Introducción.

En diciembre del 2022 iniciábamos una serie de artículos que tenían como objetivo encuadrar los efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTRE) en la dinámica histórica de España, tras las graves consecuencias de la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008, los efectos de la Covid-19, en 2020, y la invasión de Ucrania, en 2022. Pretendíamos considerar los efectos de un conjunto de actuaciones, normas y políticas que están tratando de asegurar el empleo y la actividad económica en este país, en el marco de una transición ecológica y digital justa, pero, en gran parte recuperando procesos productivos previos a la pandemia, no todos ellos precisamente óptimos para una deseable transición hacia una sociedad más ecosocial; concepto que asimilábamos a ambientalmente sostenible (descarbonizada, desmaterializada y con un patrimonio y recursos naturales sostenidos y enriquecidos), socioeconómicamente cohesionada (sin grandes desigualdades en renta y riqueza y con igualdad de oportunidades) y territorialmente equilibrada (sin diferencias significativas entre los distintos territorios).

Desde entonces hasta ahora hemos pasado revista a la discutible dinámica y objetivos en el sector turístico (se pretende recuperar las cifras históricas del turismo de masas), a la evolución del sector de la construcción, con la fuerte incidencia del señalado PRTRE en el mismo, y a la nueva regulación de la vivienda, sobre la que la puesta en marcha de la nueva Ley del derecho a la vivienda previsiblemente genere efectos significativos en diferentes sentidos. Hemos considerado todo ello, desde la perspectiva de su incidencia histórica en la transformación de España y de las previsiones que las medidas (reformas, políticas y actuaciones) que se están llevando a cabo pueden incidir y condicionar la dinámica futura, la sostenibilidad ambiental, la cohesión socioeconómica y el equilibrio territorial en este país.

En este artículo iniciamos un nuevo bloque dedicado a la energía, que es uno de los sectores que mayor transformación global, europea y española ha registrado, está registrando y pretende registrar hasta el horizonte del 2030 y después. Y un sector que, fundamentalmente desde 2019, con el Pacto Verde Europeo y la Emergencia Climática decretada en Europa y en España, entre otros muchos países, es básico para avanzar en la autosuficiencia, en la descarbonización y en un acceso energético justo generalizado, que serían elementos fundamentales pare el avance en la transición ecosocial propugnada.

Desde ese punto de vista, el bloque de artículos previstos se inicia con la consideración de los elementos clave de la evolución global registrada hasta la actualidad, y en las tendencias y previsiones esperables a corto y medio plazo, particularmente en lo que se refiere a su incidencia sobre la UE y España, en un marco de fuerte derechización política y de incremento de las presiones neoliberales sobre las políticas y tendencias europeas, tanto en lo que se refiere a la implantación del Pacto Verde Europeo, como en la vuelta a las políticas de restricción del déficit y de la deuda pública, con indudables consecuencias en el sector energético.

El nuevo marco político en la evolución de la UE.

Las presiones para que los Estados controlen en los presupuestos para 2024 los gastos corrientes (en los que se acepta no incluir el coste de los intereses de la deuda, el desembolso coyuntural del seguro de desempleo o los cubiertos por fondos comunitarios) son crecientes, aduciendo los altos niveles de deuda pública, la grave incidencia de los tipos de interés y los altos déficits públicos que superan el 3% del PIB en numerosos países. Presiones que, aunque son diferencialmente distintas de las impuestas en la crisis iniciada en el 2008 (ya que postulan que se mantenga la inversión pública para viabilizar la doble transición digital y ecológica del Pacto Verde Europeo) mantienen el objetivo común de reducir el déficit público anual por debajo del 3% del PIB, y que la deuda pública se sitúa por debajo del 60% de dicho PIB.

Estas presiones, en lo que afectan al sector energético, establecen que una de las vías para reducir los gastos corrientes sea la de eliminar progresivamente las ayudas públicas desplegadas tras la guerra en Ucrania para paliar la subida de precios energéticos derivada de la crisis energética propiciada por las medidas adoptadas por la UE. Ayudas para apoyar a las empresas y sectores gravemente afectados de los Estados, que la UE valoraba positivamente, incluyendo medidas que implicaban transferencias a los grupos sociales vulnerables, reducción del IVA energético, regulación de los precios de la venta minorista y mayorista, subvenciones o ayudas a las empresas afectadas por los precios energéticos y obligaciones específicas a las empresas públicas. Y también, por el lado de los ingresos, fiscalización de los beneficios “caídos del cielo” por el establecimiento marginalista de los precios de la electricidad, que pudieran utilizarse para financiar las medidas establecidas.

