El lector de Sistema Digital debe estar aburrido o harto de las veces que trato en esta sección del tema de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Es un asunto de gran trascendencia política, cierto, pero también es una cuestión poco atractiva a causa del empecinamiento de la derecha política y de la derecha judicial. Por eso en este artículo trataré de ser claro y sintético para entender las claves del problema.

Digamos de entrada que la renovación total del CGPJ y la renovación parcial (un tercio) del Tribunal Constitucional son cuestiones política y jurídicamente diferentes, aunque sin duda están muy imbricadas. Y como son diferentes necesitan soluciones distintas.

Empecemos por el CGPJ. En la posguerra de 1945 algunas Constituciones democráticas de los países liberados del fascismo incorporaron un órgano que no existía hasta entonces en el Derecho Constitucional. La Constitución francesa de 1946 creó el Consejo Superior de la Magistratura y la Constitución italiana de 1947 configuró un órgano de igual denominación. La ola de Constituciones democráticas del Sur de Europa en la década de los setenta del siglo XX también llevó a la creación de Consejos de la Magistratura en Grecia en 1974 y en Portugal en 1976. El fin de este nuevo órgano era que la gestión de los asuntos judiciales correspondiera a un órgano ajeno al Gobierno, al Ministerio de Justicia, con el fin de que tales asuntos (especialmente los nombramientos de los Tribunales y Juzgados) se trataran con independencia del Parlamento y del Gobierno. En definitiva, se trataba de crear un órgano que asegurara independencia al Poder Judicial. Si las funciones de estos Consejos son relativamente parecidas su composición no coincide tanto, pues hay países donde su composición es predominantemente de elección judicial (Italia y Grecia) en tanto que en otros países no sólo no hay mayoría judicial, sino que la elección es predominante política (Parlamento y Presidente de la República), como ocurre en Francia y en Portugal.

Con esos antecedentes, el artículo 122.3 de la Constitución creó el CGPJ. Se ha dicho que es un órgano poco perfeccionado, pero en realidad sus funciones dependen de lo que establezca la Ley orgánica que lo regule y de hecho han variado desde su creación, pues en la primera década de los años noventa del pasado siglo el Ministro de Justicia Belloch (él mismo Magistrado de profesión) promovió una ampliación muy extensa de sus funciones. Donde la Constitución podría haber afinado más es en el modo de elección, pues el artículo 122.3 es ambiguo y sólo tiene dos proposiciones claras, a saber: que de los veinte Vocales, doce han de tener la condición de Jueces y Magistrados y, en segundo lugar, que los ocho Vocales que tengan la condición judicial han de ser propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado por mayoría de tres quintos de cada Cámara. ¿Y cómo se eligen los Vocales de extracción judicial? Como lo diga una Ley Orgánica.

La primera norma que reguló el estatuto del CGPJ fue la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Aprobada por un Parlamento mayoritariamente conservador, reguló la elección exclusivamente judicial de los doce Vocales de extracción judicial, lo que conllevaba que los Vocales de origen parlamentario eran minoría. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cambió ese tipo de selección y atribuyó la totalidad de la propuesta a las dos Cámaras del Parlamento. Ahí la reacción conservadora fue fortísima, pues no sólo hubo un recurso de inconstitucionalidad de los Diputados de Alianza Popular, sino que además el propio CGPJ formuló ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias negando ¡al Parlamento! competencia para regular esa materia. El conflicto fue desestimado por utilizar una vía inadecuada y hasta torticera, pero fue un aviso de cómo la derecha judicial (sólidamente apoyada por la derecha política) entendía la elección de los Vocales del CGPJ: como un recinto cerrado para los miembros del Poder Judicial donde no puede entrar nadie, ni siquiera la representación nacional que es el Parlamento.

