La desigualdad es una violación de la dignidad humana, una negación de la posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas, como señala Göran Therborn. Por tanto, como la desigualdad es una construcción del ser humano, puede ser revertida si existe el impulso necesario para llevar a cabo esta bella labor.

Una obra colectiva, que avanza día a día con medidas como la adoptada en el año 2017 por el Parlamento Europeo. Cuando estableció una serie de recomendaciones a los países de la Unión Europea en su Estudio sobre Políticas de Renta Mínima en los Estados Miembros de la UE 2017. Entre las principales, apuntaba: mejorar la adecuación de las rentas mínimas para conseguir que se pueda salir de la pobreza; reducir la burocracia y mejorar la accesibilidad para que exista mayor cobertura; integrar las rentas mínimas con las políticas activas de empleo, potenciando el enfoque inclusivo; y mejorar las bases de datos de rentas mínimas a nivel nacional para poder estudiar la gestión y el impacto de estos programas adecuadamente.

En el caso de España, durante los últimos años, ha recibido numerosas recomendaciones de la Comisión Europea para que racionalice sus regímenes de renta mínima y de ayuda familiar, en un contexto donde ya se ha podido demostrar que en los países donde las prestaciones de desempleo se redujeron o limitaron su acceso durante la crisis, este hecho redujo la efectividad de la protección social, a la vez que generaba un impacto negativo sobre los programas de activación.

Por el contrario, los países que adoptaron medidas expansionistas protegieron mejor a las personas frente a las pérdidas de renta, e hicieron más resilientes a sus economías de los efectos de la crisis, como se señala en el Informe sobre las experiencias y las tendencias actuales en la reforma de los regímenes de renta mínima en los países de la Unión Europea.

Con una sociedad más dualizada, y con mayor desigualdad tras la crisis, en febrero de 2017, el Parlamento tomó en consideración una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de UGT y CCOO en la que solicitaban el establecimiento de una renta mínima de 438,9 euros para todos los parados de larga duración cuyos ingresos no llegaran al 75 por ciento del salario mínimo. Un paso más contra la desigualdad.

Ese día, comenzaba una tramitación parlamentaria, que volvía a poner de actualidad el debate sobre la necesidad de establecer una renta mínima y el nivel de protección social de las familias en situación de exclusión. Un debate pertinente tras la dureza de la crisis, pero también un punto de inflexión que tiene que llevar a las instituciones a la acción contra la desigualdad; a la toma de decisiones, en un corto espacio de tiempo, ante los profundos cambios que la nueva era digital va a provocar.

Unas decisiones, que ahora se podrán tomar con más datos y con más determinación, tras la evaluación que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha realizado de la propuesta de los sindicatos, tras la petición del gobierno el año pasado.

La Airef, tras evaluar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentaron UGT y CCOO, ha concluido que la propuesta sindical reduciría la pobreza severa un 27,7 por ciento.  Pero más importante aún, es que afirma que si se diseña de otra forma puede llegar a reducirse en un 60 por ciento.

¿Cómo?

  • Mediante una prestación por tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa y pudiéndose compatibilizar con el empleo, para no desincentivar su búsqueda. En este caso, la ayuda actuaría como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente.
  • Con dos alternativas, en las que la ayuda variaría en función de la renta y los hijos u otra con tres tramos y que también tendría en cuenta si el beneficiario tiene hijos. En ambos casos, esta ayuda llegaría a 1,8 millones de hogares, 700.000 más que la propuesta de los sindicatos.
  • De forma más eficiente. Mientras la propuesta de los sindicatos está valorada en un coste inicial de 7.200 millones, la de la Airef, tendría un coste de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones por la supresión de duplicidades, ya que propone sustituir prestaciones existentes por la de nueva creación.

La desigualdad puede ser revertida, como demuestran este tipo propuestas. Pero hace falta convicción y valentía, para impulsar esta bella labor.

La media del gasto en protección social de la Unión Europea fue del 0,8 por ciento del PIB en 2015, con grandes diferencias por países en cuanto al gasto y en cuanto al nivel de prestación, cobertura, condiciones y duración.

Es el momento de cambiar el rumbo en la Unión Europea y avanzar en la Renta Mínima en toda Europa. La mayoría de los países europeos reformaron sus esquemas de rentas mínimas en el periodo 2010-2016 con los objetivos de aumentar la condicionalidad de las ayudas e incrementar la relación con las políticas activas de empleo; restringir los criterios de concesión de las mismas o limitar su duración; y simplificar una multitud de sistemas diferentes y fragmentados.

Es el momento, y con la evaluación de la Airef ya no hay excusas.