En el punto 11 de su Contrato con España, el Partido Popular presenta la subida del salario medio como su objetivo económico más ambicioso. Alberto Núñez Feijóo vincula esa aspiración a la recuperación del protagonismo de la clase media, al aumento de la productividad y a la idea de que trabajar debe compensar económicamente. Poco después, en La Reconstrucción Nacional, el programa con el que el mismo partido concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre, el objetivo salarial desaparece como compromiso explícito. Quedan propuestas sobre productividad, fiscalidad, emprendimiento y empleo. Queda por explicar cómo se traducirán en mejores salarios.

La contradicción está en el paso de la promesa al programa de gobierno. El primer documento ya dejaba abierta la cuestión de los instrumentos. El segundo era la ocasión para concretarlos, fijar plazos e indicadores y explicar cómo se evaluarían los resultados. Es una omisión especialmente llamativa en un programa que reivindica los objetivos verificables y la rendición de cuentas. Si mejorar el salario medio era la mayor ambición económica del PP, ¿qué podría exigirle la ciudadanía al final de una legislatura para saber si la cumplió?

Qué dicen los datos sobre los salarios

En el programa electoral, el PP afirma que «el salario mínimo se ha convertido en el salario más común». La frase requiere una fuente y una metodología. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, en 2024 el salario medio bruto anual fue de 29.540,26 euros, un 5,3 % más que el año anterior. La mediana, que divide a la población asalariada en dos mitades, se situó en 24.497,17 euros. El salario modal, el que se registró con mayor frecuencia, fue de 16.520,18 euros y correspondió al 3,8 % de las personas asalariadas. El 29,5 % se situó entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

Los tres indicadores responden a preguntas distintas. Las remuneraciones más altas elevan la media. La mediana permite situar a quien está en el centro de la distribución y la moda identifica su valor más frecuente, aunque este solo corresponda a una pequeña parte de la población. El salario mínimo interprofesional (SMI) es un umbral legal. En 2026 asciende a 1.221 euros mensuales en catorce pagas, equivalentes a 17.094 euros al año para una jornada completa. Para comprobar la afirmación del PP habría que comparar datos del mismo ejercicio con un tratamiento homogéneo de las jornadas y los periodos trabajados. La concentración de salarios en los tramos bajos evidencia un problema de suficiencia retributiva. Atribuirlo a la subida del SMI exigiría demostrar esa relación causal.

Tampoco se sostiene la imagen de un estancamiento generalizado. En la EPA, el salario bruto mensual medio del empleo principal pasó de 1.982,30 euros en 2019 a 2.385,60 en 2024, un 20,3 % más en términos nominales. Solo en 2024 creció un 5 % y el mediano aumentó un 3,4 %, hasta los 2.001,40 euros. Más recientemente, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral situó el coste salarial medio en 2.512,68 euros mensuales por persona trabajadora en el segundo trimestre de 2026, un 4 % más que un año antes. Se trata de otra operación estadística, cuyo dato aporta una señal más reciente de la evolución retributiva.

El alcance de esas mejoras depende de la inflación, del sector y de los cambios en la composición del empleo. En 2024, la ganancia media anual de las mujeres ascendió a 26.904,90 euros, el 83,9 % de la de los hombres, que alcanzó los 32.057,55 euros. En esa diferencia agregada influyen las jornadas, las ocupaciones, los sectores y las trayectorias laborales. También importa dónde se trabaja. La hostelería registró una ganancia media de 17.653,42 euros, frente a los 57.931,81 euros del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Cualquier objetivo sobre el salario medio debe responder también por la evolución de las remuneraciones de quienes parten de posiciones más desfavorables. Esta distinción importa para evaluar cualquier política salarial. 

La media puede aumentar si se crean más empleos en sectores bien remunerados, aunque muchas personas sigan cobrando lo mismo en su puesto. También puede subir en euros corrientes y dejar escaso margen adicional a un hogar cuyo alquiler y otros gastos básicos se encarecen. Si el propósito del PP es mejorar las condiciones de vida de la clase media, la evolución del salario mediano y del poder adquisitivo ofrece una prueba más directa de hasta dónde llega la mejora.

Del salario mínimo a las ganancias de productividad

El Gobierno puede fijar el SMI conforme al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El salario medio resulta de millones de relaciones laborales en las que influyen los convenios, la cualificación, las decisiones empresariales, la estructura productiva y el reparto del valor añadido. El Ejecutivo puede incidir en ese resultado mediante la formación profesional, la innovación, el apoyo a actividades de mayor valor añadido, la negociación colectiva y la contratación pública dentro de los límites legales. También interviene directamente sobre el suelo salarial y en las retribuciones del empleo público. La promesa de elevar la media requiere identificar cómo se combinarán esas herramientas y qué resultados se esperan.

El apartado 4.5 del programa del PP propone cerrar la brecha de productividad con Europa mediante la revisión de las regulaciones que dificulten el crecimiento empresarial y un test que mida el impacto de las nuevas normas económicas. Mejorar la productividad es necesario para sostener subidas salariales a largo plazo. La cuestión es cómo se reparten las ganancias. Una empresa que produce más valor por hora trabajada dispone de mayor margen para mejorar las remuneraciones. Que ese margen llegue a las nóminas depende, entre otros factores, de la negociación colectiva, del poder negociador de la plantilla y de la estructura empresarial.

El Informe mundial sobre salarios 2024-2025 de la Organización Internacional del Trabajo examina la evolución de los salarios reales y de las desigualdades salariales y concede un papel central a las instituciones laborales y las políticas distributivas. El programa del PP concreta medidas para actuar sobre la regulación, pero deja abierta la cuestión de qué papel tendrían los convenios y cómo evolucionaría la participación de los salarios en la renta. Ahí es donde su apuesta por la productividad debería encontrarse con el compromiso del Contrato con España.

