El 39º congreso del PSOE se clausuró con notable éxito al haberse cubierto satisfactoriamente las expectativas más optimistas después del contundente triunfo de Pedro Sánchez en las Primarias. Las resoluciones aprobadas apuestan por la convergencia europea y el Estado de Bienestar Social, confirman la decisión del PSOE de trabajar a fondo por aplicar las ideas socialdemócratas, apuestan por un modelo de partido donde tengan un mayor protagonismo y participación los militantes y, finalmente, por un modelo territorial que pueda modificar la Constitución con el propósito de establecer un Estado Federal si fuera necesario.

Tanto el diagnóstico de la situación, como la moderada autocrítica y las alternativas concretas encaminadas a la redistribución de la riqueza y a la superación de las desigualdades, ha sido muy bien acogido por la ciudadanía, en el camino emprendido hacia la recuperación de la credibilidad perdida, sobre todo en los últimos años, cuando el PSOE tuvo las máximas responsabilidades de gobierno.

Sin embargo, la composición de los órganos de dirección del partido se ha analizado con algunas reservas, sobre todo por los delegados afines a Susana Díaz, al considerar que no ha sido plena la integración (al margen de Patxi López), en su reiterado e interesado argumento por superar la maltrecha unidad del partido. No debemos olvidar que existen dos sensibilidades o corrientes de opinión consolidadas en el seno del PSOE que han aflorado con mucha fuerza en la campaña de Primarias y en el propio Congreso (cerca del 30% de los delegados no han votado al equipo propuesto por Pedro Sánchez). En todo caso, el número de miembros de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) parece excesivo (49) y el calificativo de algunas secretarías resulta chocante (por ejemplo la Secretaría de Montaña), al margen del protagonismo de las secretarías de área con capacidad de coordinar las secretarías adjuntas, lo que significa que la CEF va a contar en su seno con un fuerte núcleo duro que será el que tome las decisiones más relevantes.

Desde luego, en esta ocasión se ha superado sin dificultad el socorrido reparto de cuotas y, en este sentido, es una buena decisión que no participen los Barones en la CEF. Tampoco la UGT (en coherencia con su autonomía sindical) ha mostrado ningún interés en presionar para que alguno de sus representantes forme parte de la dirección del partido (como ocurría en épocas periclitadas), a pesar de que sigue presionando sindicalmente (como es su obligación) para que el gobierno y el propio PSOE asuman las 20 Propuestas contempladas en un documento reivindicativo elaborado conjuntamente con CCOO. Por lo tanto, la presencia de Toni Ferrer como secretario de empleo en la dirección del PSOE no se debe al interés expreso de UGT, sino más bien a su apoyo decidido a Pedro Sánchez, a su compromiso personal con el Socialismo y a su experiencia y conocimiento del mercado de trabajo y de las políticas laborales y sociales.

Después del Congreso, lo que los ciudadanos esperan es que el PSOE concrete sus prioridades políticas: posición ante la UE, empleo (jóvenes y parados de larga duración), mercado de trabajo (reforma laboral, precariedad y negociación colectiva), protección social (pensiones, cobertura de desempleo, dependencia y renta mínima garantizada), servicios públicos (educación,  sanidad y servicios sociales), fiscalidad (lucha contra el fraude fiscal, suficiencia y progresividad) y políticas medioambientales (cambio climático); además de exigir al PSOE que se comprometa a fondo en buscar una solución negociada del problema catalán -desde el respeto a la Constitución- y aplique la democracia interna como exponente máximo del modelo de partido aprobado en el pasado Congreso.

Sabiendo de entrada que un partido socialista debe trabajar para los más débiles y, por lo tanto, por defender la centralidad del trabajo en una sociedad democrática muy condicionada por el fenómeno de la globalización y la plena libertad de movimientos del capital, cuyas transacciones bursátiles -la mayoría de naturaleza especulativa- son realizadas en tiempo real por la aplicación de los avances tecnológicos en los campos de la informática y de las comunicaciones. Una razón poderosa para oponerse a una economía financiera que está dominando el mundo de los negocios sin que los gobiernos ni las instituciones internacionales hayan sabido, ni querido, evitar los enormes riesgos de la desregulación de un sistema financiero plenamente globalizado. Una economía sin control donde las grandes empresas basan su actividad en la generación de valor bursátil en un entorno de libertad absoluta de movimientos de capitales y en el que los paraísos fiscales no son combatidos ni siquiera en situaciones extremas.

