Un mal punto de partida.
En el último artículo considerábamos las perspectivas que mostraba el Global Risk 2025[1] ante las reuniones del Foro de Davos, inaugurado el 20 de enero de este año, cuyo lema ha sido “Colaboración para la Era de la Inteligencia”, tratando de subrayar la necesidad de la colaboración en un momento en el que la polarización alcanza cotas de gran magnitud, y donde la toma de posesión de la presidencia de EEUU por Donald Trump, con la firma de Decretos y órdenes ejecutivas disruptivas con lo que ha sido el estatus quo en las relaciones internacionales, está marcando un seísmo en muchas de las variables implicadas: agresión imperialista, salida de los organismos de Naciones Unidas, incumplimiento de las reglas del comercio mundial, abandono de la lucha contra el cambio climático, cuestionamiento de las políticas de salud, relegación del vehículo eléctrico, promoción de la producción y consumo de energías fósiles, regresión cultural y religiosa, odio al inmigrante o discriminación de género, entre otras. Con ello, y con la colaboración de la oligarquía ligada a las multinacionales de las nuevas tecnologías estadounidenses[2], centradas todas ellas en el “Make America Great Again (MAGA)”, está propiciando, en pocas semanas, una rotura de los equilibrios mundiales en beneficio propio y de los oligarcas ligados a la industria militar y a las nuevas tecnologías, cuyas consecuencias son la previsión de Escenarios de riesgos globales, a corto, medio y largo plazo, nada positivos ni para los países y personas más desfavorecidos, ni para la UE y España en su conjunto.
Si en el artículo anterior ya señalábamos que veníamos de una época en la que sucesivos “cisnes negros” habían abocado a considerar un futuro próximo caracterizado por altos niveles de incertidumbre, fragilidad y volatilidad, la nueva llegada de Trump al poder en la primera potencia mundial, que él anuncia como la llegada de una nueva época, aumenta la complejidad de las previsiones y el margen de error en los Escenarios previsibles. No es descartable que sus políticas disruptivas y el auge de la inteligencia artificial generativa (IAG), junto a la computación cuántica y la progresiva aproximación a la inteligencia artificial general (capaz de reproducir comportamientos humanos), estén definiendo una nueva era en la marcha de la sociedad, cuyas consecuencias es preciso intentar prever.
Las discusiones y aportaciones al Foro de Davos asociadas al Global Risk 2025, tal y como veíamos en el artículo anterior, sintetizan un Escenario global, a corto plazo (2025-2027) que podemos caracterizar, básicamente, por un mundo cada vez más fragmentado, con una expansión y escalada de los conflictos geopolíticos y militares (Ucrania, Palestina, Siria, Sudán, Sahel, …), o una solución en falso para los mismos, una multitud de fenómenos meteorológicos extremos amplificados por el cambio climático (sin indicios de un acercamiento al freno real del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera), una polarización social y política generalizada, y avances tecnológicos continuos (destacando el impulso producido en la inteligencia artificial generativa) que aceleran la difusión de información falsa o engañosa políticamente manipuladora, y potencian el control social.
El resultado es que vivimos en uno de los tiempos más divididos desde la Guerra Fría, donde la manipulación informativa y sus consecuencias políticas pasan a definirse como el principal riesgo. Lo que no puede dejar de relacionarse con los riesgos asociados a conflictos armados interestatales propiciados por el propio comportamiento de la primera potencia mundial, con la ascensión del ciberespionaje y su utilización militar y política favoreciendo la confrontación económica, no solo por la vía de imposición de aranceles al comercio internacional, sino también por el juego sucio desestabilizador de las economías locales. El resultado, ya para 2027, sería un incremento de la polarización social, la erosión de los derechos humanos, de las libertades civiles y de la democracia, que vendrían asociados, en el plano económico, con un aumento en las desigualdades sociales. Lo cual, junto a las consecuencias de los efectos de sucesos climáticos extremos derivados de un calentamiento global en ascenso[3], colaborarán a una presión migratoria creciente que, a su vez, llevará al cierre de fronteras y a su militarización.
