En la reciente celebración del Día Internacional de los Trabajadores (1º de Mayo) se ha recordado con emoción el 40º aniversario de lo que aconteció en el año 1977, en el que, para muchos, “volvimos a ser libres” después de una negra, represiva y dilatada etapa franquista. Sin duda, el año 1977 fue uno de los más importantes de la transición española hacia la plena democracia. Un sinfín de hechos transcendentales destacaron en términos políticos: la matanza -por la extrema derecha- de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid, los secuestros de Oriol y del teniente general Villaescusa por el Grapo, la legalización de los partidos políticos (incluido más tarde el Partido Comunista), las primeras elecciones políticas en la legalidad (15 de junio), la amnistía de los presos políticos, los Pactos de la Moncloa, el retorno del exilio de Josep Tarradellas y el restablecimiento del gobierno de la Generalitat, entre otros acontecimientos.

En el plano socio laboral tuvieron una fuerte relevancia la disolución del sindicato vertical franquista; el registro de los Estatutos y la legalización de los sindicatos (27 y 28 de abril) que, desgraciadamente, no evitó la prohibición y, mucho menos, la brutal represión del 1º de Mayo (3 heridos graves, 100 de diversa consideración y centenares de detenidos); la participación, por primera vez, de los sindicatos en la Asamblea anual de la OIT; la constitución de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); y, a finales de año, el congreso de unificación USO-UGT.

El tránsito hacia la libertad y la democracia se llevó a cabo a través de una política de reformas en profundidad de las estructuras del franquismo. Sin embargo, en el plano sindical se impuso la ruptura con el sindicato vertical y la legalización de todos los sindicatos de clase, lo que facilitó más tarde el reconocimiento de la libertad sindical en la Constitución Española (CE, 1978), la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET, 1980) y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS, 1985). Debemos recordar que la UGT se opuso a cualquier tipo de continuismo, más o menos edulcorado, del sindicato vertical y defendió la libertad sindical y el consiguiente pluralismo sindical realmente existente en nuestro país. Dicho de otra manera: cualquier proceso de unidad sindical -como proponía CCOO- tenía que partir necesariamente del restablecimiento de la plena libertad sindical.

En aquel entonces, los sindicatos se afanaron en buscar alternativas para defender con mayor eficacia los intereses de los trabajadores. En concreto, la UGT convocó con urgencia un congreso extraordinario (julio de 1977) para adecuar sus estructuras y Estatutos a la nueva legalidad vigente. A todo ello se llamó sindicalizar aún más el sindicato: potenciar las federaciones, sindicatos y secciones sindicales, sobre todo en las grandes empresas. La masiva afluencia de nuevos afiliados había demostrado que los sindicatos estaban más preparados para la contestación política (recuperación de las libertades), que para la acción sindical: negociación colectiva, diálogo social y concertación social. A la eficacia de la acción sindical contribuyeron también las primeras elecciones sindicales en la legalidad, en el año 1978, al determinar la representatividad de los sindicatos y estos asumir, finalmente, y con todas las consecuencias, la descomunal tarea de representar a todos los trabajadores en las empresas y, por prolongación, en el conjunto de la sociedad (presencia institucional).

Las referencias que tuvieron en cuenta los sindicatos y las tareas que desarrollaron fueron todas muy relevantes. En la UGT primó en primer lugar la recuperación de la memoria histórica, así como el poner en valor las enseñanzas de nuestros mayores, desde la perspectiva de un sindicato con historia que el próximo año cumplirá 130 años. En segundo lugar, se apostó por un marco de relaciones laborales que garantizara la autonomía de las partes, el equilibrio de la relación de fuerzas y la capacidad de los sindicatos para negociar en representación de todos los trabajadores. En tercer lugar, se defendió la centralidad del trabajo y el derecho del trabajo en una sociedad libre y democrática, frente a los intentos de fortalecer aún más a las fuerzas del capital. Finalmente, se recogieron las aspiraciones del movimiento sindical europeo (Confederación Europea de Sindicatos: CES) y se intentaron aplicar, con la mayor eficacia posible, las ideas socialdemócratas (políticas redistributivas).

En concreto, el pensamiento socialdemócrata se identificaba con una política económica que tuviera como prioridad el pleno empleo: un empleo de calidad, con derechos y respetuoso con el medio ambiente; un sector público empresarial estratégico como instrumento de la política económica del Gobierno; una política de inversión pública adecuada, sobre todo en un contexto económico en recesión; una política fiscal progresista, basada en la imposición directa (no en la indirecta) y contraria a la reducción de impuestos; una protección social avanzada que garantizara un sistema público de pensiones digno, la prestación social por desempleo y una cobertura económica suficiente para las personas dependientes; y, por último, unos servicios públicos gratuitos y de calidad contrastada (sanidad, educación y servicios sociales). Estas eran algunas de las medidas capaces de llevar a cabo una política redistributiva. Sabiendo que la redistribución de la riqueza siempre se puede llevar a cabo, incluso, en una situación económica particularmente difícil. Depende de la voluntad política del Gobierno, no del crecimiento de la economía ni del tamaño de la llamada “tarta económica”: ésta se puede repartir siempre al margen de su volumen, a pesar de que el pensamiento socio liberal exige que crezca más como condición imprescindible para repartirla.

