La apertura del nuevo curso político no ha defraudado en absoluto a nadie. Al margen de la alta preocupación y de la incertidumbre que están generando las altas cifras y porcentajes relacionados con los rebrotes de la COVID-19, el análisis de la situación política, económica y social está ocupando un lugar muy relevante en los medios de comunicación, así como los fuertes debates sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía (entre otros, la seguridad en el curso escolar y universitario).

En términos políticos destaca, por su fuerte repercusión mediática, la “Operación Kitchen”, donde se ha vuelto a recordar el intolerable escándalo de la financiación ilegal del PP y, sobre todo, la actuación mafiosa de la llamada “Policía Patriótica” de Jorge Fernández Díaz (“El diablo quiere destruir España”) y Mariano Rajoy, así como el bloqueo sistemático del PP encaminado a evitar la renovación de altos cargos de los organismos del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de RTVE…

A ello hay que añadir la esperpéntica moción de censura de VOX al gobierno en el parlamento; la situación de extrema precariedad política del president de la Generalitat de Catalunya; además de la reiterada negativa de Pablo Casado a alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda facilitar la salida de la crisis y ayudar a gestionar las cuantiosas ayudas de la UE; y, finalmente, los renovados intentos de las derechas por desestabilizar al Gobierno golpeando de manera persistente a Unidas Podemos (UP).

En términos económicos, los PGE-2021 ocupan, sin lugar a dudas, un destacado protagonismo en las actuales circunstancias: fuerte recesión económica, déficit y deuda pública, alto índice de desempleo (sobre todo de los jóvenes), fuerte precariedad en el empleo, déficit de las políticas sociales (pensiones, dependencia y desempleo), escasa financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), crecientes desigualdades sociales (aumento de la pobreza)… A estos importantes asuntos hay que sumar el reciente fracaso del Gobierno en la convalidación del Real  Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos (corregido en parte); además de un asunto muy relevante, nuevo e inesperado: la apertura de negociaciones para cerrar el proceso de absorción de Bankia por Caixabank.

En relación con este último punto, la derecha política y económica han valorado muy positivamente estas conversaciones (desde la “lógica económica y empresarial”) y los mercados reaccionaron de entrada con fuertes subidas bursátiles. En cualquier caso, la apertura de negociaciones contó con la aprobación e impulso del Banco Central Europeo, la decisión favorable del área económica del actual Gobierno y, particularmente, de su presidente Pedro Sánchez.

A pesar de todo, los argumentos de un cualificado sector de la izquierda (opuesto a la absorción de Bankia) deberían ser dignos de consideración y estudio. En primer lugar defienden el establecimiento de una banca pública en nuestro país  (en base a Bankia y el ICO)- de acuerdo con las experiencias de los países más avanzados de la UE- y, en coherencia con ello, estiman que esta decisión hace prácticamente inviable la constitución a corto y medio plazo de un banco público. En segundo lugar, recuerdan la imperiosa necesidad de recuperar el dinero invertido por el Estado en Bankia (24.000 millones de euros). En tercer lugar, muestran su desaliento y preocupación por la fuerte concentración bancaria que se producirá en nuestro país (Abanca, Ibercaja, Liberbank, Sabadell y Unicaja pueden seguir ese camino), lo  que conducirá a que tres grandes bancos concentren en torno al 80% del sector financiero (Santander, BBVA y Caixabank- Bankia) y, como consecuencia, hará más difícil la influencia del Estado en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, los sindicatos hacen hincapié, lógicamente, en la fortísima destrucción de empleos (alrededor de 8.000 empleos) y en el recurrente cierre de oficinas bancarias (cuando menos 1.500), con la repercusión negativa que ello tendrá en la España del interior, en la España mesetaria y profunda y, más en concreto, en el colectivo de personas mayores.

En concreto, ATTAC, la Plataforma por una Banca Pública, Izquierda Unida, Izquierda socialista, los sindicatos e, incluso, una parte de la militancia más sindicalizada del PSOE se han mostrado en contra del proceso o han introducido fuertes reservas y correcciones al mismo. Además han denunciado la falta de participación y debate en el seno de la izquierda sobre un asunto de esta envergadura, a lo que hay que añadir las declaraciones contrarias al proceso de UP- participante en el actual Gobierno de coalición- por no haber participado ni siquiera en la toma de decisiones.