Las políticas y acciones anunciadas y puestas en marcha por el Presidente de la primera potencia mundial incrementarán esta dinámica, favoreciendo el auge del autoritarismo y de la xenofobia, con riesgo de comportamientos fascistas, un desprestigio de las organizaciones internacionales de apoyo a los derechos humanos, y una pérdida generalizada del bienestar de la población con la concentración extrema de la riqueza.
Una dimensión adicional de tremenda importancia que puede marcar el futuro próximo está ligada a la recuperación por el tándem Trump-Musk, de lo que fue la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) de Ronald Reagan. Ésta incluía un sistema de defensa contra misiles que pudiera destruir los misiles soviéticos (ahora incluiría los chinos y coreanos), dejando así obsoletas las armas nucleares. IDE que facilitó el camino para el desarme nuclear y, a la postre, la derrota de la URSS en la batalla por una respuesta armamentística que le condujo a su ruina económica y a su disolución. Y que ahora, en una de sus órdenes ejecutivas Trump ha presentado bajo la idea del establecimiento de una “Cúpula de Hierro para Estados Unidos”, que pretende establecer interceptores espaciales desde satélites que puedan atacar a los misiles enemigos unos minutos después de su despegue, en lugar de hacerlo en altura. Objetivo de muy alto coste que, sin embargo, cuenta con el entusiasmo de Elon Musk por los beneficios que significaría para su empresa de lanzamiento y estructuración de satélites de comunicaciones espías. El riesgo es que un EEUU con defensas lo suficientemente buenas como para contrarrestar un ataque de represalia de Rusia o China llevará a pensar a estos que podría lanzar un primer ataque con impunidad, lo que, muy probablemente, va a dar lugar a que estos países incrementen también sus arsenales nucleares y sus inversiones militares. ¿Reduciendo los recursos para políticas de mejoras en el bienestar de la población y desestabilizándose socioeconómicamente como sucedió en su momento con la URSS?
Como síntesis, los riesgos y altos niveles de incertidumbre, fragilidad y volatilidad que caracterizaban el final de 2024 se han visto exacerbados por las actuaciones de Donald Trump, lo que aumenta la complejidad de las previsiones y la necesaria ambigüedad en los Escenarios previsibles globales, para la UE y para España. No obstante, queda claro que la afección negativa de la dinámica heredada y potenciada en este enero de 2025, tanto a la naturaleza y a sus ciclos vitales, como al bienestar social y a los mercados, está acelerándose, con consecuencias no precisamente positivas para el conjunto de la humanidad. Porque, aunque los índices bursátiles muestran una mejoría general, potenciando la economía y producción tradicional, el resurgir del uso de los combustibles fósiles (que se mantienen en precios inferiores a los previstos), y el freno a los procesos reales de descarbonización y desmaterialización en el conjunto de la economía global, que ha optado, de manera generalizada, por la priorización del crecimiento sobre la sostenibilidad, no va a dejar de mostrar sus efectos más negativos, incluso en el corto plazo, a través de episodios singulares asociados a fenómenos climáticos extremos, de los que la gravedad alcanzada por los incendios en Los Angeles, o la Dana del 29 de octubre en Valencia, entre otros muchos, son ejemplos paradigmáticos.
El éxito en el debilitamiento de la UE.
Todos los países europeos, y particularmente España, se han visto beneficiados por la incorporación a una UE que ha propiciado unos niveles de bienestar, basado en un desarrollo socioeconómico, territorial y ambiental que, aunque ni mucho menos perfecto, sí puede situarse en la vanguardia mundial. Y ello, gracias a un conjunto de regulaciones en materia económica, con políticas públicas que equilibran sus deseconomías sociales reduciendo los niveles de desigualdad, con políticas de cohesión territorial que favorecen a las regiones más desfavorecidas, y con políticas ambientales en línea con lo establecido en las Conferencias de las Partes (COP) de Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la descarbonización y la lucha contra el cambio climático.
