El proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de España, viene a dar respuesta a una realidad incontestable.

En España tenemos una población de más de siete millones de residentes con nacionalidad extranjera.

Los millones de trabajadores extranjeros aportan a la riqueza económica, al crecimiento de España y al buen funcionamiento de la creación de empleo que se está produciendo en los últimos años en nuestro país y que nos hace ser un referente en el crecimiento económico para los países de nuestro entorno.

Sin embargo, la renta media de los hogares con nacionalidad no comunitaria es un 40% inferior a la de los hogares con nacionalidad española, con lo que ello implica en cuanto al riesgo de pobreza y exclusión social, cuestión que debe ser también abordada.

Y esto se refiere a personas migrantes con regularización administrativa, pero que, no obstante, tienen mayores riesgos de precarización en sus relaciones laborales.

Por otra parte, conviven con nosotros personas trabajadoras migrantes sin regularización administrativa, que son aquellas personas a las que se dirige el proceso anunciado por el Gobierno de España.

Personas que no tienen derechos a pesar de vivir y trabajar en España desde hace años, lo que representa una grave anomalía, una lesión a la dignidad y derechos de todos los seres humanos y una disfunción obvia del mercado laboral.

En la reacción a la decisión del Gobierno en cuanto al proceso de regularización, hemos observado, de una parte a las patronales de los sectores con especiales necesidades de fuerza del trabajo, así como a los sindicatos, partidos políticos de la izquierda, ONGs de derechos humanos y a los sectores más representativos de la Iglesia católica en España, apoyando el proceso, por razones humanitarias y de justicia social, pero también, como vemos,  por razones económicas, y de otro lado hemos visto como de manera preocupantemente indistinguible, se han situado las derechas en España, incluido el Partido Popular, lanzando además bulos y falsedades, de tal magnitud, que deberían tener la respuesta ciudadana opuesta a la que persiguen sus instigadores. Mucho más cuando la población en España asiste horrorizada ante las consecuencias de las violentas políticas anti inmigratorias como las practicadas por Trump, que también pide para España la extrema derecha.

Alcanzar garantías de derechos laborales para estas personas trabajadoras que hoy carecen de ellos, es una cuestión de dignidad, justicia y democracia, que reforzará además nuestra cohesión social y la fortaleza de nuestra democracia y del mercado laboral en España.

El último informe estatal del mercado de trabajo de extranjeros publicado con fecha 11 de diciembre de 2025 por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, correspondiente a 2024, pone de manifiesto que el peso de la población de las personas ocupadas extranjeras representa el 15,18% sobre el total de la ocupación y la tasa de empleo alcanza el 57,72% del colectivo, cinco puntos por encima de la tasa media estatal.

Con respecto a la afiliación, el peso en el empleo de las personas extranjeras ha ido aumentando proporcionalmente en los últimos diez años, desde 2015 se ha producido un incremento de 4,13 puntos porcentuales.

Esta afiliación se encuadra mayoritariamente en el sector servicios (73,28%), seguido en importancia por el sector de la construcción (9,62%).

En relación al número de contratos registrados, desde 2015 a 2024, el aumento del peso del colectivo ha sido de 7,98 puntos porcentuales.

Las ocupaciones más contratadas por personas extranjeras se agrupan en tres grandes grupos: ocupaciones elementales, trabajadores de servicios de restauración y vendedores, y artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras y construcción.

Entre las ocupaciones con mayor contratación destacan peones agrícolas (13,39%), camareros asalariados (9,83%) y peones de industrias manufactureras (7,74%). Las ocupaciones con mayor estabilidad en la contratación son albañiles (88,81%), empleados domésticos (88,15%) y peones de construcción de edificios (85,40%).

En 2024, los mayores incrementos en contratación extranjera se produjeron en trabajadores cualificados del sector agrícola, artesanos de industrias manufactureras y empleados administrativos.

Entre las ocupaciones solicitadas por personas extranjeras en paro están personal de limpieza (13,95%), peones de industrias manufactureras (7,39%) y vendedores en tiendas (6,18%).

En 2024 aumentaron las solicitudes de empleo en ocupaciones de mayor cualificación, como directores, gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

La caída de la tasa de paro en España por primera vez desde 2008 por debajo de los dos dígitos y que ha cerrado 2025 con la creación récord de 605.000 empleos, según datos de la Encuesta de Población Activa, y que nos consolidan como una de las economías con mayores fortalezas de Europa, son posibles gracias a la aportación de las personas trabajadoras extranjeras en los últimos años.

Si bien hay que observar con atención la evolución de datos, tras los conocidos correspondientes a enero de 2026 y que requieren de un seguimiento continuo.

Un buen análisis y conocimiento del mercado de trabajo, como el que proporciona el Observatorio de las Ocupaciones, es la base para una buena planificación de las políticas activas de empleo, incluyendo las que intervienen en la prevención y abordaje de las brechas de género,  y de manera muy especial para las políticas de formación para el empleo que, sin duda, contribuirán también al acompañamiento tan decisivo en este proceso de regularización de las personas migrantes que, al fin, con este proceso de regularización alcanzarán los derechos que les corresponden, devolviendo con ello una dignificación muy necesaria no solo para las personas migrantes, sino para el conjunto de la sociedad.