Los debates llevados a cabo en el reciente Congreso ordinario de CCOO, donde se ha producido el relevo de Ignacio Fernández Toxo por Unai Sordo como nuevo secretario general, han puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de elaborar un ambicioso Plan de Choque por el Empleo, además de trabajar por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (deuda social), para que puedan resarcirse de la fuerte devaluación salarial producida por los efectos de la nefasta gestión de la crisis y, más en concreto, por la reforma laboral y las decisiones unilaterales del gobierno en relación con la oferta pública de empleo y las retribuciones de los empleados públicos.

También se ha puesto de manifiesto la preocupación generalizada por la creciente precariedad de nuestro mercado de trabajo y por la difícil situación que atraviesan dos colectivos particularmente afectados por la crisis: los jóvenes y los desempleados de larga duración mayores de 55 años. Todo ello al margen de la fuerte incidencia que tienen en estos momentos las pensiones en la opinión pública, tanto en los mayores como en los más jóvenes, ante la incertidumbre de sus futuras pensiones derivada del desplome de las cotizaciones a la Seguridad Social (SS), muy afectadas por el desempleo, la escandalosa precariedad y los bajos salarios. Los últimos datos facilitados por el gobierno en relación con el Fondo de Reserva de la SS, a propósito de la reciente paga doble de los pensionistas, confirman la preocupación de los ciudadanos por sus futuras pensiones y la imperiosa necesidad de buscar un Acuerdo de Estado que cierre este debate para los próximos años.

Las declaraciones después del Congreso de CCOO no se han hecho esperar. La ministra de empleo Fátima Báñez ha declarado sin rubor que “los salarios deben subir”, como ya lo habían puesto de manifiesto con anterioridad el BCE y la OCDE, entre otros organismos, además de diversos expertos en materia económica y socio laboral. En coherencia con sus palabras, habría que decirle a la ministra que para que suban los salarios lo primero que tiene que hacer el gobierno es derogar la reforma laboral, además de dar protagonismo a la negociación colectiva (autonomía de las partes), garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales y recuperar la primacía de los convenios sectoriales de ámbito superior a la empresa. La ministra debe también proponer a Mariano Rajoy que eleve las retribuciones de los empleados públicos, por encima del IPC, única manera de que vayan paulatinamente recuperando su maltrecho poder adquisitivo, lo que no se conseguirá con el incremento previsto para este año del 1%.

La CEOE tampoco se ha mordido la lengua en sus declaraciones. Su presidente Juan Rosell ha manifestado que está de acuerdo en que suban los salarios y, en particular, propone que suban sobre todo los salarios más bajos. Sin embargo, lleva más de seis meses oponiéndose a firmar un Acuerdo de referencia salarial para negociar los convenios del presente año, a pesar de las moderadas reivindicaciones de los sindicatos: 1,8% al 3% con cláusula de revisión incluida que opere en términos reales. La CEOE, incluso, se ha negado a aceptar en los últimos años un salario mínimo garantizado en los convenios y, desde luego, se ha opuesto (de acuerdo con el Gobierno) a la pretensión de los sindicatos de ir subiendo paulatinamente el SMI hasta los mil euros mensuales (equivalente al 60% del salario medio), como establece la Carta Social Europea.

Por lo tanto, la actitud de los empresarios (contradictoria y fuertemente rechazable) demuestra que están solamente preocupados por defender sus intereses, carecen de una visión de Estado y, por lo tanto, de una estrategia que tenga en cuenta el buen funcionamiento del conjunto de nuestra economía, lo que debería impulsar, entre otras cosas, empleos de calidad, incrementar los salarios, dimensionar las pequeñas empresas y apostar por la cualificación y la investigación para ser más competitivos en una economía global y plenamente digitalizada (Revolución 4.0). No resulta ocioso recordar que el incremento medio de los salarios en lo que va de año se establece en el 1,27%, lo que evidencia también el cinismo del presidente de la CEOE y demuestra que no firmará nunca un Acuerdo salarial de referencia sino se le presiona fuertemente desde el Gobierno y desde los sindicatos.

Lo que está claro es que los empresarios se encuentran muy cómodos con la reforma laboral, con las subvenciones que reciben a la contratación y, en definitiva, con la actual relación de fuerzas en los centros de trabajo, muy beneficiosa para sus intereses al amparo de la ultra actividad de los convenios, la primacía del convenio de empresa sobre el convenio de sector, los descuelgues, la absoluta precariedad (temporalidad y parcialidad), la fuerte reducción del costo del despido y el alto índice de desempleo. Por otra parte, su negativa a aceptar una cláusula de revisión salarial demuestra que a la CEOE no le preocupa en absoluto el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores; por el contrario, se afana para que sigan aumentando los dividendos empresariales, aunque sea a costa de apropiarse de la totalidad de los beneficios que se están generando en las empresas por el aumento de la productividad, lo que facilita y acelera la transferencia de rentas del trabajo al capital. Lo más grave de la situación es que esta política se está llevando a cabo cuando el PIB viene creciendo desde hace tres años y las empresas ya han superado los beneficios que tenían al comienzo de la crisis.