Pero también pretenden frenar los planes de la Unión Europea para la transición verde incorporada en el Pacto Verde Europeo, de 2019, con presiones de los conservadores del Partido Popular Europeo y de los partidos liberales, recogiendo las posiciones de los lobbies de las multinacionales de la energía, del automóvil y de la alimentación, que abogan por pausar el ritmo de las reformas, por rebajar los objetivos europeos de defensa de la biodiversidad[1], de la calidad del aire, o por propiciar medidas que permitan alargar la vida de los automóviles no eléctricos más allá del 2035, siempre que utilicen motores de combustibles sintéticos[2].

De hecho, la UE solo pudo aprobar la legislación que pone fin a las ventas de automóviles nuevos que emitan carbono para 2035, el 28 de marzo de este año, incluyendo una excepción para los automóviles con motor de combustión interna (ICE) que funcionen con combustibles electrónicos aunque, como señala EUI (2023)[3], los automóviles ICE convencionales seguirán estando disponibles para la venta después de 2035, pero deberán equiparse o actualizarse con una tecnología llamada “sistema de inducción de combustible” para evitar[4] el uso de combustibles fósiles en el vehículo. Y aunque esta utilización se logre eliminar, los análisis disponibles muestran que los vehículos de combustible electrónico, en cualquiera de las formas que las renovables participen en la obtención de la energía eléctrica (RED II mix o 100% renovable) y el grado de descarbonización del ciclo de vida del vehículo, tendrán emisiones de dióxido de carbono (CO2) más altas que en el ciclo de vida de los vehículos eléctricos de batería (BEV), tal y como muestra la Figura siguiente, a menos que todo el proceso esté descarbonizado.

Como apreciamos en la Figura anterior y señala EUI (2023), considerando el ciclo de vida completo, usar 100% de combustible electrónico en los automóviles y producir ese combustible a partir de electricidad 100% renovable tendría las emisiones más bajas del ciclo de vida -35 gramos de CO2.equiv por kilómetro (gCO2e/km)- incluidos las de los vehículos eléctricos (46 gCO2e/km), aunque es muy poco probable que los combustibles electrónicos se puedan producir únicamente con energía renovable para 2030, ya que su tecnología se encuentra actualmente en una etapa incipiente, en comparación con la de los vehículos eléctricos y los vehículos de hidrógeno. Por ello, para 2030, se prevé que la gasolina electrónica costará alrededor de un 50% más que la gasolina convencional, aunque las multinacionales del automóvil pueden utilizar sus modelos, líneas de producción y cadenas de suministro actuales, frente a las necesidades que implica adaptarse a un cambio a vehículos eléctricos. No obstante, su presión por el mantenimiento de las líneas de producción actuales, adaptando los vehículos al uso de los combustibles sintéticos es creciente.

Presiones que se suman a las dificultades para lograr avanzar en la neutralidad de carbono en 2050 para la UE, que se ven potenciadas por los cambios geoestratégicos propiciados por EEUU a través de la OTAN y sus enfrentamientos a China. Se aduce que China ya controla el tratamiento de una gran parte de las materias primas (litio, cobalto y otros metales preciosos) que se necesitan para la descarbonización (por ejemplo, en la transición digital y en el almacenamiento energético en baterías imprescindibles para el vehículo eléctrico). Lo que, aducen, cuestionaría la fuerte apuesta de la Unión Europea (UE) por la electrificación, cuyas consecuencias pueden ser muy negativas para toda la industria europea, la seguridad de suministro energético o el coste de la energía. Abogan así por la apertura y potenciación de otras fuentes de energía, destacando al respecto los señalados e-combustibles, pero también los biocombustibles o el hidrógeno. O, dentro de la electrificación, la reivindicación de la vuelta a la energía nuclear. E, incluso, señalan que puede ser discutible el apoyo definido para el coche eléctrico y las baterías, cuyas materias primas controla China.

