Han pasado dos meses desde que la sociedad española optara en las urnas por un Gobierno de izquierdas. Un bimestre que nos lleva a asistir como espectadores de un verdadero carrusel de opiniones sobre la posible composición del Gobierno: de coalición, de cooperación, con independientes… unos dimes y diretes entre las diferentes fuerzas políticas que, como quien no quiere la cosa, también tiran de la amenaza de unas nuevas elecciones generales en el próximo noviembre si la investidura, según algunos socialistas, resultara fallida. Hablamos en este sentido de un auténtico dislate que no haría sino dejar al descubierto la escasa fiabilidad de los programas de las fuerzas políticas cuando se presentan a las elecciones. Una vez más, en lugar de realzar el papel fundamental que la política ha de cumplir en la sociedad y sumar así esperanzas para encaminarla ineludiblemente hacia progreso, se provoca la desafección de la mayoría social.

Los ciudadanos están perplejos por lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo desde las últimas elecciones en relación con las conversaciones para investir a alcaldes y presidentes de gobierno de las Comunidades Autónomas y del Estado. Los bloques de derecha y de izquierda (antagónicos) se han mostrado, salvo honrosas excepciones, intransigentes ante las posibles transferencias de apoyos para finalizar los procesos de investidura. Por eso, las concesiones efectuadas, en la gran mayoría de las ocasiones, sólo se han producido en el interior de los bloques en litigio.