España vuelve a las urnas. Y con una campaña electoral en marcha cuyo principal problema a debatir es la vivienda, resulta inevitable que el empleo, las pensiones, los salarios y el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo ocupen una parte importante del debate público. Primero, porque guarda una relación estrechisima con la vivienda y segundo porque el líder de la oposición, se empeña en derivarlo.

Así que, bienvenido sea ese debate. Pero debatamos sobre los problemas reales y sigamos en la línea del artículo dedicado al absentismo hace unas semanas.

Alberto Núñez Feijóo ha recuperado estos días el problema del absentismo laboral preguntándose públicamente e insistiendo: “¿Cómo es posible que la mayoría de las bajas se den los lunes y los viernes?”

La pregunta funciona como titular. El problema es que los datos no parecen sostener la premisa.

Según una explotación realizada por CCOO a partir de datos de la Seguridad Social correspondientes a 2024, el lunes concentra aproximadamente el 27,2% de los procesos iniciados de incapacidad temporal. Pero el viernes representa solamente el 13,4%. Lunes y viernes suman el 40,6% de los procesos. Ni siquiera tomados conjuntamente constituyen “la mayoría”. Y, además, el viernes registra menos bajas que martes, miércoles y jueves.

Y hay otro dato que convendría incorporar al análisis antes de extraer conclusiones: durante sábados y domingos apenas se registran procesos de incapacidad temporal. Una parte de las enfermedades que aparecen durante el fin de semana termina, lógicamente, entrando administrativamente en el sistema el lunes, cuando la persona trabajadora acude a los servicios sanitarios correspondientes.

Por eso una concentración estadística de bajas los lunes no demuestra, por sí sola, una concentración de comportamientos fraudulentos.

Las políticas públicas necesitan algo más que intuiciones. Necesitan evidencia.

Sí, España tiene un problema con la incapacidad temporal

Sería igualmente equivocado responder a estas declaraciones negando que exista un problema.

La AIReF ha constatado un crecimiento importante de los procesos de incapacidad temporal durante los últimos años y estima que el gasto público asociado alcanzó aproximadamente los 16.500 millones de euros en 2024.

Estamos hablando de recursos públicos importantes, de costes relevantes para las empresas y, sobre todo, de cientos de miles de personas trabajadoras que cada día se encuentran temporalmente incapacitadas para trabajar.

Por tanto, debemos analizar qué está sucediendo. Pero analizar un problema no significa elegir previamente al culpable.

La incapacidad temporal puede aumentar por muchas razones: incremento de determinadas patologías, problemas de salud mental, enfermedades musculoesqueléticas, condiciones de trabajo, listas de espera sanitarias, envejecimiento de la población trabajadora, retrasos diagnósticos o deficiencias de coordinación entre servicios públicos de salud, Seguridad Social y mutuas.

También puede existir fraude, naturalmente. Y cuando exista debe detectarse, perseguirse y sancionarse.

Feijóo tiene razón en una cosa: el crecimiento de la incapacidad temporal merece una respuesta política. Precisamente por eso sorprende reducir un fenómeno tan complejo a la sospecha sobre lunes y viernes. Reconocer que existe un problema no obliga a aceptar cualquier diagnóstico sobre sus causas.

Pero precisamente por respeto a las personas trabajadoras que cumplen las normas y a las empresas que financian el sistema debemos distinguir entre enfermedad, mala gestión y fraude.

Confundirlos bajo la palabra “absentismo” simplifica el discurso y no mejora la política pública. 

Una persona trabajadora enferma no es un absentista

Conviene recuperar una distinción elemental. Una persona en situación de incapacidad temporal no está simplemente “ausente”. Está protegida por una prestación de nuestro sistema de Seguridad Social porque un profesional sanitario ha determinado que temporalmente no puede desarrollar su actividad laboral.

No todo absentismo es incapacidad temporal y, sobre todo, una incapacidad temporal médicamente reconocida no equivale a una ausencia fraudulenta.

Eso no significa que el sistema sea perfecto.