En todo caso, por ahora, el alza de precios en el litio no parece (véase Figura siguiente) estar repercutiendo en el alza del coste de las baterías que utilizan los vehículos eléctricos, si bien la traslación de costes es posible que sí se termine generando y encareciéndolas.

En este marco, no se pueden olvidar las estrategias de las multinacionales de la energía, muy diferentes en la UE de las del resto del mundo, donde se sigue apostando por una demanda creciente de combustibles fósiles, con beneficios también crecientes, y con peculiaridades muy singulares en India y China, donde el carbón sigue jugando un rol fundamental, tanto en estos países como en los incluidos en su creciente ámbito de influencia.

En la UE, las políticas derivadas, primero, de “Fit for 55” [5], de 2021, y después de la invasión de Ucrania, de “REPowerEU” [6], de marzo de 2022, así como las diferentes regulaciones y propuestas en materia energética y de descarbonización de la economía, unidas o derivadas de las progresivas sanciones a Rusia, ya comentadas y analizadas en esta Sección, han propiciado que las multinacionales de la energía apuesten en mayor medida por la diversificación productiva y de áreas de negocio, con un papel creciente de las renovables o de energías de emisiones de GEI mínimas, ante la constatación de que la demanda europea de productos fósiles será decreciente, aunque siguen manteniendo niveles significativos (con escasas reducciones) en la producción de crudo y derivados petrolíferos, cuya demanda global no es decreciente y cuyas previsiones a futuro presentan muchas incertidumbres en la actualidad[7].

Por otra parte, esta diversificación productiva no se produce de la misma manera ni intensidad en el resto del mundo donde la presión regulatoria (que también influye en la financiera) no tiene parangón con la de la UE, a la vez que la demanda de energías fósiles y de los productos derivados del petróleo sigue aumentando en la actualidad a nivel mundial.

En este marco, el Informe del IEA (2022)[8] realizaba el tradicional repaso de la situación energética, de las emisiones, de su influencia en el calentamiento global y de las medidas precisas para avanzar en la tradicional visión optimista y posibilista que caracteriza a estos informes anuales, pese al también tradicional incumplimiento de sus optimistas previsiones. No obstante, destacaba que la crisis producida en 2022 era tanto una crisis energética como de seguridad alimentaria y de riesgo de incremento de los impactos cada vez más visibles del cambio climático. Pero mostraba su esperanza en que la inflexión hacia un sistema energético más limpio y seguro pudiera materializar una transición energética, de emisiones y de freno del calentamiento global, gracias a la respuesta sin precedentes de medidas como las incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, los señalados paquetes Fit for 55 y REPowerEU de la Unión Europea, la Transformación Verde de Japón (GX), el objetivo de Corea de aumentar la proporción de energía nuclear y renovable en su combinación energética, o los ambiciosos objetivos mostrados de energía limpia en China e India.

Más actual, el Informe de DNV -“Energy Transition Outlook 2022. A global and regional forecast to 2050”[9]– recoge sus propias perspectivas respecto a la evolución previsible en la demanda energética global final por fuente y por sector de demanda que se reproducen en las Figuras siguientes, con una tendencia en la demanda que seguiría siendo creciente hasta un máximo que se produciría hacia 2040.

Como apreciamos, se sigue mostrando que la transición energética continuará gravitando sobre un papel cada vez mayor de la electricidad en la combinación de demanda de energía final, con un papel fundamental de las energías renovables, tal y como apreciamos en la Figura siguiente.

Como apreciamos, en 2021, la electricidad representó solo el 19% del uso final de energía en el mundo, pero se estima que podrá llegar a ser el 36%, en 2050, con un crecimiento superior al 3% anual en la década de los 20. Y, se prevé que, dado que la electricidad tiene una mayor eficiencia en su uso final, se justifica el crecimiento de participación en la demanda final recogido en la Figura 4.

Algunas reflexiones sobre las tendencias energéticas globales.