En este marco, ya hemos señalado en anteriores artículos como esta dinámica europeísta ha estado siempre muy alejada de los intereses de los poderes fácticos neoliberales y conservadores de EEUU, que siempre han desconfiado del modelo cultural y de desarrollo europeo, y veían amenazadora la creciente pujanza de una UE pilotada por el crecimiento de Alemania y Francia. Desconfianza que no ha sido ajena a la inducción de tradicionales políticas de desestabilización de la UE, entre las que no son desdeñables la utilización de la expansión de la OTAN, o la apertura de líneas de conflicto entre Rusia y los antiguos países que conformaban la URSS, entre otras.
Si la diferenciación cultural interna de la UE históricamente ha sido, y es, muy elevada, la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de su población han servido como nexo de cohesión social que poco a poco se ha ido debilitando. La crisis de la especulación financiera global de 2008 incidió fuertemente sobre la población y, en particular, sobre las oportunidades de seguir el ciclo de mejora de sus padres por parte de los más jóvenes. La pandemia de 2020 debilitó la confianza en la sociedad del bienestar. El conflicto de 2014 entre Ucrania y Rusia avivó un proceso que ha terminado en la invasión de Ucrania por Rusia y la adopción de medidas de castigo contra este país. Medidas que han tenido repercusiones sobre la dependencia y los costes energéticos europeos y sobre su militarización e implicación incrementada con la OTAN y con los intereses americanos. Procesos que han debilitado fuertemente las economías europeas e incrementado sus contradicciones internas, lo que unido al uso de la manipulación informativa como arma de desestabilización y control social, está incidiendo en la pérdida de valores democráticos, en la polarización social y en el ascenso del autoritarismo y de la derecha extrema en el seno de la UE. Dinámica ya manifestada en las últimas elecciones europeas de 2024, y en la composición de la nueva Comisión Europea, condicionada a replantearse algunas de las líneas básicas del Pacto Verde Europeo asumido por la anterior CE para el período 2019-2024.
El nuevo mandato de la CE se enfrenta a desafíos claros con amplia repercusión sobre el Estado Español. En septiembre de 2024 Mario Draghi presentó una ambiciosa agenda de reformas que subordina la Agenda Verde a la continuidad del crecimiento y del incremento de la productividad económica europea para lograr que ésta no la aleje en mayor medida de la evolución de los que aparecen cada vez de una forma más clara como competidores globales centrados en sus propios intereses, sin importarles incumplir convenios y acuerdos internacionales[4].
De hecho, las potencias internacionales, y en particular EEUU, Rusia e Israel, han incrementado su incumplimiento de las reglas mundiales establecidas desde el final de la segunda guerra mundial, priorizando sus intereses económicos, militares e imperialistas, bajo la premisa de que tienen derecho a defender sus intereses más allá de sus fronteras, deteriorando la seguridad internacional y avocando a la UE a restructurar sus presupuestos militares y sus fuerzas armadas, ante la clara situación de debilidad económica, geopolítica y de división interna a que ha sido conducida.
Las nuevas tendencias políticas de Trump van a incidir en el comercio entre EEUU y la UE y exigirán medidas de defensa conjunta. Pero va a ser difícil llegar a acuerdos en el seno de una UE políticamente dividida y donde los grandes países europeos tienen incentivos muy diferentes dadas sus distintas posiciones en el comercio con EEUU y China, divergiendo los intereses de España (y Francia y Polonia, entre otros) de los de Alemania o los Países Bajos, mucho más ligados a las transacciones comerciales externas a la UE.
Por otro lado, las presiones para un incremento de la participación de los gastos en defensa hasta un 3% del PIB para los países de la UE[5] frente a una media actual del orden del 1,7%, que España ni siquiera alcanza, obliga a una reestructuración de los presupuestos de cada país con reducción obligada de los fondos destinados a la sociedad del bienestar, en un marco en el que el déficit público y el endeudamiento de muchos países (y en particular de España) superan los estrictos objetivos establecidos por la propia UE.
