Estamos conociendo episodios de gran inquietud en el ámbito sanitario –y también en el educativo– que conducen a una conclusión que es cada vez más evidente: esos episodios buscan minusvalorar sectores públicos estratégicos y favorecer a los privados. Los ejemplos son conocidos: la gestión de hospitales de titularidad pública con parámetros de gestión privada, es decir, la búsqueda del máximo beneficio; y situar en inanición presupuestaria a universidades públicas a favor de las privadas constituyen sendas muestras al respecto. Y con comunidades autónomas concretas: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Galicia, que están imprimiendo un modelo de gestión lesivo para los intereses –en el caso de la sanidad– de los pacientes y muy lucrativo para los fondos de inversión que detentan la administración de esos hospitales. No se cuestiona la externalización de servicios, siempre que se atenga a unas reglas deontológicas y exista una vigilancia de quienes proporcionan el grueso de los recursos: las administraciones públicas. Existen experiencias que constatan buenas prácticas; pero, cuando lo que se acaba priorizando es el beneficio privado, se desmoronan los objetivos de atención correcta a los enfermos y usuarios de esos servicios públicos.

Los casos que vamos viendo no son puntuales: se trata de mercantilizar los bienes humanos fundamentales; es un modelo claro de gestión que busca incrementar listas de espera –tal y como se está viendo en Madrid– y acceder a tratamientos caros. Y quienes lo defienden y aplican deberían comunicarlo en sus propuestas electorales, sin camuflar esas intenciones bajo el paraguas de lo público.

Desmercantilizar debería ser el objetivo central ante esas actuaciones: la importancia de los fondos públicos, de los sindicatos y de la progresividad fiscal. Devolver a la gestión pública lo que ofrece enormes beneficios a la privada, pero peores servicios a los usuarios. Pensemos, por ejemplo, que educación y sanidad conforman el 25% de la economía en muchos países, por encima de sectores industriales en los más desarrollados. Porque, si la desmercantilización avanza, la desigualdad se va reduciendo. Lo fundamental en estos escenarios es pensar en el Estado social y la cohesión social que se deriva del mismo. Eso es posible gracias a la compresión de las brechas entre salarios, renta y riqueza. Los ejemplos son ya bien conocidos en la historia económica: Estados Unidos, 1930-1980; el tipo máximo del IRPF fue del 82%, tanto con gobiernos demócratas como republicanos. No destruyó el capitalismo. No destruyó la productividad. Se avanzó en crecimiento económico y en reducción de la desigualdad.

Esto se vincula directamente a la importancia de incrementar los recursos públicos, no recortarlos ni participar en “privatizaciones” encubiertas. Para hacer frente a las necesidades crecientes de la sanidad, la educación, la educación superior, la investigación y los servicios sociales, no será posible sin un sistema fiscal más equitativo, que pueda variar su cesta impositiva, pero que tenga como frontispicio un lema esencial: favorecer el bienestar de la población. Veremos si esta lo entiende.