Aquel conflicto de competencias promovido por el CGPJ contra las Cortes Generales y el recurso de inconstitucionalidad paralelo interpuesto por los Diputados de Alianza Popular sentaron los términos de una controversia que se arrastra desde entonces, desde hace treinta y siete años. En pocas palabras, la controversia estriba en que las dos derechas (la judicial y su aliada la derecha política) consideran que el mundo de la gestión judicial (especialmente los nombramientos en todas las instancias) es una cuestión interna de los miembros de la carrera judicial y ello se debe reflejar en el modo de selección del CGPJ donde el Parlamento sólo debe intervenir en los justos términos que autoriza la Constitución, proponiendo al Rey una minoría de ocho Vocales frente a los doce Vocales que deben elegir directamente los Jueces y Magistrados. Es un planteamiento teórico-político, pero también práctico porque quienes lo propugnan saben que la carrera judicial es mayoritariamente conservadora (la única asociación judicial progresista es minoritaria frente a las de derechas y de centro), de modo que la mayoría de los doce Vocales de origen judicial, elegidos por la carrera judicial, serán también conservadores. Si a esa mayoría conservadora de Vocales judiciales agregamos los Vocales de origen parlamentario propuestos por la derecha, el resultado se sencillo: con la elección directa de doce Vocales por parte de los Jueces, el CGPJ siempre, siempre, será de derechas.

Por el contrario, desde posiciones progresistas se considera que el CGPJ es un órgano constitucional y no el comité de empresa de la carrera judicial, por lo que sus decisiones afectan a todos los ciudadanos y su composición ha de reflejar la pluralidad de la sociedad, pluralidad que sólo garantizan las Cortes Generales. Por eso no se puede permitir que los Jueces y Magistrados elijan ellos solo a la mayoría de un órgano cuyas decisiones afectan, y mucho, a toda la sociedad.

Como ser de derechas es tan legítimo como ser de izquierdas, que las dos derechas política y judicial propugnen un modo de elección del CGPJ que siempre les va a favorecer, es legítimo. Lo que no es legítimo es que para conseguir sus objetivos de dominio del Poder Judicial las dos derechas utilicen métodos que infringen la Constitución. Como tampoco es legítima la ideología subyacente que considera que un órgano como el CGPJ ha de tener necesariamente composición conservadora como si una composición mayoritaria de izquierda fuera inconstitucional o contra natura, porque la derecha no tiene un derecho natural a ocupar los órganos del Estado democrático. Veamos las vías que las derechas han utilizado para tratar de imponer su ideología expansiva de ocupación del Estado.

Cuando el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1986, de 26 de julio, estableció la constitucionalidad del modo parlamentario de selección de Vocales del CGPJ (sin negar la constitucionalidad del modelo de elección judicial directa), las dos derechas tomaron nota de que el modo de controlar el CGPJ no podía venir de la regulación normativa, sino por la vía de hecho. Y prepararon una estrategia a largo plazo. Participaron en la selección de Vocales en noviembre de 1990, pero cuando tocó renovar aquel Consejo, en noviembre de 1995, el Partido Popular no quiso participar: olía sangre y decidió esperar a que una nuevas Cámaras permitieran disponer de una mayoría conservadora en el órgano, como así ocurrió. Repitió la maniobra en 2006, año en que correspondía elegir un nuevo CGPJ, y el Partido Popular boicoteó la renovación con la esperanza de que tras las nuevas elecciones volviera a disponer de mayoría suficiente para elegir un Consejo de predominio conservador. Sólo cuando se celebraron las elecciones en 2008 y el PSOE volvió a ganarlas el Partido Popular accedió a negociar la renovación.

Y ahora las dos derechas vuelven a sus prácticas obstruccionistas, pues desde 2018 el Partido Popular se niega a colaborar en la renovación del CGPJ ya que ambas derechas tienen pánico de que un Consejo de mayoría progresista arrebate a la derecha judicial, a la Asociación Profesional de la Magistratura (la asociación conservadora), la palanca de influencia que le permite ser mayoritaria repartiendo cargos judiciales y colocando en puestos importantes a Magistrados y Jueces conservadores. Para evitar la renovación, el Partido Popular, primero con Pablo Casado y luego con Alberto Núñez Feijóo, se ha inventado los más inverosímiles pretextos para no apoyar la renovación (véase E.G. de B.: “Un largo historial de obstáculos”, El País, 9 de septiembre de 2022), porque pretende retrasar la renovación hasta después de las próximas elecciones con la esperanza de que haya en el Congreso una mayoría conservadora que proponga un CGPJ acorde a sus intereses. Subsidiariamente, las dos derechas prefieren que esté en funciones el actual Consejo pues, al menos, evitan que haya un CGPJ de mayoría progresista que impediría a la Asociación Profesional de la Magistratura seguir actuando como oficina de reparto de cargos judiciales. Prefieren un CGPJ inhabilitado que un CGPJ progresista.

