El acuerdo entre el Partido Popular y Vox es quizá el dato más significativo de la deriva autoritaria del Partido Popular y del riesgo de involución que corre España con las próximas elecciones. Además de los efectos que tendría el control del Senado por ambas derechas (que veremos más abajo), el pacto indica que el Partido Popular ha abandonado completamente el centro derecha y se sitúa en la misma franja de la derecha extrema que Vox. Ya no hay diferencia ideológica ni programática, sino de personas y de sus respectivas ambiciones. Este hecho fundamental, más otros que iremos viendo a lo largo del presente artículo, configuran un panorama histórico excepcional. No es que hayamos llegado a la situación de las elecciones alemanas de 6 de noviembre de 1932 (donde el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista fue el más votado), pero nos aproximamos a ese escenario, sobre todo por la posibilidad de que entre los dos partidos de la derecha Vox sea más votado que el Partido Popular. Empecemos analizando el pacto de las dos derechas.

El pacto es muy significativo porque, ante todo, tras las coaliciones autonómicas con Vox, el Partido Popular ya actúa sin careta, quiere gobernar con la extrema derecha porque se ha transformado ya en un partido de extrema derecha. No es esa la posición de los conservadores alemanes o franceses, ni siquiera la de los conservadores británicos, todos ellos con el aliento de la extrema derecha en el cogote. El paso que los principales partidos conservadores europeos no se atreven a franquear ya lo ha dado el Partido Popular de Núñez Feijóo. No ha de extrañar. Los principales partidos conservadores europeos se situaron en la resistencia antifascista (incluso los conservadores británicos con Churchill tras el entreguismo de Chamberlain), pero en España los partidos conservadores, y en especial el Partido Popular, proceden de la dictadura, de modo que ni hacen ascos a la extrema derecha, que es su matriz de origen, ni se esfuerzan en reafirmar sus principios democráticos: son demócratas lo justo para gobernar en Europa, pero ni un paso más. Al final estaba cantado que el Partido Popular se entendería con Vox.

Más allá de una evidente convergencia ideológica y estratégica, el pacto del Partido Popular con Vox para elegir el Senado tiene varios objetivos. En la presente legislatura el Senado ha actuado como Panzer Division contra el Gobierno y contra el Congreso de los Diputados, pero ahora las derechas quieren más. Por un lado, quieren una mayoría suficiente para que en la próxima renovación del Tribunal Constitucional, que corresponde a la Cámara Alta, puedan copar los cuatro puestos que le corresponde designar. Hoy, metido el Poder Judicial en la guerra contra el Gobierno, el Tribunal Constitucional es el único órgano de garantía constitucional para los ciudadanos. Si lo copan las derechas, toda la arquitectura jurídica de este país estará a disposición de esas derechas tan poco democráticas. Por eso, el Partido Popular y Vox quieren controlar también el Senado. Pero hay más motivos.

Con tres quintos de cada Cámara (es decir, ciento sesenta Senadores y doscientos diez Diputados) la derecha podría modificar la Constitución y, aunque no podría cambiar el régimen de los derechos fundamentales, sí le sería posible cambiar el modelo autonómico, el sistema parlamentario y las funciones y composición del Tribunal Constitucional, que no están protegidos por el procedimiento reforzado que exige dos tercios de cada Cámara. Hay un objetivo estratégico de largo alcance en volver a controlar el Senado que, en todo caso, seguiría siendo la Panzer Division contra el Gobierno si repite el Presidente Sánchez.

Pero la alianza Partido Popular y Vox puede dar más sorpresas. Si se diera el sorpasso de los neofascistas sobre los populares, ¿el Partido Popular apoyaría la investidura de Abascal? A mí no me ofrece ninguna duda, pero veo imposible que Núñez Feijóo lo reconozca. 

También es inquietante la vocación de venganza que transpiran las derechas. En el mitin que dio en Vigo el pasado 24 de octubre Núñez Feijóo no se limitó a explicar que hay que “derribar” a Sánchez, sino que dijo que se encargarían de que los corruptos “paguen por todo”. ¿Esto es un anuncio de persecución de los perdedores de las elecciones? ¿Quiénes y cómo van a pagar? ¿Cómo pagaron Lula y Dilma Roussef? 

Por otra parte, Núñez Feijóo habla demasiado y se retrata mucho, a diferencia de Abascal que es más taimado. Cuando habla el Presidente del Partido Popular y se calienta sólo dice vulgaridades (los motivos por lo que él es feminista), o habla con demasiada claridad (la liberalización del suelo), con lo que hace el trabajo a Vox que ya está legitimado ante los electores del Partido Popular que al menos se pensarán si es mejor votar a la nueva derecha que a la antigua que arrastra a un líder mediocre.

De todo esto se desprenden dos conclusiones. En primer lugar, estamos ante unas elecciones históricas donde está en juego la democracia, que puede verse muy recortada con la alianza Partido Popular y Vox hasta implantar un régimen autoritario neofascista. 

En segundo lugar, que no debemos engañarnos sobre lo que significa que algún militante del PSOE declare en público que se va a abstener. Cada abstención en estas elecciones es un voto a Vox. Hay quienes dicen que ese tipo de declaraciones es una traición a su partido, pero en realidad a quienes traicionan es a su propia biografía y a los millones de electores que les votaron en el pasado. Pero más triste que un militante socialista se abstenga en las próximas elecciones es que antiguos progresistas firmen manifiestos poniendo en duda la limpieza del censo electoral. Puestos a firmar manifiestos tendrían que haber firmado contra la aberrante sentencia que inaplicó una Ley del Parlamento del que algunos de esos firmantes formaron parte. Es verdad que en los últimos tiempos hay quienes están distorsionando el Derecho Constitucional para acomodarlo a los planteamientos de Vox (por ejemplo, en El País del 28 de octubre de 2026 una Catedrática de Derecho Constitucional pretende disociar, sin rubor, la nacionalidad del derecho de sufragio), pero hay líneas rojas que los demócratas, si siguen siéndolo, no deberían traspasar. Porque quienes han tenido responsabilidades en los poderes públicos, en el Parlamento, en el Gobierno, en las Comunidades Autónomas, saben que en España es imposible el fraude electoral, con o sin voto por correo. Comprar esa mercancía neofascista degrada a quien la difunde.