Los documentos e informes que se van publicando, oficiales, de las multinacionales o de distintos institutos de investigación empiezan a no ser tan homogéneos en sus previsiones futuras, ni en lo que respecta al calentamiento global previsible ni en lo que se refiere a la evolución de los consumos energéticos, al desarrollo de los distintos niveles de descarbonización en la actividad productiva ni, por lo tanto, al nivel de emisiones correspondientes.

La guerra en Ucrania está significando un punto de inflexión en políticas y, también en posiciones ciudadanas, con un signo creciente a su derechización y cuestionamiento de las políticas ambientales frente a la negativa incidencia de las medidas que se van adoptando en sus ingresos y formas de vida tradicionales. En qué medida este cuestionamiento se verá compensado por la creciente percepción pública de fenómenos meteorológicos extremos y sus graves consecuencias, es probable que no lleve a cambios de posiciones hasta que las consecuencias sean muy graves y probablemente irreversibles. Pero en la derecha y en los liberales parece pesar más el logro del poder que esas consecuencias sobre el bienestar general.

El resultado es que empiezan a ser cuestionables trayectorias y escenarios optimistas como el que DNV, una empresa global de control de calidad y gestión de riesgos para las industrias marítima, de petróleo y gas, energía y energías renovables, entre otras, nos muestra en la Figura siguiente. Pero el considerar cómo cada uno de los elementos básicos que recogen tienen consecuencias sobre el sector energético y asociados, en España, será objeto de los próximos artículos.

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[1] Es paradigmática la fuerte oposición a la Ley para Restaurar la Naturaleza, que busca reparar el 80% de los hábitats comunitarios en mal estado, con un primer objetivo de recuperar al menos el 20% de las tierras y aguas degradadas para 2030. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3746

[2] Los combustibles electrónicos, o combustibles sintéticos, se producen mediante la síntesis de carbono e hidrógeno capturados utilizando energía limpia. En su conjunto son neutros en carbono porque se producen mediante la captura de CO2 (el dióxido de carbono se obtiene de la atmósfera a través de tecnologías emergentes como la captura directa de aire), lo que compensa las emisiones del uso.

[3] EUI (3 de abril de 2023) “EU decision on e-fuels unblocks electric-vehicle targets”. https://www.eiu.com/n/eu-decision-on-e-fuels-unblocks-electric-vehicle-targets/

[4] No se permitiría la utilización del parque actual de vehículos que usan combustibles fósiles, aunque va a ser muy difícil materializar de forma práctica esa prohibición.

[5] El Plan “Fit for 55”, presentado por la CE el 14 de julio de 2021, es un documento que incluye normas dirigidas a asegurar la senda de descarbonización para el 2050, cumpliendo el objetivo intermedio, para el 2030, de una reducción del 55% en las emisiones de GEI. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/simson/announcements/speech-commissioner-simson-itre-committee-meeting-fit-55_en

[6] CE (2022). REPowerEU: Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 cuya aprobación, para su aplicación con carácter temporal, se produjo el 23 de marzo de 2022 por parte de la CE. Pretendía lograr una autonomía estratégica de la UE, que resuelva su vulnerabilidad energética, logre la independencia energética de Rusia (sustituyendo el 40% de las importaciones de su gas por otros proveedores), reduzca las tensiones en los precios de la energía -garantizando un acceso energético justo a toda la población- y mejore la competitividad económica europea, a la vez que se avanza en la transición ecológica para abordar el cambio climático, sin renunciar a los objetivos del Pacto Verde Europeo, potenciando la coordinación, en el seno de la UE, de las inversiones y reformas previstas para alcanzar los objetivos definidos, de modo que los distintos Estados miembros se refuercen mutuamente y se eviten divergencias entre ellos.

[7]A Shell, una de las grandes multinacionales petroleras europeas, los altos precios de la energía le están otorgado beneficios record (en 2022, Shell duplicó sus beneficios de 2021). Pero su política de reducción de GEI para 2030, casi una quinta parte de sus accionistas de Shell votaron en 2022 en contra de la estrategia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

[8] IEA (2022).- World Energy Outlook 2022. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022

[9] DNV (2023).- “Energy Transition Outlook 2022. A global and regional forecast to 2050”. https://www.dnv.com/energy-transition-outlook/download.html