La muerte de Maricarmen a los 87 años, apenas dos semanas después de haber sido desahuciada de la casa en la que ha vivido durante más de siete décadas, debería provocar algo más que indignación. Debería obligarnos a reflexionar sobre qué sociedad estamos construyendo cuando una persona mayor, con discapacidad, es desahuciada sin que las instituciones hayan sido capaces de garantizarle antes una alternativa adecuada.
Su caso no es único. En diciembre de 2025, Montse, de 63 años, murió en Collado Villalba después de haber sido desahuciada meses antes y de pasar semanas en la calle. En septiembre de 2026, Olga Matute, de 54 años, se suicidó en L’Hospitalet de Llobregat, cinco meses después de perder su vivienda.
Pero hay más. José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en Granada en octubre de 2012, el día previsto para su desahucio. Amaya Egaña, también de 53 años, se suicidó en Barakaldo en noviembre de aquel año, cuando llegaba la comitiva judicial. En febrero de 2013, un matrimonio de jubilados, de 68 y 67 años, se suicidio en Mallorca ante la perspectiva de perder su vivienda. En noviembre de 2018, una mujer de 65 años se suicidó en Madrid durante un intento de lanzamiento judicial.
Estos trágicos sucesos no pueden volver a repetirse, y hay que exigir respuestas a los poderes públicos competentes. Pero también los ciudadanos tienen que moverse. Ya no vale la indiferencia ni la equidistancia, ni siquiera la indignación. Hay que implicarse y actuar para que no te roben tus derechos y tu propia vida. Hay que implicarse y actuar porque así construiremos un presente y un futuro mejor y de esperanza para todos.
La Constitución española en su artículo 47 señala que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Este artículo no es una mera declaración de intenciones, como PP y Vox repiten constantemente para favorecer la especulación y el pelotazo. Es un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos que son los que tienen que actuar.
Junto a esto, hay que recordar hoy más que nunca que el artículo 128.1 afirma que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.”
Pues bien, ha llegado el momento de hacer efectivos estos derechos de una vez por todas. Y al mismo tiempo, ha llegado el momento de poner definitivamente coto a la especulación y a la apropiación de la riqueza de España por parte de unas élites españolas y extranjeras cada día más codiciosas.
Que sí, que existe la propiedad privada y la libertad de empresa, pero no son derechos ajenos a su función social. La vivienda es un objeto legítimo de propiedad, ahorro e inversión. Lo que no debe aceptarse es que su conversión en activo económico desplace su función central de proporcionar un lugar seguro en el que las personas puedan desarrollar su proyecto vital.
Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es hasta donde estamos dispuestos a presionar a nuestros representantes para que desarrollen las leyes y las políticas necesarias para garantizar que nadie se quede sin un hogar por no tener recursos.
Y lo primero, será votar eligiendo entre aquellos que apoyan la vivienda como derecho o la vivienda como barra libre para la especulación. Hay que elegir. Y para elegir hay que estar informados.
Estos días, las élites mediáticas y sus medios, y en las redes sociales, están intentando instalar un discurso en el que se dice que el gobierno de España no ha hecho nada por la vivienda en ocho años. Es falso, aunque saben que las principales competencias están en las Comunidades Autónomas.
Aun así, durante los últimos años el gobierno de España ha aprobado distintas medidas para proteger a las familias vulnerables y facilitar el acceso a la vivienda. En 2019 se amplió la duración mínima de los contratos de alquiler. Durante la pandemia de COVID-19 se suspendieron desahucios y se pusieron moratorias de alquiler.
Posteriormente, se limitaron las subidas de los alquileres y se aprobó la Ley de vivienda, la primera en democracia, que introdujo instrumentos para intervenir en mercados residenciales tensionados, reforzar las garantías de los inquilinos y promover un parque público de vivienda. Desgraciadamente, el PP no solo votó en contra de la ley, sino que las Comunidades Autónomas donde gobierna se han negado a aplicarla.
Estas actuaciones han supuesto avances que hay que reconocer. Sin embargo, no han conseguido resolver el problema estructural de acceso a la vivienda. ¿Por qué? porque no han sido suficientes al ser muchas de ellas rechazadas en el Congreso cuando han sido presentadas. De ahí, la importancia del voto y de las mayorías en el Congreso.
El PP, Vox y Junts han sido los partidos que más han votado en contra, junto UPN, de medias que pretendían prorrogar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables, ampliar la estabilidad de los contratos de alquiler, limitar subidas de alquileres, poner límites a determinadas operaciones especulativas, establecer beneficios fiscales. La última vez, hace unos días, tras el desahucio de Maricarmen y la acampada en Sol.
Las cartas están sobre la mesa. Si queremos evitar nuevas tragedias asociadas a los desahucios, son necesarias políticas que vayan más allá de las moratorias temporales. El gobierno de España está en ello con medidas como que ninguna persona en situación de especial vulnerabilidad sea expulsada de su vivienda habitual sin una alternativa adecuada; reforzando el parque público de vivienda destinada al alquiler asequible y compra; estableciendo ayudas para la entrada de una vivienda; con compensaciones y garantías a los pequeños propietarios; combatiendo los usos especulativos; mejorando la transparencia del mercado; y reforzando la cooperación entre las administraciones.
Por humanidad, la vivienda no puede seguir dependiendo exclusivamente de tu capacidad económica o de la de tu familia en un mercado marcado por la especulación.
La sociedad española tiene que decir alto y claro que no más muertes asociadas a desahucios. No más personas mayores, enfermas o vulnerables abandonadas a su suerte ante un desahucio.
Una vivienda es ante todo un hogar para vivir. Tú decides.