Si el obstruccionismo del Partido Popular es muy preocupante, porque ha conseguido inhabilitar un órgano constitucional sólo porque no responde a una ideología conservadora, más preocupante es la operación exterior que ha organizado el partido conservador denunciando en la Unión Europea la situación. El Derecho comunitario, digan lo que digan el Partido Popular y sus aliados mediáticos, no puede tener principios claros sobre la elección de los Consejos de la Magistratura, porque en la Europa comunitaria hay modelos muy variados y en muchos países ni siquiera existe ese tipo de órgano (véase Artemi Rallo Lombarte: “La elección del Poder Judicial: ¿competencia europea?”, Temas para el debate, diciembre 2021, págs. 14-18), pero la derecha política, judicial y mediática ha construido un fake news que hace pensar que en España estamos incumpliendo un inexistente Derecho comunitario. Incluso tienen cierto éxito en el mundo de la Comisión Europea como se ve en la carta que la Vicepresidenta de este órgano, Vera Jourová, ha enviado a Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ, en donde comparte su preocupación por la no renovación, pero también aludió al cambio de modelo de elección, lo que es una injerencia impropia de los organismos comunitarios.

Analizando el problema con realismo, va a ser muy difícil que las derechas política y judicial acuerden la renovación. Falta poco más de un año para las próximas elecciones legislativas y Núñez Feijóo no va transigir a fortiori cuando se ha creído los sondeos que hacen ganador al Partido Popular. A este respecto, en El País de 13 de septiembre se recogía una idea, proveniente de Magistrados del Tribunal Supremo, quienes proponen que desaparezca la prorrogatio del CGPJ. Si no existiera la prorrogatio el Consejo dejaría de existir y ante ese vacío las derechas, la judicial y la política, se verían obligadas a concurrir a la renovación. Nos alegramos que El País recoja esta idea que en Sistema Digital hemos propuesto desde hace varios años (Javier García Fernández: “El Partido Popular obstaculiza la renovación de los órganos constitucionales”, Sistema Digital, 22 de enero de 2020).

El tema del Tribunal Constitucional posee perfiles jurídicos y políticos distintos si bien tiene un elemento común con el CGPJ que es el obsesivo obstruccionismo de Núñez Feijóo. Como hemos examinado en esta misma sección (Javier García Fernández: “¿Tiene límites la facultad del Gobierno de designar Magistrados del Tribunal Constitucional?”, Sistema Digital. 8 de junio de 2022), la renovación por tercios del Tribunal Constitucional, cuando ésta corresponde al Gobierno y al CGPJ, tal como está regulada en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no está condicionada a que los dos órganos constitucionales ejerciten su prerrogativa al mismo tiempo porque ninguna norma pone esa condición y más bien hay jurisprudencia del propio Tribunal en sentido opuesto. Pero como la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibió al CGPJ efectuar nombramientos relevantes, éste órgano se quedó imposibilitado de proponer Magistrados constitucionales. Y ante la posibilidad, plenamente constitucional y políticamente legítima, de que el Gobierno cumpliera con su obligación, medios influyentes del propio Tribunal Constitucional amenazaron (ilegalmente) con impedir la toma de posesión de los Magistrados propuestos por el Gobierno. Ante esa situación el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley que permitía que el CGPJ propusiera Magistrados y hasta estableció un término parta hacerlo, término que ya se ha cumplido. Sin embargo, una minoría de bloqueo del CGPJ impide que éste proponga Magistrados con la esperanza de que el Gobierno no se atreva a designar a los suyos. ¿Qué problema late detrás de este obstruccionismo?