La obligación de que países como Francia, Italia y España, que superan el 100% del PIB de déficit, hayan presentado planes para lograr un presupuesto más equilibrado, ya sea mediante un menor gasto o con impuestos más altos, les han llevado a asumir ajustes de su deuda (en un 0,5% del PIB al año para España), lo que podría empujar a muchas economías europeas a la recesión si la nueva estrategia de la CE (Brújula de la Competitividad, Clean Industrial Deal y el paquete de simplificación ómnibus) a presentar a finales de febrero de este año, no impulsa soluciones alternativas compatibles con lo que será la Propuesta de objetivo climático para 2040 y los correspondientes compromisos a presentar en la COP 30 de cambio climático, en Brasil, los nuevos Presupuestos de la UE post 2027 y el marco de políticas post-2030. Objetivos, compromisos y políticas cuya estabilidad e incidencia real futura no van a dejar de estar condicionadas por los resultados de las elecciones en Alemania y por los de unas potenciales elecciones anticipadas en Francia.
Riesgos en los Horizontes 2025-2027 para España.
En este marco, podemos recuperar las reflexiones sobre los Riesgos a corto para España recogidos en el marco del Global Risk 2025[6], de forma similar a lo realizado en años anteriores, resultando para España los cinco riesgos siguientes, correspondientes a las previsiones respectivas de los Informes de 2022, 2023, 2024 y 2025:
Como apreciamos, en 2025 siguen considerándose riesgos a corto plazo para España fundamentalmente ligados a la dimensión económica, como ya sucedía en 2024 y en años anteriores, lo cual ha venido chocando con las estimaciones de todos los organismos internacionales (FMI, OCDE, EUROSTAT, etc.) que han venido destacando la buena situación relativa de España en cuanto a su desarrollo económico.
En todo caso, el primer riesgo para el horizonte 2025-2027 se sitúa en la deuda pública, que ha ido pasando desde el tercer puesto, en 2022, al segundo, en 2023 y 2024, para ocupar la primera posición en 2025.
En efecto, España se sitúa, según los últimos datos disponibles en un 107% del PIB, con una evolución comparada en el binomio deuda/déficit que se aprecia en la Figura siguiente.
No obstante, pese a esta alta deuda pública de España, muy por encima del objetivo del 60%, y a que en 2023 su déficit también superó en seis décimas el tope fijado, a diferencia de Italia y Francia, España evitó, en 2024, el procedimiento por déficit excesivo de la CE. Se consideró que el incumplimiento era temporal y la CE estimó que era factible reducir el déficit entre ingresos y gastos al 3% para 2024. En todo caso, se exigió que España presentara un plan estructural de ajustes fiscales[7] que implica reformas estructurales con un ahorro de 5.300 millones/año y rebajar la deuda desde el 107% del PIB, de 2024, al 91% para 2031, siguiendo la pauta que se refleja en el Cuadro siguiente:
En todo caso, el cumplimiento de este plan exige que los grandes factores que delimitan la evolución de la deuda pública colaboren en la evolución en la senda planeada: unos tipos de interés más reducidos que disminuyan los pagos de intereses por la deuda existente; un déficit público en descenso ligado a que los ingresos fiscales totales menos el gasto público total (sin los pagos netos de intereses); y un crecimiento sostenido del PIB en términos reales que posibilite que la deuda en términos porcentuales del mismo se reduzca.
Con respecto al primer apartado, el riesgo a corto plazo de que no continúe la reducción registrada de los tipos de interés de la deuda en España, desde 2022 a la actualidad, es mínimo, ya que es de esperar que el BCE continúe su reducción de tipos a medida que la inflación se va reduciendo, lo que es imprescindible también para evitar la recesión en Alemania y en la Eurozona. No obstante, los riesgos de una guerra de aranceles, o de nuevas tensiones en las cadenas de suministro, podrían incrementar los riesgos para la estabilidad financiera y endurecer las condiciones financieras mundiales, generar la fuga de flujos de capital y fortalecer el dólar de Estados Unidos, lo cual repercutiría negativamente en el comercio y en el crecimiento europeo y español.