Con estas referencias -que siguen plenamente vigentes en la actualidad-, se ha celebrado este año el 1º de Mayo en un contexto económico y social sumamente difícil para los trabajadores y los sindicatos. El Manifiesto de UGT y CCOO denuncia que, desde el año 2008, muchos de los logros y de los derechos conquistados por los trabajadores han sido eliminados y, lo que es peor, las nefastas y reiteradas políticas de austeridad han aumentado la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Las cifras son elocuentes: hoy tenemos 2,2 millones de ocupados menos que en 2007; la tasa de paro alcanza el 18,75% (la segunda tasa más alta de la UE), diez puntos más que en el año 2007; cuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años en paro; el empleo es cada vez más precario (25,75%) y a tiempo parcial no deseado (15,59%); los salarios pierden poder adquisitivo (según Gestha, el 47% de los trabajadores ganaron menos de 1.000 euros en el año 2015 y casi 6 millones de trabajadores en riesgo de pobreza perciben un salario por debajo del SMI); las mujeres siguen discriminadas en el trabajo (su salario es un 23% menor que el de los hombres); la prestación por desempleo sólo cubre a la mitad de los parados; y las pensiones son atacadas y todo indica, que seguirán perdiendo poder adquisitivo si nadie lo remedia.

Es comprensible que los sindicatos redoblen sus esfuerzos y exijan a los gobiernos que impulsen medidas que corrijan estos graves problemas. En concreto, exigen derogar las últimas reformas laborales; poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo; recuperar el equilibrio de la relación de fuerzas en torno a la negociación colectiva; activar el Estatuto Básico del Empleado Público; reformar el sistema de prestaciones por desempleo; elevar el Salario Mínimo Interprofesional, hasta alcanzar el 60% del salario medio del país, como señala la Carta Social Europea; aprobar una ley de igualdad de salarios entre hombres y mujeres; derogar la reforma de las pensiones de 2013 y volver a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones; abordar una reforma fiscal en profundidad que garantice más ingresos, la lucha contra el fraude fiscal y un mejor reparto de la riqueza; poner en marcha de inmediato una Prestación de Ingresos Mínimos con el propósito de sacar de la miseria a las 630.000 familias que no poseen recursos en la actualidad; recuperar paulatinamente la inversión en los servicios públicos; y, finalmente, impulsar el cambio de nuestro modelo productivo haciendo especial hincapié en la elaboración de un Plan Estratégico para la Industria.

El primer paso en este sentido debe estar encaminado a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recojan estas reivindicaciones con el propósito de impulsar un crecimiento económico sostenible que garantice una mayor cohesión social y empleos de calidad y con derechos. En este momento esto es posible; simplemente, porque la economía está creciendo, como lo están haciendo los beneficios empresariales, sin que este crecimiento esté repercutiendo en los trabajadores como sería lo más justo. Por eso, los sindicatos se siguen movilizando y presionan a los empresarios con el objetivo de formalizar un Acuerdo salarial que garantice el reparto de una parte de los beneficios que se están generando en estos momentos a través de la creación de empleo y de un mayor incremento de los salarios.

No hay razones ni “excusas” en la actualidad para que esto no ocurra. A pesar de esta evidencia, los PGE presentados por el Gobierno han sido rechazados por los sindicatos y por los partidos de la oposición, porque insisten en las recetas del pasado y en políticas fracasadas de ajuste, muy desequilibradas y con profundas carencias sociales. No podemos acostumbrarnos a convivir con el desempleo, la precariedad y la pobreza extrema para muchos sin hacer nada. Por eso, los partidos de izquierda deben de buscar con decisión todo tipo de acuerdos en los próximos debates parlamentarios (el ejemplo de Portugal está siendo muy ilusionante) y, desde luego, los sindicatos deben apoyar estos acuerdos, al margen de lo que ocurra con la moción de censura presentada por Podemos que, si bien está cargada de múltiples razones, no cumple con los mínimos requisitos exigidos de procedimiento, respeto y oportunidad política.

Los jóvenes, los parados de larga duración (sobre todo los mayores de 55 años), los pobres y los excluidos sociales lo demandan con verdadero dramatismo. También lo exigen los ciudadanos en general, ante la obscena corrupción que inunda al PP y la regresiva e insuficiente política fiscal del Gobierno de Rajoy dirigida a favorecer una distribución de rentas manifiestamente favorable a las empresas y a los que más tienen, en detrimento de las rentas del trabajo. Por eso, hay que insistir en el cambio de la actual política económica y social y hacerlo con rigor, seriedad y, si es preciso, con la máxima firmeza; la presente situación lo exige y la justicia así lo reclama…

* Título del folleto editado por la Fundación F. Largo Caballero.