La afiliación a un partido político conlleva, lógicamente, no solo elementos de afinidad, simpatía y afecto –de donde procede “afiliación”−, sino también un compromiso práctico de realizar ciertas actividades favorables al partido al que uno se afilia y a sus líderes.

En los orígenes de la democracia moderna y de la sociedad industrial los componentes de afinidad fueron, por lo general, bastante intensos y emotivos. Tanto entre aquellos que se incorporaban a un partido para defender las nuevas ideas democráticas-liberales y un nuevo modelo de sociedad abierta, como entre aquellos otros que padecían graves problemas sociales y carenciales y que sentían muy vivamente la necesidad de apoyar a los partidos y organizaciones de inspiración socialista, que clamaban por la corrección de las asimetrías sociales y las injusticias que padecían los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, el afianzamiento de la democracia y el desarrollo del Estado de Bienestar debilitaron considerablemente los componentes más emotivos y sustanciales que motivaban a aquellos que se incorporaban a determinados partidos políticos.

Por eso, hoy en día la lógica, y las motivaciones, de las afiliaciones a los partidos son de signo diferente y de intensad más modulada entre buena parte de los ciudadanos, aunque no entre aquellos que continúan padeciendo viejos y nuevos problemas de exclusión social y laboral, o de postergación general.

En estos nuevos contextos sociológicos los ciudadanos, por lo tanto, tienen que encontrar incentivos activos y bien explícitos para incorporarse a un partido político de manera activa, y no solo pasiva, es decir, aportando únicamente el valor del número en la afiliación y, en todo caso, una cuota que, dado los costes que actualmente tiene la actividad política, apenas sirve para cubrir una pequeña parte de los gastos que suelen tener los partidos políticos.

¿Cuáles son estas nuevas motivaciones e incentivos? Sin duda, el incentivo más importante es la conciencia de tener un papel de ciudadano activo, que puede participar y corresponsabilizarse en muchas decisiones importantes. Es decir, las propias de un ciudadano que tiene “poder” e influencia real, constatable en el día a día de la vida política. De ahí la importancia de ese sentimiento que algunos califican –no sé si de manera un tanto cursi− de “empoderamiento”.

En esta perspectiva, resultan especialmente notables los cambios que se están introduciendo en algunos partidos políticos, como el PSOE en España, que permiten que los afiliados estén adquiriendo una considerable capacidad de decisión efectiva en las grandes decisiones políticas. Es decir, un afiliado del PSOE actualmente sabe que participando en el partido va a poder influir directamente en cuestiones políticas de importancia crucial, como por ejemplo votar directamente quién va a ser o no ser el candidato a Alcalde de su municipio; decidir con su voto quién va a ser el Secretario General en su territorio; quiénes van a ser los representantes en el Comité Federal del PSOE y también en el Comité Regional de su Comunidad Autónoma; elegir con su voto quién va a ser el candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno; decidir qué tipo de gobierno va a formular su partido, y qué tipo de coaliciones se van a establecer (si ello fuera necesario). Por no mencionar, también, otras posibilidades de deliberación y de participación en las propuestas de los programas electorales en los respectivos ámbitos, así como otras cuestiones de carácter sustancial que puedan ser tomadas en el PSOE. Entre ellas respaldar o no respaldar posibles mociones de censura –y remoción− contra el Secretario General y otros líderes territoriales. O implicarse en cualquier otra iniciativa que pueda ser puesta en marcha con un determinado número de firmas de los afiliados socialistas (“iniciativa del militante”), etc.

Adicionalmente, después de los compromisos de transparencia aprobados en el 39º Congreso, cualquiera –no solo los afiliados- podrá tener acceso en todo momento a una información detallada sobre las cuentas del PSOE y a los ingresos y recursos de cada uno de sus líderes y representantes públicos. Con esta medida el PSOE se compromete a mantener un grado de transparencia que pocos partidos políticos en el mundo tienen en estos momentos.

Es decir, después del 39º Congreso nadie que pertenezca al PSOE podrá alegar que su opinión y su criterio no es tenido en cuenta y que solo es tratado como una especie de proveedor de recursos económicos y como una pieza más del atrezzo en los actos y mítines públicos del partido, o como alguien al que solo se le llama cuando se le necesita para tareas rutinarias y más o menos pasivas (hacer bulto en los mítines, acudir a una manifestación, votar en unas elecciones o ser interventor en una mesa electoral, etc.). Además, todas estas posibilidades de participación están perfectamente reguladas y garantizadas, con voto secreto, con urnas, con censos verificables, etc. Y no como ocurre en otras formaciones, más dadas a la confusión, a las apariencias impostadas y a los simulacros en estas cuestiones.

Esta nueva etapa en la evolución de los partidos políticos, a la que está contribuyendo el PSOE con sus iniciativas, posiblemente va a tener más alcance práctico y más proyección histórica de la que ahora somos capaces de ver y entender. Y supone inequívocamente un nuevo avance en el reconocimiento práctico de la nueva condición de ciudadanía propia de las democracias de nuestro tiempo: la ciudadanía activa, que está haciendo posible nuevos progresos en el desarrollo práctico del ideal democrático. Ideal perfectible que, recordemos, es algo a lo que aspiramos los demócratas y que posiblemente nunca alcanzaremos de manera completa y exhaustiva. Al menos en muchos años, en la medida en que todavía hay conquistas que alcanzar e innovaciones políticas que desarrollar.