cantidades de dinero sin ser detectadas. En España, por ejemplo, se concentró durante la burbuja inmobiliaria el 26 por ciento de todos los billetes de 500 euros de la Eurozona.

El nuevo parlamento salido de las urnas el 20 de diciembre ha fracasado rotundamente, por no haber sido capaces los diferentes partidos de llegar a un acuerdo para formar Gobierno.