Todas las campañas electorales son decisivas en democracia, pero algunas son todavía más decisivas porque de su resultado puede depender un cambio de régimen político. Así ocurrió en Alemania en las elecciones al Reichstag en noviembre de 1932, aunque pocos se podían imaginar hasta dónde iba a llegar el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista y cómo iba a destruir uno de los países más ricos de Europa. Lo mismo puede decirse de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024, pues, si bien se conocía a Trump y su intento de Golpe de Estado en 2021, no era imaginable la persecución de inmigrantes, la voladura de las relaciones diplomáticas con sus aliados y la agresión y subsiguiente guerra con Irán. Las elecciones del 29 de noviembre son igualmente decisivas para España porque nos jugamos, no un cambio de Gobierno, sino el comienzo de un cambio de régimen, como veremos más abajo.
En consonancia con expectativas tan rotundas, la campaña electoral está alcanzando, por sus contendidos, unos niveles de tensión mucho más elevados que las de los últimos años. Y es que no todos los años España se arriesga a entrar en una dinámica neofascista que pretende, en último término, cambiar el régimen y modificar la Constitución en sentido ultraconservador y sin consenso. Esa tensión de cambio de régimen, de restricción democrática, aflora en muchos contenidos y en muchas actitudes que vemos en la campaña electoral en curso. Veamos algunos ejemplos.
No reconocer los resultados. Desde la elección de Biden en 2020 y de Lula en 2021 la extrema derecha se ha acostumbrado a denunciar como fraudulentos los resultados electorales cuando no le favorecen. Es un fenómeno nuevo en la política mundial, pues en general hasta ahora se daban por buenos los resultados electorales, aunque a veces se intentara impedir que el nuevo Gobierno accediera al poder, como hicieron algunos Generales españoles tras las elecciones de febrero de 1936. Pero negar la limpieza de elecciones democráticas, atribuir los resultados a un fraude, es un fenómeno nuevo porque implica negar la propia democracia y ese paso ya lo ha dado la extrema derecha en varios países.
En España hay suficientes indicios que nos señalan que si la izquierda gana las próximas elecciones las dos derechas igualmente extremas pueden poner en cuestión los resultados. Ya hay indicios preocupantes, como la gran operación contra la “Ley de nietos” instrumentada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, las inicuas dudas sobre el voto por correo y los diversos manifiestos y declaraciones que han lanzado no sólo el Partido Popular y Vox, sino su prensa adicta y hasta antiguos progresistas pasados a la extrema derecha. Hay que estar al tanto en la Administración electoral y en los medios de comunicación porque la derecha derrotada no va a aceptar fácilmente su derrota.
Consecuencias del posible sorpasso de Vox sobre el Partido Popular. Lo que hace unos pocos años parecía imposible, hoy no lo es. Hay sociólogos que dicen incluso que Vox adelantaba ya al Partido Popular hasta el accidente ferroviario de Toledo y que la reacción de Abascal de no suspender la campaña electoral ha vuelto a poner por delante al partido de Núñez Feijóo. Depende de muchos factores, pero no es imposible que Vox vuelva a adelantar al Partido Popular. En ese caso, ¿qué pasará en la calle Génova si deja de ser el primer partido de la oposición?
La posible presión judicial en medio de la campaña. En los últimos días hemos visto cómo la Magistrada Tardón, antigua Concejal del Partido Popular en Madrid, ha imputado al Delegado del Gobierno en Ceuta. Hemos visto también al Ayuntamiento de Madrid denunciar penalmente al anterior Delegado del Gobierno por la acampada de la Puerta del Sol. Asimismo, hemos visto movimientos preocupantes de la UCO en torno al PSOE. Además, ya son constantes las amenazas penales de los partidos de la derecha contra la izquierda y contra el Gobierno, y la Presidenta Díaz Ayuso acaba de afirmar: “El futuro judicial de Sánchez y de muchos Ministros está decidido”. Las derechas saben que cuentan con jueces suficientes para acusar, jueces bien conectados con la Policía Judicial. Por consiguiente, hasta el mismo día de la elección podemos esperar cualquier maniobra contra el PSOE (más que contra el resto de la izquierda) y personalmente intuyo que alguna maniobra judicial-policial dura sacarán antes de la elección.
