¿Sabías que en España en el año 1975 había 1.642.360 viviendas vacías y ahora son 3.837.328 viviendas?

En el imaginario colectivo español el acceso a una vivienda es un problema que se ha agudizado aún más durante los últimos años. La preocupación social crece al mismo ritmo que la imposibilidad de acceso para amplias capas de la población, ya no solo a la propiedad sino a un alquiler razonable.

Dicho en otras palabras, la especulación, que nuestra carta magna dice que hay que impedir, reina a sus anchas mientras el interés general languidece, fruto principalmente de unas políticas urbanísticas que se han realizado cuando gobernaba la derecha en España y que siguen desarrollando en algunas comunidades autónomas donde las elites nunca sacian su codicia frente a los ciudadanos.

Esta realidad, supone un flagrante incumplimiento de uno de los derechos sociales más importantes en la vida de una persona. Que además está recogido en nuestra constitución. Concretamente, en el artículo 47 donde señala que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Sabemos las causas. Esta realidad, es fruto de la mercantilización de la vivienda, que es tratada como una mercancía y no como un derecho, favoreciendo los intereses del mercado inmobiliario y financiero; de la inacción de las administraciones, especialmente en aquellas gobernadas por la derecha; de nuevos fenómenos como los alquileres turísticos; y de entre otras, de insuficientes medidas sociales, a pesar de iniciativas como las ayudas al alquiler o los planes de vivienda social.

Sabemos los principales problemas: inestabilidad laboral y bajos salarios; aumento del precio de la vivienda y de los alquileres; desequilibrio territorial entre las zonas rurales y urbanas con tensión en determinadas zonas; condiciones hipotecarias; gentrificación y pisos turísticos, poca oferta pública; y viviendas vacías, entre otros.

Sabemos cuáles son los principales grupos afectados: jóvenes, familias con ingresos bajos, personas mayores, y migrantes, entre otros.

Sabemos que el papel del Estado ha sido insuficiente para garantizar el acceso universal a la vivienda. Y eso hay que cambiarlo, hay que actuar, porque es un derecho y porque así lo exigen los españoles.

Cuando recientemente se ha preguntado a los ciudadanos sobre si está garantizado el acceso a una vivienda digna y adecuada en España un 67,8 por ciento ha señalado que solo para algunas personas. Un 15,7 por ciento, que está garantizado para todas las personas. Y un 14 por ciento, que no está garantizado para nadie, según la encuesta de Actitudes hacia el Estado del Bienestar II, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Estos datos son suficientemente importantes para que todas las administraciones acompañen el esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno de España. Pero vamos a analizarlos un poco más:

  • Un 71,2 por ciento de las mujeres creen que el acceso a una vivienda digna y adecuada en España solo está garantizado para algunas personas. Frente al 64,1 por ciento de los hombres que piensan así.

  • Los grupos de edad entre 25-35 años y los de 45 a 54 son los que más consideran que solo está garantizado el acceso a la vivienda digna y adecuada para algunas personas. Mientras que los tramos de más edad, de 65 en adelante, tiene los porcentajes más altos entre quienes consideran que no está garantizado para nadie. Concretamente, entre 75 y más años, un 18 por ciento; y entre 65 y 74 años, un 17,1 por ciento.

  • Las personas que se autoubican en la izquierda son las que tienen porcentajes más elevados entre los que piensan que el acceso a la vivienda solo está garantizado para algunas personas, y entre los que consideran que no está garantizado para nadie.

  • Los votantes de Sumar y PSOE son los que dicen que el acceso a una vivienda digna solo está garantizado para algunas personas, con porcentajes del 73,3 por ciento y el 67,5 por ciento respectivamente. Los votantes del PP son los que consideran que está garantizado el acceso a la vivienda para todas las personas con mayor porcentaje (21,3 por ciento). Y los votantes de Sumar y Vox son los que opinan en mayor porcentaje que no está garantizado para nadie con un 19,4 por ciento y un 18,9 por ciento respectivamente.

Todo lo anterior, reafirma que todas las administraciones tienen que acompañar el esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno de España. Y HACERLO YA para que en los próximos cuatro años este grave problema de derechos sociales esté encauzado.