Un sistema público serio debe ser capaz de proteger a la persona trabajadora enferma, combatir el fraude y corregir sus propias ineficiencias al mismo tiempo. No hay que elegir entre esas tres obligaciones.

Debemos mejorar los controles, así como revisar procesos excesivamente prolongados. También mejorar la coordinación entre administraciones y disponer de mejores sistemas de información. Y, como no, actuar contra las conductas fraudulentas cuando se acrediten. Pero hay una diferencia considerable entre mejorar el control de una prestación y construir el debate público sobre la sospecha de quienes la reciben.

La propia AIReF ha identificado problemas relevantes de gestión y coordinación institucional en la incapacidad temporal. Y la Comisión Europea ha señalado igualmente la necesidad de mejorar la prevención, reforzar la atención primaria, prestar mayor atención a la salud mental, mejorar el bienestar laboral y facilitar una reincorporación temprana y segura al trabajo.

Ese parece un punto de partida bastante más productivo. En definitiva, prevenir mejor. Diagnosticar antes. Tratar antes. Rehabilitar antes. Y reincorporar antes.

Eso también reduce el absentismo.

El problema no es hablar del absentismo; el problema es sustituir el diagnóstico por la sospecha.

Señor Feijóo: su responsabilidad era ejercer oposición. España la necesitaba.

España necesita oposición. Y necesita una oposición exigente. Fiscalizar al Gobierno no constituye un problema democrático: constituye una obligación democrática.

Después de años de crecimiento del empleo, el Gobierno debe responder también por aquello que no se ha solucionado.

Pero precisamente por eso necesitamos una oposición leal. Y conviene aclarar qué significa esa expresión.

La oposición leal no es una oposición complaciente. Tampoco una oposición destructiva. Es una oposición exigente, capaz de fiscalizar al Gobierno, denunciar sus errores y ofrecer alternativas.

Pero también reconocer los datos y los hechos cuando contradicen su argumento.

España tiene suficientes problemas laborales reales como para convertirlos en caricaturas.

El verdadero coste de convertir una anécdota estadística en el centro del debate laboral no es únicamente equivocarse sobre las bajas. Es dejar fuera de la campaña los problemas que determinarán realmente nuestro mercado de trabajo durante la próxima década.

Hablemos entonces de los problemas pendientes

Empecemos por reconocer lo conseguido.

España alcanzó en el segundo trimestre de 2026 los 22,8 millones de ocupados y la tasa de paro descendió hasta el 9,87%, según la Encuesta de Población Activa.

Son cifras muy importantes.

Pero sería un grave error convertirlas en una declaración de misión cumplida. Porque España continúa teniendo uno de los grandes problemas estructurales de desempleo de las economías desarrolladas.

Y ahí debería empezar la discusión leal y propositiva, que no se ha producido. Esperamos que pueda producirse en la siguiente legislatura. España ha comenzado a abordar algunos de estos problemas, pero estamos lejos de poder considerarlos resueltos. El primero sigue siendo nuestro desempleo estructural. Debemos reducir el paro de larga duración y prestar una atención especial a quienes pierden su empleo en edades avanzadas, porque perderlo a los 30 años no tiene las mismas consecuencias que hacerlo a los 58. También debemos mejorar las oportunidades de las personas jóvenes, atrapadas con demasiada frecuencia en una paradoja difícil de justificar: se les exige experiencia precisamente para acceder a puestos concebidos como puerta de entrada al mercado de trabajo. Las políticas existen; ahora hay que aplicarlas, evaluarlas y corregirlas cuando no produzcan los resultados esperados.

El segundo gran desafío es la calidad del empleo y su relación con la productividad. España necesita seguir creando puestos de trabajo, pero necesita también que sean progresivamente más productivos y permitan sostener mejores salarios. La OCDE ha advertido de que, pese a la recuperación reciente, los salarios reales españoles continuaban en 2026 por debajo de los niveles del primer trimestre de 2021. Y la Comisión Europea sigue señalando problemas relacionados con la productividad, las competencias profesionales y la concentración de una parte del crecimiento del empleo en actividades de productividad relativamente baja.