A pesar de esta incontestable realidad social, el gobierno sigue presumiendo en todo momento de los datos de paro registrado en las oficinas públicas de empleo. Datos, en todo caso, escasamente rigurosos, que deben supeditarse a los que publique cada trimestre la Encuesta de Población Activa (EPA), que es la única que está homologada a nivel europeo. En todo caso, esta política propagandista (de cartón piedra) se produce sin fundamento, porque si bien los datos del paro registrado en el mes de junio (de marcado carácter estacional) son positivos en términos cuantitativos (se reduce el paro registrado en 98.317 personas), no lo son en absoluto en términos cualitativos, como lo demuestran los alarmantes datos de precariedad, los insuficientes ingresos a la SS, así como la caída cada vez mayor de la prestación por desempleo.

Efectivamente, según UGT, en el mes de junio se ha alcanzado la cifra récord de contratación temporal: 1.923.058 contratos. De ellos solamente 8 de cada 100 contratos son indefinidos y, de éstos, 4 de cada 10 contratos lo son a tiempo parcial. Por otra parte, casi la mitad de los parados registrados carecen de prestación y, lo que es más grave, se ha producido un descenso de la calidad de las prestaciones por desempleo, al perder peso las prestaciones contributivas a favor de las no contributivas. Del total de parados registrados, según CCOO, 1,7 millones carecen de prestación y 1,76 millones perciben algún tipo de prestación: 1,12 millones cobran la pensión asistencial y sólo 639.511 la pensión contributiva. A ello hay que sumar que el gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la SS, aumentó en mayo a 792,8 euros mensuales (1,0% anual) mientras que la prestación contributiva media por beneficiario se situaba en 804,6 euros mensuales (0,3% anuales). Como conclusión, la tasa de cobertura del desempleo del pasado mes de mayo (último dato disponible) se situó en el 54%; por lo tanto, nada menos que 27 puntos por debajo del mes de enero de 2010.

A pesar del severo retroceso de los salarios, de las prestaciones sociales y de la pérdida de derechos de los trabajadores, los sindicatos tienen serios problemas para que su potencial capacidad de presión (amenaza creíble) sirva para algo y, desde luego, para que los trabajadores secunden las movilizaciones en defensa de sus justas reivindicaciones, en un mercado de trabajo muy marcado por la inseguridad y el miedo a perder el puesto de trabajo. Por eso, la alianza de la izquierda con los sindicatos es un hecho relevante, sobre todo en un parlamento donde ningún partido cuenta con mayoría absoluta. A pesar de todo ello, no debemos olvidar que la derecha (PP, Ciudadanos, PNV…) también ha demostrado su predisposición y su fuerte capacidad  para llegar a acuerdos (a pesar de la escandalosa corrupción del PP), como se ha demostrado recientemente con el techo de gasto y la reducción de impuestos (IRPF), que terminarán por perjudicar a la recaudación y, lo que es peor, a los más débiles.

Esta decisión, incomprensible en la actual situación económica y social (con serias carencias de nuestros servicios públicos), demuestra la irresponsabilidad del Gobierno al aceptar la petición de Ciudadanos, lo que demuestra que su único interés es seguir controlando los resortes del poder en beneficio de los que más tienen. Como ha quedado patente, una vez más, el capítulo de los ingresos fiscales y, en particular, combatir el fraude fiscal y aumentar la recaudación del impuesto de sociedades no tiene ningún interés para el PP ni para Ciudadanos, en coherencia con las ideas neoliberales que defienden ambos partidos. A todo ello hay que añadir, según denuncia la UGT, la ausencia de una política de empleo, como lo confirman los PGE-2017, al recortar el gasto de empleo un 3,9%, a lo que hay que sumar los recortes de años anteriores, lo que totaliza la pérdida de recursos dedicados a este fin, desde el año 2010 al 2017, en un 38%. Como consecuencia, se ha producido el debilitamiento de los servicios públicos de empleo, el deterioro de la empleabilidad y una menor inserción de las personas desempleadas en el mercado de trabajo.

Razones poderosas para que los partidos de izquierda asuman, entre otras cosas, las reivindicaciones sindicales (20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social) y unan sus fuerzas en defensa de medidas urgentes: derogar lo antes posible la reforma laboral, apostar por el cambio de nuestro modelo productivo, modernizar la gestión empresarial, impulsar una política industrial, dimensionar la inspección de trabajo y la inspección fiscal (combatir el fraude fiscal y a la SS), mejorar las prestaciones sociales (pensiones, desempleo y dependencia), establecer la prestación de un ingreso mínimo garantizado, eliminar la mayoría de las subvenciones y bonificaciones a la contratación y, finalmente, reformar las políticas activas de empleo: formación y cualificación profesional, oficinas públicas de empleo (orientación e intermediación laboral) y nuevos yacimientos de empleo. En todo caso, son medidas capaces de generar por si solas una mínima esperanza en los más jóvenes y en los parados de larga duración, en su largo y penoso camino por encontrar un trabajo decente, seguro, con derechos y bien remunerado. Por eso, esta política contrasta sobre todo con la desidia e ineficacia del Gobierno en relación con el desempleo, los bajos salarios, la precariedad y la desprotección social.