Llevo muchos años trabajando en tecnología y hay algo que siempre me ha llamado la atención: nos hemos acostumbrado tan rápido a algunos cambios que apenas somos conscientes de lo mucho que ha cambiado España en muy poco tiempo.

Hoy damos por hecho que podemos trabajar desde prácticamente cualquier lugar, hacer una gestión con la Administración desde el móvil o que una pequeña empresa pueda vender por Internet. Pero no hace tanto tiempo muchas de estas cosas eran bastante más complicadas. Y, sobre todo, no estaban al alcance de todos.

Por eso quiero dedicar estos dos artículos a algo de lo que, en mi opinión, se habla bastante menos de lo que merece: la política tecnológica desarrollada por los gobiernos de Pedro Sánchez durante estas dos legislaturas.

Y voy a empezar por lo más básico: digitalizar el país.

En 2018 España tenía buenas empresas tecnológicas, buenos profesionales y algunas fortalezas importantes. Pero también arrastraba diferencias enormes. Entre una gran empresa y una pyme. Entre vivir en una gran ciudad o hacerlo en un pequeño municipio. Incluso entre administraciones.

Una de las cosas que ha cambiado desde entonces es precisamente la forma de entender la tecnología. Ha dejado de ser un asunto reservado a informáticos y empresas del sector para convertirse en política económica y social.

Pensemos simplemente en la conectividad. Durante años hablamos de carreteras y ferrocarriles cuando hablábamos de infraestructuras. Hoy una buena conexión de fibra es también una infraestructura básica. Una empresa sin conectividad difícilmente puede competir. Y un municipio sin ella tiene muchas más dificultades para atraer actividad económica o población.

España ha realizado durante estos años un enorme esfuerzo en fibra, banda ancha y 5G. Y no solo en las grandes ciudades. Una parte importante de ese esfuerzo se ha dirigido precisamente a reducir la brecha territorial.

Después había que conseguir que toda esa capacidad llegase a las empresas. Ahí está, por ejemplo, Kit Digital.

Se puede discutir, como con cualquier programa público, qué cosas podrían haberse hecho mejor. Pero creo que resulta difícil negar el cambio que ha supuesto para cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos que han podido incorporar herramientas de gestión, comercio electrónico, presencia en Internet, factura electrónica o ciberseguridad.

Para quienes trabajamos habitualmente en tecnología pueden parecer cosas bastante básicas. Para una pequeña empresa que llevaba años funcionando de otra manera, no siempre lo son.

Y digitalizarse también significa asumir nuevos riesgos. Cuantos más procesos trasladamos a Internet y más dependemos de los datos, más importante resulta protegerlos. La ciberseguridad ha dejado de ser un problema exclusivo de grandes empresas o infraestructuras críticas. Hoy un ataque puede paralizar un ayuntamiento, una pyme o un hospital. Por eso durante estos años también se han reforzado las capacidades públicas de ciberseguridad, con el INCIBE como uno de los principales instrumentos, y se han destinado recursos a ayudar a empresas y ciudadanos a protegerse mejor. No puede haber una verdadera transformación digital si no somos capaces de hacerla también segura.

Los fondos europeos aceleraron todo este proceso. Y mucho. Pero Europa puso los recursos; después había que decidir qué hacer con ellos. Y el Gobierno de España decidió que una parte importante se destinara a conectividad, digitalización, formación, ciberseguridad e innovación.

Y aquí hay una cuestión política que me parece especialmente importante: La tecnología avanza sola. Lo que no hace sola es repartir sus oportunidades.

Si dejamos que una transformación de esta magnitud dependa exclusivamente del mercado, habrá empresas, personas y territorios que avanzarán mucho más rápido que otros. La política pública sirve precisamente para intentar que nadie se quede demasiado atrás.

Esto también estará en juego en las próximas elecciones. Porque la digitalización continuará gobierne quien gobierne. La cuestión es cómo se produce y quién se beneficia de ella.

España tiene hoy problemas tecnológicos que resolver, por supuesto. Nos falta mejorar productividad, formar más profesionales y conseguir que muchas empresas aprovechen mejor las herramientas que ya existen. Pero somos un país mucho más digitalizado que hace ocho años.

Pero ahora empieza una discusión todavía más interesante: una cosa es utilizar bien la tecnología y otra es ser capaces de desarrollarla.

¿Queremos limitarnos a comprar los chips, utilizar los modelos de inteligencia artificial y contratar la capacidad de computación que desarrollen otros? ¿O España puede aspirar a tener capacidades propias?

De esto hablaré en un próximo artículo. Porque si durante estos años el reto ha sido digitalizar España, el siguiente es bastante más difícil: conseguir que también seamos capaces de crear tecnología.