Por eso, quizá una de las grandes preguntas de estas elecciones debería ser otra: ¿cómo conseguimos que las personas trabajadoras españolas produzcan más por hora trabajada y que una parte de ese incremento de productividad termine reflejándose en mejores salarios? Responderla exige hablar de inversión, tecnología, tamaño empresarial, cualificación, organización del trabajo e innovación. Es bastante más complicado que hablar de los lunes y también bastante más importante.

En ese mismo terreno aparece otra de las paradojas de nuestro mercado laboral: convivimos con un desempleo todavía elevado y, al mismo tiempo, con empresas que declaran dificultades para cubrir determinadas vacantes. Resolver ese desajuste exige mejorar la conexión entre formación y empleo, anticipar las necesidades de competencias y reforzar unos servicios públicos de empleo capaces de acompañar de manera mucho más personalizada tanto a las personas desempleadas como a quienes necesitan recualificarse.

Y existe, finalmente, un tercer desafío que condicionará todos los anteriores: la transformación del trabajo. Mientras discutimos sobre quién falta al trabajo los lunes, el propio trabajo está cambiando. La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización modificarán tareas, profesiones y competencias durante los próximos años. Algunos empleos desaparecerán, otros cambiarán profundamente y aparecerán otros nuevos.

La cuestión relevante no debería ser cómo detener ese proceso, sino cómo preparar a las personas trabajadoras y a las empresas para afrontarlo. Eso exige anticipación de competencias, formación permanente, políticas activas de empleo mucho más personalizadas y servicios públicos capaces de utilizar datos para detectar qué personas necesitan recualificación antes de perder su puesto de trabajo.

Ese sí debería ser uno de los grandes pactos laborales de la próxima legislatura.

Y, sí, hablemos de las bajas laborales

Pero hagámoslo seriamente. Construyamos un sistema de información interoperable entre servicios públicos de salud, INSS y mutuas.

Identifiquemos patologías y sectores donde las bajas están aumentando.

Analicemos por qué determinados procesos duran más en unas comunidades autónomas que en otras.

Reduzcamos listas de espera que prolongan innecesariamente incapacidades temporales.

Reforcemos prevención y salud laboral.

Mejoremos los procedimientos de reincorporación progresiva cuando resulte médica y laboralmente apropiado.

Evaluemos el recién creado Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal.

Y reforcemos los instrumentos de inspección cuando existan indicios objetivos de fraude.

La política eficaz frente a la incapacidad temporal debe actuar sobre sus causas, su duración y sus posibles abusos; no únicamente sobre el tercer elemento.

Todo ello debería discutirse. Y probablemente sobre muchas de esas medidas podrían alcanzarse acuerdos entre Gobierno, oposición, comunidades autónomas, empresas y sindicatos.

Eso sería política laboral.

Menos sospechas. Más reformas.

Las elecciones del próximo 29 de noviembre ofrecen una oportunidad para discutir qué mercado laboral queremos durante la próxima década.

El Gobierno continuará explicando lo mucho que ha hecho y, especialmente, qué no ha conseguido solucionar.

La oposición debería señalar esas carencias y explicar con mucha mayor precisión cuál es su alternativa.

Y la ciudadanía tiene el derecho a exigir a ambos el rigor que merece.

Porque España ha avanzado considerablemente en creación de empleo. Ahora comienza probablemente la etapa más difícil. Reducir estructuralmente el desempleo. Recuperar a las personas paradas de larga duración. Mejorar las oportunidades de mayores de 55 años y jóvenes. Elevar productividad y salarios. Corregir los desajustes de competencias. Prepararnos para la transformación tecnológica. Mejorar las políticas activas de empleo.

Y conseguir que quien enferma pueda recibir diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con rapidez suficiente para regresar al trabajo cuanto antes y en buenas condiciones.

Todo eso debería formar parte de una verdadera política nacional de empleo.

Por eso, señor Feijóo, discutamos sobre absentismo. Discutamos sobre controles. Discutamos sobre fraude.

Pero hagámoslo con datos.

Porque el principal problema del empleo en España no son los lunes.

El problema es todo lo que todavía tenemos pendiente de hacer de martes a viernes.