Categoría: Empleo y Sociedad

La superación de la crisis que sufre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) requiere una verdadera reconversión que lo situé en las mejores condiciones de afrontar los desafíos del hoy y del mañana, desde los principios y valores de la socialdemocracia como la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad frente al neoliberalismo y la derecha.

En los últimos días han coincidido varios hechos de relevancia social e informativa: el Informe periódico de la OCDE, la publicación del IPC del mes de febrero, la carta enviada por UGT y CCOO a la CEOE-CEPYME solicitando la apertura de conversaciones para fijar la referencia salarial de la negociación colectiva del presente año, el rechazo del Decreto Ley sobre la estiba en el Parlamento y, finalmente, el anuncio, no sin sorpresa, de Ignacio Fernández Toxo, de no presentarse a la reelección en el próximo congreso de CCOO, junto a la presentación de Unai Sordo como su sustituto a la secretaría general. Esta propuesta se aprobó sin ningún voto en contra y seis abstenciones, lo que nos anuncia un congreso escasamente problemático y, por lo tanto, con grandes posibilidades de que se polarice en torno a un análisis más sosegado sobre el presente y futuro del movimiento sindical en nuestro país.

A la espera de que se presenten las propuestas definitivas de los candidatos del PSOE a Primarias, aumenta la impaciencia por conocer las diferencias programáticas entre ellos y la composición de sus equipos.

Mucho se ha dicho y escrito sobre los congresos celebrados recientemente por los partidos representantes de la derecha (PP y Ciudadanos), cuyo denominador común ha sido la exaltación de sus líderes (Mariano Rajoy y Albert Rivera), la ausencia de autocrítica y la falta de alternativas para solucionar los graves problemas de los ciudadanos.

El fenómeno Trump, el Brexit y el previsible auge de los partidos de extrema derecha en las próximas elecciones de Alemania, Francia y Holanda están ocupando las cabeceras de los medios de comunicación y son motivos de gran preocupación para la ciudadanía, sobre todo por el riesgo que corre la propia democracia y los derechos humanos.

El Gobierno sostiene que la reforma laboral, que aprobó por Real Decreto-Ley el 10 de febrero de 2012, es la causa principal de la mejora de la competitividad de la economía, la creación de empleo y la reducción de desempleo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2016 en el 1,6%.

A pesar de la escasa fiabilidad que tienen los datos de paro registrado contemplados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Gobierno y los medios de comunicación afines han orquestado una campaña burda, triunfalista y sin escrúpulos, aprovechando los datos favorables del pasado mes de diciembre, sin esperar a la próxima publicación de la Encuesta de Población Activa del último trimestre del pasado año (EPA-IV trimestre de 2016), que es la que tiene mayor credibilidad, así como el reconocimiento de sus conclusiones en el ámbito internacional.

Las informaciones sobre el sistema público de pensiones han ido en aumento en los medios de comunicación, fundamentalmente las que alertan sobre las dudas del futuro de las pensiones, el déficit desbocado de la Seguridad Social, del vaciamiento de la hucha de las pensiones o el envejecimiento de la población , entre otros anuncios alarmistas.

Los diversos acuerdos alcanzados por el Gobierno Rajoy en asuntos relacionados con el SMI, el techo de gasto de las CCAA y el aumento del impuesto de sociedades a las grandes empresas, así como los gestos relacionados con Cataluña o los encuentros con el PNV encaminados a conseguir su apoyo a los PGE-2017, confirman la capacidad de supervivencia de Mariano Rajoy, a pesar de su precaria relación de fuerzas en el parlamento.