Una fragmentación comercial entre la UE y EEUU impulsada por el establecimiento de aranceles implicaría cambios en el comercio global en un marco en el que todos los países buscan la diversificación de sus importaciones con la reducción de la concentración/dependencia de las importaciones de un reducido número de países. Y no hay que olvidar que el número de nuevas restricciones al comercio mundial ha aumentado constantemente cada año desde 2017 a la actualidad. No obstante, España, aunque el porcentaje que representan las importaciones y las exportaciones en el PIB total, en 2024, se situó por encima del 68%, debido fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de servicios turísticos, sus relaciones exteriores con EEUU son relativamente reducidas y equilibradas. Aunque EEUU es el sexto mayor destino de las exportaciones de empresas españolas (fundamentalmente medicamentos, aceite de oliva, petróleo refinado y vinos), apenas representan un 4,9% del comercio exterior de nuestro país. Y considerando las importaciones desde EEUU, España ha pasado a una situación deficitaria, fundamentalmente por el incremento de las importaciones energéticas de este país, que han pasado del 0,6% del total, en 2016, al 14,1%, en 2023, tal y como apreciamos en la Figura siguiente, aumentando hasta noviembre de 2024 al 16%. De hecho, EEUU se ha convertido en la mayor fuente de productos petrolíferos importados y en el tercero en el mercado de gas, tras Argelia y Rusia, con un 17,2% del gas natural importado por España de EEUU.
Pero el que España sea una de las economías europeas que ha mantenido un mayor nivel de compras de gas ruso podría llevar a que EEUU reclamara sustituir esos suministros por el fracking americano, en potencial crisis por la bajada del precio del petróleo, pero mucho más caro para España debido al coste del traslado.
Con respecto al saldo del déficit primario (gastos menos ingresos ordinarios) el margen de actuación estatal en la definición de sus gastos e ingresos presupuestarios ha quedado limitado con el plan presentado a la CE, con especial referencia a que el gasto estructural no podrá superar los ingresos previstos. En principio, la prolongación de los Presupuestos generales en 2025 favorecería esta dinámica, si bien los Presupuestos previstos también permitirían mantener la senda enviada a la CE en el plan aprobado.
En lo que se refiere al crecimiento del PIB, también las perspectivas –que mejoran de previsión a previsión- son favorables al cumplimiento de la senda planeada.
Frente al previsto estancamiento del PIB mundial y al lento crecimiento del PIB de las economías avanzadas que realiza el FMI, hay que destacar que España, tras crecer un 3,2%, en 2024, ha elevado sus previsiones para el PIB al 2,6%, para 2025, manteniéndolas en el 2,2% para 2026, un 22% por encima de las del FMI, que, últimamente, minusvalora el crecimiento español en sus estimaciones. En todo caso, éstas superan claramente el crecimiento de una zona euro que sufre una crisis industrial y de modelo de crecimiento, gracias, fundamentalmente, a la fortaleza del consumo (privado y público), a los fondos europeos, al turismo, y a las exportaciones de servicios empresariales.
Como síntesis, se puede señalar que, para al corto y medio plazo, España dispone de potenciales para el crecimiento/mantenimiento del PIB (aunque algunos no puedan considerarse óptimos ambientalmente), tanto por el record en las visitas turísticas registrado en 2024, como por la incidencia prevista de algunas de las inversiones derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTRE) y su Adenda, aprobada en 2023, que están contribuyendo al crecimiento del PIB y al crecimiento y mejora de las condiciones del empleo. Y es de esperar que lo sigan haciendo en mayor medida hasta 2027, dados los fondos europeos que restan por aplicar, incluso en el Escenario de prórroga de los Presupuestos generales del Estado en este año 2025. Aunque, como hemos destacado reiteradamente en esta Sección de Políticas de la Tierra, las insuficiencias de estas políticas para lograr un desarrollo ecosocial son crecientemente graves.
Riesgo de Escasez de mano de obra en España.