La posible presión de la Iglesia. Hemos leído en el diario.es que el Presidente de la Conferencia Episcopal va a publicar unas instrucciones sobre las próximas elecciones, instrucciones para que se difundan en los púlpitos el fin de semana anterior a la elección. Lo que se difunda en los púlpitos de las iglesias tiene poca influencia dada la escasa práctica dominical de la Iglesia española, pero vistos los antecedentes del Arzobispo Argüello y su actitud guerrera contra el Gobierno, es seguro que será un mensaje contra el Gobierno y contra la izquierda. El hecho es significativo de la beligerancia de una parte de la Iglesia que sigue sin superar su alineamiento con la extrema derecha desde 1832. ¿Volveremos a ver a los Obispos catalanes salir al paso de esta ofensiva política mientras que el resto del episcopado, el que es supuestamente más aperturista, calla y deja hacer a los más fanáticos y provocadores?
Las propuestas descabelladas de la derecha. En un mitin en Pamplona el Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, lanzó una propuesta sorprendente: aprobar una “Ley de nietos” para quienes abandonaron el País Vasco por temor a ETA. La propuesta es simplemente absurda y sólo refleja el déficit de apoyo electoral que tiene la derecha española en el País Vasco. A pesar de que algunos constitucionalistas afines a Vox se han inventado una disociación entre la nacionalidad y el derecho de sufragio, en España ni existe esa disociación, ni tampoco se puede disociar el domicilio de la circunscripción electoral. Quien quiera votar en el País Vasco tendrá que empadronarse en el País Vasco. Lo que propone el Partido Popular es inconstitucional e imposible de aplicar y no se entiende que los constitucionalistas que les han apoyado en sus batallas hayan podido avalar una idea que rompe todos los principios del derecho de sufragio. Muy nerviosos y desesperados deben de estar para salir a la opinión pública con semejantes ocurrencias.
La inquina contra los sindicatos. La huelga del 11 de noviembre no iba contra los partidos de la derecha. Pero éstos decidieron convertirse en destinatarios de la protesta creyendo que les iba a dar algún rendimiento entre los votantes conservadores. Pero, si hacerse la víctima y el destinatario de la huelga puede aportar algún voto al Partido Popular, la ferocidad de algunos de sus dirigentes, como Díaz Ayuso, contra los sindicatos sólo puede favorecer, hoy por hoy, a Vox. Es un indicio de lo que puede pasar si gobernara la colación de la derecha.
El escándalo del fraude demoscópico. La industria demoscópica (si se puede llamar industria a una actividad inserta en el sector servicios) se ha transformado en los últimos años y en su mayor parte ha sido comprada por empresarios conectados a los partidos de la derecha y de la extrema derecha a fin de orientar el voto con sus predicciones. Con encuestas de pocos interrogados, con técnicas baratas (como el correo electrónico), mezclando barómetros correctamente realizados con barómetros fantasiosos y sacando la media de lo correcto y de lo fantasioso, se está creando en la opinión pública una imagen demoscópica falsa con resultados desorbitados siempre favorables a la derecha. No es un fenómeno nuevo, pero en esta ocasión está exacerbado porque se está creando una imagen ficticia, de unos resultados falsos.
La reforma constitucional de las derechas. El 28 de octubre pasado El Mundo publicó un artículo de opinión titulado “210 diputados: una oportunidad para la reforma constitucional”. Su autor, Salvador Forner Muñoz, Catedrático de Historia y en la transición vinculado al Partido Comunista de España en Alicante. El profesor Forner, vinculado hace mucho tiempo al Partido Popular, propugna que las derechas obtengan 210 Diputados porque ello permitiría acometer una reforma constitucional que afectaría, entre otros puntos, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado. Dejando un lado que la idea de que las dos derechas puedan alcanzar 210 Diputados es, por su imaginación, merecedora del Premio Nacional de Literatura (sino del Nobel), el deseo es muy significativo: las dos derechas están haciendo números para modificar la Constitución sin consenso, no necesitan un Tribunal Constitucional que defienda la Constitución, no necesitan el régimen de derechos y libertades ni el Estado autonómico. En todo caso, más allá de las propuestas del señor Forner, que no pasan de ser divagaciones de quien no domina la técnica jurídica, el peligro está ya exteriorizado: quieren arrasar para dejar patas arriba la Constitución porque lo que quiere, en realidad, Abascal es el cambio de régimen y el Partido Popular no se va a oponer.
Todos estos temas (y algunos más como la obsesión por la inmigración) están marcando la campaña electoral y, como el camino de migas de pan del Pulgarcito de Perrault, nos señalan un itinerario de reformas para el próximo Gobierno progresista. Reformas que asienten la democracia española y frenen a los intentos neofascistas de cambio. Pero, de eso hablaremos en otro artículo.