El SMI y el salario medio pueden crecer a ritmos distintos. Al elevar el mínimo se actúa directamente en la parte baja de la distribución. La repercusión sobre el conjunto depende de cuántas personas se beneficien, de las revisiones de convenio, de los efectos sobre otras categorías y de cómo evolucione el empleo. Si el suelo sube más deprisa, pueden estrecharse las diferencias entre categorías en algunos sectores. Conviene entonces revisar las escalas retributivas mediante la negociación colectiva y examinar cómo extender las mejoras a otros grupos. Que el mínimo avance más deprisa que la media es compatible con una mejora efectiva para quienes perciben las remuneraciones más bajas.

Fiscalidad, salarios y protección frente al desempleo

En su medida 177, el programa propone reducir el IRPF de las rentas medias y bajas y actualizar automáticamente el umbral para que quienes perciban el SMI queden exentos de tributar por este impuesto. También plantea deflactar la tarifa y actualizar otros parámetros fiscales para contener el efecto de la inflación sobre la carga tributaria. Una rebaja puede aumentar la renta disponible y su alcance depende de la cuota efectiva, las deducciones y las circunstancias de cada contribuyente. El salario bruto pactado con la empresa permanece igual. La fiscalidad modifica la renta de la que se dispone después de impuestos y transferencias. La remuneración del trabajo se decide en la distribución inicial del valor generado.

Confiar a la rebaja fiscal la mejora de los ingresos laborales desplaza hacia la recaudación pública una responsabilidad que corresponde también a las empresas. El programa debería explicar, además, cómo compatibilizaría sus reducciones tributarias con la financiación de la educación, la formación profesional, la investigación, las infraestructuras y los servicios públicos. Todos ellos contribuyen a mejorar la capacidad productiva en la que el propio PP confía para elevar el nivel de vida.

El Contrato con España afirma también que, en una economía fuerte, el subsidio y el empleo deben dejar de competir. Trabajar debe mejorar las condiciones de vida, pero para valorar ese incentivo conviene distinguir la prestación contributiva, que protege frente a la pérdida involuntaria del empleo en virtud de las cotizaciones previas, de los subsidios asistenciales, que atienden situaciones de necesidad. Diseñar adecuadamente el paso de la prestación al empleo exige evitar caídas bruscas de ingresos que dificulten aceptar una oferta. Reducir la protección puede agravar la inseguridad económica y dejar intactas las causas de la pobreza laboral.

Cuando aceptar un empleo apenas mejora los ingresos, hay que examinar cuánto se cobra, cuántas horas se ofrecen y qué gastos implica incorporarse al trabajo. El transporte, la vivienda y los cuidados pueden absorber una parte decisiva de la diferencia. El empleo debe proporcionar autonomía económica y la protección por desempleo debe sostener a las personas cuando lo pierden. Mejorar la transición entre ambos exige cuidar las dos funciones.

Una promesa que se pueda exigir

España necesita un tejido empresarial más productivo, más actividades de alto valor añadido y mejores oportunidades de empleo. Persisten el desempleo estructural, las dificultades de inserción juvenil, las carencias de cualificación en algunas actividades y los desajustes entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas. Una política salarial debe abordar esas condiciones junto con las reglas que determinan cómo se distribuyen los frutos del crecimiento. Una media más alta dice poco sobre la capacidad de emanciparse, acceder a una vivienda, formar una familia o ahorrar si las mejoras se concentran en quienes ya ganan más.

Un compromiso evaluable partiría de una referencia temporal y explicaría cómo seguir los salarios brutos, su evolución en términos reales y el comportamiento de los distintos tramos. Eso permitiría valorar si las medidas llegan a los sectores con peores remuneraciones y si el crecimiento reduce las diferencias entre mujeres y hombres. También permitiría distinguir los resultados de una legislatura de una mera subida del promedio nominal.

Una oposición que aspira a gobernar tiene la responsabilidad de cuestionar los resultados del modelo económico y presentar alternativas que permitan comprobar qué ofrece y a quién. En este caso, el PP debería aclarar si la subida del salario medio sigue siendo prioritaria, qué mecanismos llevarían las ganancias de productividad a las nóminas y cómo se mediría la evolución del poder adquisitivo en los distintos tramos salariales. También debería precisar qué parte de la mejora esperada procede de la remuneración del trabajo y cuál del alivio fiscal.

El salario es la principal fuente de ingresos de muchos hogares y una forma de participar en la riqueza que se contribuye a crear. Por eso importa tanto la distancia entre los dos documentos. Señor Feijóo, si elevar el salario medio sigue siendo su gran ambición económica, explique con qué medidas piensa conseguirlo, quiénes se beneficiarán y cuándo podremos comprobarlo. Esa es la explicación que el programa electoral deja pendiente.


REFERENCIAS

Instituto Nacional de Estadística. (2025). Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa. Año 2024. 
Instituto Nacional de Estadística. (2026a). Encuesta Anual de Estructura Salarial. Año 2024. 
Instituto Nacional de Estadística. (2026b). Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Segundo trimestre de 2026. 
Organización Internacional del Trabajo. (2024). Informe mundial sobre salarios 2024-2025. Fuente
Partido Popular. (2026a). Contrato con España (punto 11). 
Partido Popular. (2026b). La Reconstrucción Nacional. El programa del cambio necesario para España (medidas 177 y 178 y apartado 4.5). 
Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026. 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 27). 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (art. 263).