El Estado actual necesita una Administración eficaz para asegurar que los bienes y servicios que proporciona a los ciudadanos sean debidamente distribuidos con arreglo al principio de igualdad y equidad. La Administración burocrática no un desvalor, como pretenden hacernos creer los ultraliberales, sino una construcción social necesaria y beneficiosa para racionalizar la convivencia social. Lo vio así Weber, que fue uno de los primeros autores que comprendió el papel necesario de la Administración burocrática en el Estado contemporáneo. Pero, al igual que otras construcciones sociales, la Administración burocrática puede generar exageraciones y patologías, una de las cuáles (la más grave) es la de imponerse por activa o por pasiva a la dirección política que corresponde al Gobierno. No es inútil, en este sentido, recordar que en los regímenes democráticos el Gobierno goza de la legitimidad que otorga la confianza parlamentaria (en los sistemas parlamentarios) o el sufragio universal directo (en los sistemas presidencialistas), por lo que es democráticamente necesario que la burocracia que hace funcionar a la Administración cumpla los mandatos del Gobierno. De ahí que sea preciso que la burocracia y la Administración, a la que ésta hace funcionar, no actúen con autonomía de la dirección política del Gobierno, pues en ese caso el Gobierno sería sólo un cerebro sin brazos.