El Partido Popular lleva practicando en varios asuntos lo que podríamos llamar con toda propiedad “políticas basura”, en la creencia de que estos comportamientos nunca le reportarán costes electorales. Pero a veces estos cálculos resultan equivocados y, cuando empiezan a pasarles factura, se hace difícil rectificar. Lo estamos viendo en su negativa a aprobar un impuesto extraordinario a las compañías energéticas y en su resistencia numantina a cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los populares votaron “no” el 13 de septiembre a la simple toma en consideración del Proyecto de Ley del Gobierno para imponer un gravamen extraordinario a las energéticas. En la defensa de ese no, su diputado Mario Garcés no se anduvo con medias tintas: definió la iniciativa como un “engendro jurídico” que “socava principios constitucionales”, heredera del “comunismo más bilioso del siglo XX” y que completa la “felonía fiscal permanente”. Al día siguiente, su portavoz, la señora Gamarra, añadió que “no podemos aprobar medidas que solo tienen por objetivo que la caja de Sánchez tenga más dinero”. Es decir, trataban de instalar en el cerebro del ciudadano una imagen horrorosa de este gravamen, asociándola con términos como “comunismo” —que ellos entienden como atemorizantes— e incidiendo, de paso, en su mantra habitual de lo “malo” que es cualquier tipo de impuesto. La referencia a la caja del presidente, mejor obviarla.

Tras este ejercicio de política basura, y para su desgracia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con ella todo el Partido Popular Europeo, emplearon unos términos muy diferentes para proponer, pocas horas más tarde, un gravamen similar a las energéticas en toda la UE: “En los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”.

El contraste entre la posición del PP español y la de sus homólogos europeos ha sido tan evidente que les han dejado retratados ante la opinión pública: muchos votantes —incluidos muchos conservadores que también están pasando dificultades económicas— han entendido perfectamente que, entre aliviar el sufrimiento de los ciudadanos y de las empresas y defender las ganancias extraordinarias de las energéticas a costa de la guerra, el PP español prefiere lo segundo.

Como a nada temen más que a bajar en las encuestas, después trataron de rectificar a toda prisa, prodigándose en declaraciones confusas y autoexculpatorias que tan solo intentaban ocultar su error de cálculo. Siguen convencidos de que no deben tocarse lo beneficios de las energéticas, pero no pueden aparecer ante la opinión pública tan distantes de sus homólogos ni tan contrarios a las decisiones europeas.

Con respecto a la negativa del PP a renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva caducado cuatro años, el lector puede encontrar una detallada explicación de los avatares de estas renovaciones durante los últimos treinta años en el magnífico artículo de Javier García Fernandez —Catedrático de Derecho Constitucional— publicado en esta misma revista. El aspecto que me interesa destacar aquí es que las sucesivas negativas del PP a renovar este órgano, en 1996, en 2006 y, ahora, desde 2018, las hicieron en el convencimiento de que no les iban a reportar un castigo electoral. Al fin y al cabo, se trata de un tema muy especializado y la mayoría de los ciudadanos no saben con certeza cuáles son las funciones del CGPJ.

Sin embargo, en los últimos días, el panorama parece haber cambiado: por un lado, la insumisión de un grupo de miembros conservadores tratando de bloquear la renovación —también fuera de plazo— de dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) ha merecido el reproche del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes —él mismo, conservador pero, al parecer, con más dignidad—, que no está dispuesto a secundar la maniobra; por otro, el propio Lesmes ha anunciado su dimisión si no se renueva el CGPJ antes del 12 de octubre, dificultando así el deseo del PP de prolongar su interinidad hasta las próximas elecciones generales; y, finalmente, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, se ha dirigido estos días por escrito a Lesmes para denunciar la situación de este organismo y exigir su renovación.

Los ciudadanos han empezado a percatarse del obstruccionismo del PP a renovar los órganos constitucionales y a preguntarse por las causas últimas de esta actitud. Poco a poco, empieza a abrirse paso la cruda verdad: los actuales miembros del CGPJ fueron elegidos por el Congreso y el Senado en 2013, cuando el PP tenía mayoría absoluta. Debido a ello, la composición, tanto del CGPJ como del TC, es de mayoría conservadora. La principal función del CGPJ es nombrar jueces para cubrir las vacantes de los tribunales superiores. El PP persigue, pues, que los puestos claves de la Justicia estén ocupados permanentemente por jueces conservadores y que no respondan a la pluralidad ni a las mayorías cambiantes de la sociedad. También quieren convertir al TC en una suerte de tercera cámara donde tumbar las leyes aprobadas por un Parlamento de mayoría progresista. De ahí, los continuos recursos al TC, por parte del PP y de Vox, a las leyes que aprueba este.

Esta actitud del PP, que solo cabe calificar de ocupación ilegítima de los órganos constitucionales —concebidos estos para responder a la pluralidad de la sociedad y no a los intereses de un partido—, empieza también a pasarle factura electoral, tal como reflejan las encuestas recientes más fiables.

Si no por convicción democrática, al menos por su propia conveniencia electoral, sería muy deseable que los recientes acontecimientos hicieran recapacitar al PP y que rectificara su rumbo, sumándose así al consenso europeo en materia energética y poniendo fin a la ocupación ilegítima de las instituciones.