El debate político libre, abierto y plural constituye una de las condiciones básicas para el funcionamiento de una democracia de calidad.

El encuentro y el entendimiento, además, resultan imprescindibles en un escenario de representación política fraccionada como la actual en España, sin mayorías claras y estables. 

Para hacer política, es decir, para organizar el espacio público compartido conforme al interés general, hay que hablar, argumentar, entenderse y acordar en lo posible. 

Y el debate político puede ser más o menos crudo. El uso y abuso de los adjetivos, la hipérbole incluso, forman parte del juego democrático, y es la ciudadanía la que ha de juzgar y responsabilizar a cada cual en su ponderación y en su exageración.

Interpretar los hechos y los datos de la realidad con cierto sesgo, y argumentar de manera tendenciosa, son herramientas habituales en la comunicación política que, sin embargo, es preciso contener dentro de los límites de la ética elemental. 

Todo esto entra dentro de lo que podemos considerar opinable, cuestionable, pero lícito. 

Lo que no es lícito es mentir. Últimamente se miente mucho en el debate político. Y normalizar la mentira en el debate político deteriora gravemente la calidad de la democracia, la convivencia incluso. 

Durante la última semana se ha acusado abierta y literalmente al Gobierno de haber indultado a los presos independentistas. Se ha asegurado que el Gobierno negocia la amnistía de estos presos a cambio del apoyo a los presupuestos. Se ha denunciado que la ausencia del Rey en un acto judicial en Barcelona responde a una falaz claudicación ante las exigencias soberanistas. 

También se ha dicho y se ha escrito que el Gobierno acerca presos de ETA como contraprestación por supuestos favores políticos de Bildu. 

Y todo esto no es una interpretación tendenciosa de los hechos, ni una argumentación sesgada, ni una exageración. Es mentira. La mentira como arma política. 

También mienten algunos independentistas. El presidente Torra, sin ir más lejos, miente cuando denuncia que está siendo juzgado “por poner una pancarta”. Falso. Está siendo juzgado por juego sucio en una campaña electoral, por valerse de su condición institucional para obtener ventaja espuria frente a sus adversarios políticos. Y por no atender los requerimientos del Estado de Derecho cuando le exigían una rectificación. 

Se miente cuando se trata de instrumentalizar a la monarquía contra el Gobierno progresista. Se miente con dolo, porque el comportamiento del Gobierno es absolutamente irreprochable en la defensa del papel institucional representativo del Rey. Y se miente con peligro para la propia monarquía, porque nada hace más daño al prestigio del monarca que el intento de apropiación de su figura por una parte del espectro político. 

Mienten quienes insisten en que la propuesta del Gobierno para liberar 14.000 millones de euros en remanentes municipales consiste en un “robo”, una “incautación” o una “expropiación” a los Ayuntamientos. Porque la propuesta del Ministerio de Hacienda era la única jurídicamente viable y, además, era de aplicación voluntaria. 

Y engañan dolosamente quienes acusan al CIS, una y otra vez, de manipular datos. Lo hacen sin pruebas, porque no existen. Y lo hacen con la intención manifiesta de deteriorar la credibilidad de una institución pública, autónoma, que actúa con criterios puramente científicos, y para dar cobertura a sus propios encuestadores privados, estos sí sumisos al interés del pagador. 

La libertad de expresión es parte fundamental del elenco de derechos fundamentales en una democracia. Y hay que defenderla siempre, hasta el final. 

Pero esa misma libertad de expresión nos faculta para señalar y denunciar el uso deleznable de la mentira como arma política.