A ello ha contribuido en buena medida, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación del sector privado a nuestra iconografía; así como las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la acrítica admiración de la desregulación de los mercados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

En cualquier caso, una vez concretadas las prioridades y las políticas a seguir hay que buscar los apoyos necesarios para hacerlas realidad. La pasada reunión con los sindicatos y después con Podemos (de Ciudadanos no se pueden esperar muchas cosas dada su deriva hacia el PP) se encaminan en la buena dirección y confirman la apuesta por una política socialdemócrata que solamente será posible con el concurso y el apoyo de los sindicatos a medio y largo plazo. A pesar de esta iniciativa, la búsqueda de acuerdos en el espacio de la izquierda no será nada fácil; simplemente por la escasa diferencia de escaños entre el PSOE y Podemos y la apuesta pública y notoria de ambos partidos por crecer a costa de su adversario político más cercano (lucha por la hegemonía dentro de la izquierda en vez de aceptar la hegemonía compartida, por lo menos mientras se celebren nuevas elecciones).

A estas dificultades hay que añadir el empeño decidido de los poderes fácticos y mediáticos para que fracase el acuerdo entre Podemos y el PSOE y se pueda volver a recuperar el Bipartidismo, como si eso fuera fácil o posible después del último Congreso socialista. En todo caso, la relación a corto plazo entre ambos partidos se debe establecer principalmente en el parlamento, con iniciativas compartidas y constructivas en la resolución de los problemas reales que preocupan a la gente y que, además, afectan a millones de ciudadanos -víctimas inocentes de la crisis-, que aspiran a recuperar sus derechos perdidos.

Por último, consumada la práctica desaparición de Izquierda Socialista en el proceso congresual, hay que reflexionar sobre el futuro de las Corrientes de opinión en representación de las sensibilidades del partido y, en cualquier caso, regular mejor su funcionamiento. De la misma manera hay que terminar de celebrar los congresos en todas las CCAA, cerrando así definitivamente el proceso congresual, con especial dedicación al congreso de la Agrupación Socialista Madrileña, donde los militantes que se postulan a la secretaría general siguen aumentando en los últimos días. Desde luego, esto requiere que se acepten, sin ninguna reticencia, las resoluciones del Congreso Federal -lo que ayudará a consolidar la Unidad del partido- y que se elijan a las personas más capaces, inteligentes y honradas para asumir cargos de responsabilidad a todos los niveles. La reiterada Unidad no sólo debe aspirar a garantizar la lealtad a los órganos de dirección del partido; se trata también de unir al PSOE respetando la democracia interna con todas las consecuencias (la actual dirección del partido debe así mismo aprender a convivir con una cierta oposición interna) y, por lo tanto, defendiendo los valores y las normas éticas de nuestros fundadores, además de las resoluciones aprobadas mayoritariamente en los congresos.

A pesar de los problemas enumerados, hay que dar los pasos necesarios para avanzar hacia el cambio que demanda urgentemente nuestra sociedad ante lo absurdo y bochornoso que resulta mantener un gobierno absolutamente desprestigiado, sin un objetivo político ilusionante en materia económica (políticas de austeridad) y social (devaluación salarial y eliminación de derechos) que nos adentre con éxito en la era digital y tecnológica; con el agravante de estar maniatado por los intolerables casos de corrupción y de financiación ilegal del PP. Ello exige de entrada medidas claramente diferenciadas del PP (la abstención en relación con el CETA es insuficiente, pero se encamina en la buena dirección en las actuales circunstancias: grave desequilibrio en la protección de los derechos laborales, mayor desregulación de nuestra economía, escaso tratamiento de los derechos medioambientales, carencias en la penalización de los incumplimientos del Tratado, resolución de las disputas…). Así como defender las ideas socialdemócratas que están siendo recuperadas y asumidas en estos momentos por los más jóvenes: redistribución de la riqueza y lucha decidida contra las desigualdades, la pobreza y la marginación social.

No debemos olvidar que están en juego muchas cosas, entre ellas que los partidos de izquierda de los países de la UE recuperen la credibilidad y la confianza de los ciudadanos y luchen y defiendan las ideas progresistas en beneficio de los más necesitados; además de divulgarlas y explicarlas a todos los ciudadanos. Los ejemplos de Portugal y del Reino Unido, si bien resultan sumamente alentadores, son minoritarios e insuficientes en estos momentos para corregir la desfavorable relación de fuerzas en el duro combate contra el neoliberalismo que impera en la UE, como lo acaba de demostrar el Gobierno francés con su pretendida reforma laboral por Decreto Ley. Queda mucho trabajo por hacer; sin embargo, la solución está en nuestras manos…