El acuerdo de legislatura suscrito por el PSOE y por Ciudadanos ha sido atacado por la derecha del Partido Popular y la izquierda de Podemos y aliados. Todo el mundo tiene derecho a discrepar de una operación política que, de triunfar, reduce el margen de actuación de la derecha y de Podemos, pinchando las expectativas irreales pero intensas de Rajoy y de Iglesias Turrión. Más allá de esa enconada, pero lógica oposición, el acuerdo de legislatura posee una dimensión constitucional que merece glosarse.
Cuando digo efectos o dimensión constitucional del Acuerdo de legislatura PSOE–Ciudadanos no lo hago por el contenido constitucional (de reforma) que contempla, pues podría no contener la más mínima referencia a la Constitución, que no dejaría de tener efectos o dimensión constitucional. Hay tres razones que nos llevan a descubrir en el Acuerdo de legislatura un elevado contenido constitucional.
En primer lugar, el Acuerdo permite poner en marcha las previsiones constitucionales sobre la formación del Gobierno. Como he explicado recientemente en otro lugar (“La tarea del Rey”, El País, 17 de febrero de 2016), al proponer el Rey a Pedro Sánchez como candidato se ha conjurado el riesgo de atascar el proceso de investidura, porque nadie quisiera concurrir al Congreso de los Diputados. Pero ese riesgo no estaba totalmente conjurado, pues podía ocurrir que Pedro Sánchez, al tener la certeza de no conseguir ningún apoyo, hubiera renunciado antes de comparecer ante la Cámara. El Acuerdo permite llegar a la votación de investidura y, aunque fracase, se iniciarían las previsiones del artículo 99.5 de la Constitución. Por ende, se ha desbloqueado una situación que desde el comienzo, desde el día siguiente a la celebración de las elecciones, estaba mal planteada porque los partidos se han quedado al pairo, a la espera de la llamada del Rey, cuando lo más lógico (y también más acorde con el espíritu del artículo 99 de la Constitución) sería que los partidos, a partir del 21 de diciembre, hubieran estado hablando y negociando. En este sentido, se ha pagado la novatada de una votación de efectos muy dispersos y gracias al Acuerdo PSOE–Ciudadanos se pueden aplicar los preceptos constitucionales.
En segundo lugar, el Acuerdo, sea cual sea su destino, responde a los principios constitucionales que propician una democracia de consenso antes que de confrontación. El parlamentarismo que ha configurado la Constitución busca el consenso entre los partidos. Por eso prevé que el candidato obtenga mayoría simple en la segunda votación pues con esa mayoría el Presidente del Gobierno así elegido ha de desplegar una política parlamentaria de colaboración con varios Grupos Parlamentarios. Por eso también se ha regulado la Ley Orgánica, que exige mayoría absoluta en el Congreso, lo que, salvo en los supuestos de mayoría absoluta, requiere afinar la voluntad de entendimiento. Y por eso también para la elección parlamentaria de los órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General de Poder Judicial) se exigen mayorías cualificadas. Con esa filosofía, que el Partido Popular rompió cuando estaba en la oposición (especialmente entre 2004 y 2008) y también cuando estaba en el Gobierno (entre 2011 y 2015), un Acuerdo de legislatura de la densidad programática que han suscrito PSOE y Ciudadanos es una manera de reafirmar la vocación consensual de la Constitución.
En tercer y último lugar, el Acuerdo comporta también una declaración de fidelidad a la Constitución mediante su reforma. Se pueden compartir las propuestas de reforma constitucional y también se puede discrepar de esas propuestas. Pero lo importante es que los dos partidos se comprometen en la defensa de la Constitución, proponiendo unas reformas iniciales que denotan su voluntad de modernizar una Constitución que necesita cierta revisión.
Hasta finales de esta semana no sabremos la suerte del Acuerdo de legislatura pero sea cual sea el resultado de las votaciones y sea cual sea el futuro entendimiento de PSOE y de Ciudadanos, el mero hecho de suscribir el acuerdo supone que ambos partidos se sitúan en un campo de consenso que pedían a gritos muchos electores.
