El compromiso por la mejora de la salud mental de la ciudadanía ha sido una prioridad para este Gobierno. El pasado 23 de mayo, el Consejo de ministros aprobó en materia sanitaria, destinar una transferencia de 38,5 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención a la salud mental.
Este complemento al Plan de Salud Mental 2022-2024, ratificaba el compromiso del sistema sanitario público para ayudar a la ciudadanía a mejorar la calidad de vida y el estado del bienestar de todas aquellas personas que padecen una patología mental.
Ha de ser reconocido el esfuerzo que ha hecho este Gobierno de coalición por visibilizar, prevenir y ayudar a la población que se encuentra en una situación precaria en materia de salud mental y dotar de medios a las Comunidades Autónomas para su atención.
Se han de desarrollar otras muchas actuaciones, pero con este nuevo aporte económico se crearían nuevas unidades de salud mental y se renovarían las existentes con el fin de lograr un sistema integral de atención.
Estas nuevas medidas son importantes de cara a la detección y prevención de las enfermedades mentales en el mundo del trabajo, hasta ahora prácticamente olvidado en las estrategias y planes sanitarios, ya que la mayor parte de las patologías que se generan en el ámbito laboral se derivan al sistema público de salud y se tratan como enfermedades comunes.
El impacto del trabajo en la salud mental está creciendo de forma significativa, en Europa y en España, los trastornos mentales, son el segundo problema de salud más común en el trabajo. Los riesgos psicosociales, ansiedad, depresión, o estrés en muchos casos siguen sin evaluarse, es más, siguen sin ser reconocidos como un problema de las empresas.
Un informe de Adecco publicado en 2021 señalaba que el 40% de las personas trabajadoras españolas había sufrido burnout o síndrome de desgaste profesional durante el último año. Este estado es «consecuencia de la exposición a unas condiciones organizativas nocivas que conducen a una situación disfuncional en el entorno de trabajo», tal y como señala el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde enero de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recogió en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Debería ser considerado una enfermedad profesional e incluirse en el Cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 aprobó una recomendación (194) de lista de enfermedades profesionales en cuyo anexo figuran los trastornos mentales y del comportamiento prestando especial atención al trastorno de estrés postraumático y a otros trastornos mentales cuando exista un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulten de las actividades laborales y el (los) trastorno(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por las personas trabajadoras. Esta recomendación no se ha seguido por el Estado español, que no ha incluido estas patologías en la norma que regula la enfermedad profesional.
Nos encontramos en un momento donde las exigencias de las tareas cada vez llevan implícita mayor carga mental, incrementada por las nuevas formas de organización del trabajo. La presión y la sobrecarga de trabajo tienen potenciales efectos sobre la salud mental.
El pasado 25 de mayor entró en vigor El Convenio 190 de la (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es, junto con la Recomendación 206, la primera norma internacional del trabajo que proporciona un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, otro de los principales riesgos psicosociales que se están produciendo en las empresas españolas. Entre otras medidas, obliga a las empresas a proporcionar a los trabajadores y trabajadoras y otras personas, en forma accesible, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores.
Vemos el reconocimiento de instituciones internacionales en el ámbito de la salud y el trabajo del origen laboral de muchas de las patologías mentales, la presión en el trabajo potencia las enfermedades mentales laborales. Según un estudio internacional liderado por investigadores españoles del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IBIBAPS) del Hospital Clinic de Barcelona, publicado en la revista Nature, que ha estudiado los factores de riesgo que favorecen la aparición del estrés, encontró que el 18% de los casos de depresión estudiados tienen como uno de sus principales factores desencadenantes una alta presión laboral. También ahonda en otros aspectos relacionados con la salud mental y el trabajo. Un 40% de los encuestados asegura que se siente preocupado a diario por su empleo. El 21% de las personas trabajadoras encuestadas confesó que se enfada a diario a causa de su empleo, y el 23% admite que está triste a diario por culpa de su trabajo.
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de la economía. Entre las causas más frecuentemente mencionadas de estrés relacionado con el trabajo están la reorganización en el trabajo o la inseguridad en el puesto de trabajo, trabajar muchas horas o una carga de trabajo excesiva, así como el acoso y la violencia en el trabajo.
Una de las líneas de trabajo de la recién aprobada Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2027 se dirige al desarrollo de acciones sobre Salud Mental y Trabajo, conocer el impacto de las condiciones de empleo y de trabajo en la salud mental y prevenir los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo, es el objetivo. Se pretende estudiar específicamente la influencia de los factores psicosociales en el riesgo para la salud mental.
La investigación y la ciencia reconocen el problema de la salud mental laboral, el Gobierno ha puesto medios para mejorar el diagnóstico y el tratamiento integral de la salud mental laboral, ahora se echa en falta el compromiso del empresariado, ya que la mayor parte de los factores que influyen en la salud mental de las personas trabajadoras son medidas organizativas como la falta de comunicación, de participación, horarios prolongados y poco flexibles, el trabajo a turnos, bajo nivel de apoyo y escaso poder de decisión y control sobre la tarea, así como falta de claridad en los objetivos, riesgos en su mayor parte fáciles de prevenir.
El informe Estado del mercado laboral en España 2022 elaborado por ESADE e Infojobs, plantea que la principal razón por la que el 32% de los trabajadores y trabajadoras españolas querían abandonar su puesto de trabajo era la salud mental. Cuando las personas no se encuentran cómodas en su puesto de trabajo, su rendimiento disminuye y es más fácil que abandones la empresa y se incremente el absentismo.
Por tanto, queda claro que una mala salud mental puede aflorar en el ámbito laboral y tenemos la obligación de dar una respuesta preventiva. Lo que sucede es que las empresas siguen considerando los riesgos psicosociales como externos a las mismas, y normalmente las personas trabajadoras que los padecen acuden al sistema público de salud, por desconocimiento.
Se debe prestar mayor atención a las enfermedades mentales. Ha de ser un objetivo de las empresas el asumir un papel activo que promueva la adecuada salud mental en el lugar de trabajo contribuyendo al bienestar de las personas trabajadoras y la reducción de las bajas laborales derivadas de afecciones mentales que son actualmente la causa más frecuente de ausencias de larga duración por enfermedad común.
La reconstrucción social y económica ha de incluir una mayor apuesta en salud mental. Con seguridad, en la próxima legislatura cuando el Partido Socialista vuelva a gobernar se planteará continuar trabajando en la mejora de la salud mental de la ciudadanía y también de los trabajadores y trabajadoras.
