La flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento introducida por el comisario socialista Pierre Moscovici en 2015 supuso una reorientación en clave keynesiana del cuadro macroeconómico europeo, al reconocerse que la reducción de los déficit públicos no debe acometerse sin tener en cuenta la evolución de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, paliando los efectos pro-cíclicos de aquél, tal y como sucedió con la segunda recesión española, fruto del ajuste fiscal a ultranza acometido en mayo de 2010 en una situación de emergencia en los mercados de deuda, y sin el apoyo del Banco Central Europeo (BCE), primero, y corregido y aumentado por la derecha en 2012, después.

En este sentido, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha anunciado la revisión de la senda de ajuste fiscal para el período 2018-2021[1], aumentando el objetivo de déficit para el 2018 del irrealista 2,2 por ciento comprometido por el Gobierno conservador, al 2,7 por ciento, lo que en todo caso situaría a España por debajo del 3 por ciento establecido en el Tratado, y en consecuencia fuera del Procedimiento por Déficit Excesivo en el que se encuentra nuestro país desde 2009, a la vez que se gana espacio presupuestario para financiar parte de la nueva agenda social, como la re-universalización de la sanidad, entre otras medidas.

Este refuerzo de la política social se financiará no con más deuda sino con más ingresos. Para 2019, en particular, se prevé aumentar los ingresos en 5.000 millones de euros, mediante el impuesto a las compañías digitales que ya se ha propuesto a nivel del conjunto de la Unión, el impuesto a la banca, la equiparación de la imposición a la gasolina y al diésel, y el refuerzo de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

Para los siguientes ejercicios, los objetivos de déficit público aumentan del 1,3 al 1,8 en 2019, del 0,5 al 1,1 en 2020, y del 0,1 al 0,4 en 2021. Se trata de objetivos no solo más realistas, sino más adecuados desde el punto de vista macroeconómico, para no dañar un crecimiento que se está desacelerando, con tasas esperadas de aumento porcentual del PIB del 2,7 en 2018, 2,4 en 2019, y 2,3 en 2020 y 2021[2].

Esta revisión se hace dentro del respeto al principio general de reducción de los déficits durante las expansiones (en 2017 el PIB español creció un 3,1 por ciento) y con la finalidad de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022, lo que es importante para reducir el importante stock de deuda pública acumulado y para afrontar con una situación más saneada futuras crisis económicas.

A este respecto, hay que tener presente que el Gobierno de Sánchez se hace cargo de la economía del país en un momento en el que el crecimiento económico parece haber tocado techo, al tiempo que se encarece la energía y el BCE anuncia el final tentativo de la política monetaria ultra-expansiva que ha venido implementando desde 2012.

En consecuencia, la próxima recesión podría llegar mucho antes de lo que se espera. Un Estado social fuerte y un superávit fiscal permitirán gestionarla, junto con el apoyo del propuesto presupuesto anti-cíclico para la zona euro.

 

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[1]Véase http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/13-07-18%20NP%20senda%20d%C3%A9ficit.pdf

[2] Véase el plan de estabilidad del gobierno del Partido Popular: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/180503_np_estabilidad.pdf