Digamos de entrada que, desde 1978 nadie, ha cuestionado la facultad del Gobierno, de todos los Gobiernos, de elevar al Rey la propuesta de nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Evidentemente cada Gobierno va a nombrar a personas de cierta afinidad política porque el pluralismo en ese órgano está asegurado por las propuestas del Congreso y del Senado. Incluso la renovación de 2004 coincidió con el Gobierno en funciones y el presidente Aznar respetó la prohibición de efectuar esta clase nombramientos que contiene implícitamente el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno de 1997. Pero Núñez Feijóo ha querido romper esa regla y, según se rumorea, en su única entrevista con el Presidente Sánchez propuso a éste que uno de los Magistrados cuyo nombramiento corresponde al Gobierno fuera a iniciativa del Partido Popular.

El Partido Popular se mueve con dos ideas al intentar que el Gobierno no proponga al Rey el nombramiento de dos Magistrados constitucionales. Por un lado, como veíamos arriba, por esa idea de la derecha española de que sólo ellos tienen derecho a gobernar y a tener mayoría en los órganos constitucionales. ¿Qué hacen estos desarrapados de la izquierda en órganos e instituciones que deben ocupar las derechas de toda la vida? No es una broma pues, por poner un ejemplo, La Vanguardia del 29 de junio pasado escribía “El PP denuncia un ‘asalto’ institucional de Sánchez para seguir en el poder” y El Mundo del 14 de junio ofrecía este titular. “Feijóo ofrece al PSOE sobre Justicia si no ‘rompe’ el TC”, Y varias semanas después El País de 30 de agosto decía: “Feijóo exige a Sánchez que renuncie a cambiar el Constitucional para negociar”.

Por otro lado, detrás de tanta marrullería de Núñez Feijóo está el temor de que el Tribunal Constitucional deje de ser un órgano de oposición al Gobierno de coalición como lo ha sido con ocasión de los Decretos-Leyes dictados durante la pandemia de Covid-19 que han sido declarados inconstitucionales por un Tribunal Constitucional con una mayoría de extrema derecha que ha preferido ser cómplice del Partido Popular en la oposición al Gobierno que fortalecer al Estado en las medidas necesarias para hacer frente a una catástrofe sanitaria y social. La interminable manipulación de los órganos constitucionales por parte de la derecha española que no soporta que la izquierda gobierne. En este caso, Núñez Feijóo ha hecho el mismo cálculo que el Conde de Romanones quien decía “hacer vosotros las Leyes y dejadme a mí hacer los Reglamentos”. El Partido Popular piensa lo mismo: que la izquierda haga las Leyes que la derecha ya se encargará de anularlas en un Tribunal Constitucional con mayoría conservadora.

Eso es lo que está en juego tras la renovación del Tribunal Constitucional con el equivocado cálculo de la derecha judicial y de la derecha política que cree que si el CGPJ no propone Magistrados del Tribunal Constitucional el Gobierno tampoco lo hará. El País de 13 de septiembre decía en un titular de la primera plana lo siguiente: “Ocho juristas llevan hoy al Consejo del Poder Judicial a incumplir la ley” pero el diario madrileño se quedaba corto porque varios de esos ocho juristas son Magistrados de modo que los miembros de la carrera judicial son los que están incumpliendo las Leyes. ¿Con qué cara dictarán Sentencias los Magistrados que incumplen las Leyes?

Por eso tiene gran relevancia para la democracia de este país que se cumpla la Constitución y que los órganos constitucionales sean renovados en su plazo, pues de esa renovación depende la perduración del pluralismo y de la alternancia. De lo contrario, cada vez que la izquierda tenga mayoría parlamentaria y pueda gobernar tendremos un Gobierno cercado por órganos constitucionales que no poseen mayoría política en la sociedad, pero son capaces de torpedear la política de los Gobiernos progresistas.