En definitiva, en este asunto, los partidarios de la banca pública se han encontrado ante un hecho consumado y, por lo tanto, forzados “al pataleo y la protesta”, ante una relación de fuerzas muy desfavorable para cambiar las cosas y ofrecer alternativas viables. Debemos constatar que no existe suficiente voluntad política en el Gobierno- ni cauces de participación que faciliten el debate partidario- para defender con decisión la banca pública. Sin duda, esta situación se agrava considerablemente por los efectos perversos de la COVID-19 y, particularmente, por la delicada situación que atraviesa el sector financiero: tipos de interés negativos, previsible aumento de la morosidad, riesgo de que el sector entre en pérdidas…

En todo caso, la base argumental de los defensores de la banca pública tiene una relación directa con la Constitución e, incluso, con las resoluciones congresuales del PSOE. Por eso, Pedro Sánchez debería tomar buena nota del malestar y enfado de una parte de su militancia y de los electores que le apoyaron en momentos sumamente comprometidos. En coherencia con ello, debería explicar con claridad las razones y argumentos que sustentan esta decisión (todavía no se conocen), además de informar sobre lo que el Gobierno pretende hacer en el nuevo banco (producto de la absorción) en los próximos años. Siendo todos conscientes de las  dificultades existentes para contestar en concreto a esta pregunta y mucho más para impulsar una banca pública en nuestro país con todos los poderes fácticos confabulados en su contra.

En relación a las políticas laborales y sociales preocupan la prórroga de los ERTES, las dificultades para aplicar el IMV, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el futuro del diálogo social y el fuerte deterioro de la educación y la sanidad. En este sentido, la derogación de la reforma laboral, el activar el Pacto de Toledo (también para mantener el poder adquisitivo de las pensiones), el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y la financiación de los servicios públicos, serán asuntos prioritarios en vísperas de la negociación colectiva para el próximo año.

Particularmente preocupa la grave situación de la asistencia sanitaria en Madrid, víctima de los recortes del PP y de la nefasta gestión del Gobierno de Díaz Ayuso (empecinada en bajar impuestos y en su persistente campaña de desprestigio de Pedro Sánchez), con el agravante de que la oposición política no ha ejercido con la  firmeza y eficacia necesaria su tarea ante semejante desbarajuste. Por eso, es urgente buscar alternativas políticas en la Comunidad de Madrid encaminadas a superar la caótica situación sanitaria, política, económica y social, lo que, en buena medida, pasa por la decisión que pueda tomar Ciudadanos, ante la hipotética presentación de una moción de censura, la convocatoria de unas elecciones anticipadas e, incluso, si no hay otro remedio, la intervención del Gobierno  presidido por Pedro Sánchez.

Por estas razones, la compleja y convulsa situación política enumerada necesita un potente liderazgo. En primer lugar, el Gobierno de la Nación (PSOE-UP) debe asumir el protagonismo que le corresponde con todas las consecuencias. En segundo lugar lo deben hacer también los interlocutores sociales, en tercer lugar, las fuerzas progresistas de carácter sectorial (Mareas) y, finalmente, la ciudadanía en general en torno a las movilizaciones sociales y a la comunicación virtual. Efectivamente, a pesar de que el esfuerzo debe ser compartido y solidario, el Gobierno es el máximo responsable de marcar las pautas a seguir en este nuevo curso político. No debemos olvidar que el combate a la COVID-19, la distribución, coordinación y gestión de las ayudas de la UE y, desde luego, el generar ilusión para una salida progresista de la crisis es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno. Por eso, no debe extrañar que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, se reclame al Gobierno un Plan Estratégico que fije, cuando menos, sus prioridades políticas en esta legislatura y sirva de referencia para el trabajo a desarrollar a corto y medio plazo.

En este sentido, los PGE-2021 (de marcado carácter progresista) deben ser un asunto prioritario y determinante en los próximos meses. Por eso, el primer paso debe consistir en presentar con urgencia  los presupuestos pactados entre los socios del Gobierno (resulta incomprensible su demora) y después explorar la posibilidad de recuperar los apoyos de investidura, sin concesiones a los partidos independentistas que pongan en riesgo la Constitución, lo que obliga a dejar la puerta abierta a que se incorporen otros partidos políticos (Ciudadanos) e, incluso, que se puedan alcanzar acuerdos parciales con el PP en las circunstancias actuales.

En cualquier caso, el Gobierno, para ser eficaz, debe contar con la participación y apoyo de las CCAA, ayuntamientos, interlocutores sociales, universidades y, desde luego, también con la iniciativa privada, sobre todo en la distribución y gestión de las ayudas de la UE y en la aplicación y desarrollo de los PGE-2021. En este nuevo y convulso curso político nadie se puede quedar atrás en esta descomunal tarea a desarrollar en los próximos meses. Tampoco la oposición política en estos momentos  verdaderamente excepcionales…