El segundo riesgo que se señala para España, para el período 2025-2027, es el de disponer de una mano de obra adecuadamente cualificada. En ese sentido, los sucesivos Global Risk han venido señalando que la transición climática, los avances en IA, los cambios demográficos y la dinámica geopolítica podrían interactuar para consolidar el desajuste entre la demanda y la oferta de una mano de obra adecuadamente cualificada, que pudiera dar lugar a un riesgo de escasez de mano de obra, particularmente en los dos últimos Informes, tal y como ya sucedió en los primeros ocho años del siglo XXI, ante la burbuja financiero-especulativa con fortísima incidencia en España en la campo de la construcción de viviendas.
Sin embargo, la última Encuesta de Población Activa del INE, del último trimestre de 2024, mostraba la alta fortaleza del mercado laboral en 2024, que acabó con 21.857.900 ocupados (468.100 más en un año; y todo ello muy lejos de los 16,95 millones de ocupados de marzo de 2014) gracias, sobre todo, al sector servicios (424.600 ocupados más) y con una tasa de ocupación que alcanzó el máximo de la serie histórica en un cuarto trimestre: el 67,5%.
Casi todo el empleo creado en 2024 correspondió al sector privado (el 97%,); la temporalidad siguió a la baja en el año 2024 (hasta el 15,5%) con el empleo indefinido incrementado en 589.400 personas, mientras que el temporal bajó en 133.900. Por otro lado, el paro bajó en 265.300 personas en el año, situándose en 2.595.500, con una tasa de paro del 10,61%, que es la menor tasa de paro desde 2008.
Esta evolución se manifiesta de forma práctica en la mejora de la situación de los hogares. El número de activos aumentó en el año en 202.800 personas, hasta 24.453.300, reduciéndose en 94.700 el número de hogares con al menos un activo en los que todos los activos están en paro; mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentó en 249.900.
Hay que señalar que, al igual que ya sucedió en la primera década del siglo XXI, los extranjeros tienen un peso relevante en la población total según los últimos datos del INE, de 1 de octubre de 2024 (6,735 millones que representan el 13,8% del total de la población) y también en el total de activos (3,94 millones, en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa el 16,1% del total), superando el valor alcanzado en la antes señalada burbuja especulativo-inmobiliaria, cuyo máximo llegó a 3,58 millones en el primer trimestre de 2009.
Las previsiones del mercado de trabajo para España, hasta 2026, así como la prevista mejora de la renta real de los asalariados, con una inflación prevista inferior a su crecimiento, siguen siendo positivas en las previsiones del Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 presentado por el Gobierno a la CE y aprobado por:
No obstante, España sigue presentando la mayor tasa de desempleo estructural de la UE, lo que implica una infrautilización de la capacidad productiva al producirse la exclusión laboral de una gran parte de su potencial humano productivo. Aunque no está claro hasta qué punto este desempleo se corresponde con la realidad, ya que otro problema estructural del mercado laboral español está ligado a la existencia de una economía sumergida relevante en sectores tradicionales como la agricultura, el turismo o las actividades a domicilio, problema que no es exclusivo de España[8].
En todo caso, desde la pandemia afloró mucho empleo informal al exigirse que los trabajadores estuvieran regularizados para acceder a las ayudas públicas y a los ERTE establecidos para paliar los demoledores efectos del parón que la COVID 19 impuso a muchas empresas y actividades. Con ello, el empleo y la economía sumergida pasaron de cifras que tradicionalmente se estimaban del orden del 20% al 25% del PIB (y que habían bajado, para 2019, al entorno del 17-18%) a cifras más cercanas al 15%, que siguen siendo graves ya que afectan a un amplio volumen de trabajadores que están generalmente mal pagados y ausentes de garantías legales, incumpliendo las normativas vigentes.
En este marco es discutible pensar que, en el horizonte del 2025-2027, pueda hablarse del riesgo de escasez de mano de obra en España, aunque sí cabría señalar la necesidad de adaptar la oferta a las nuevas cualificaciones precisas para las transformaciones que se están produciendo asociadas a las nuevas tecnologías; y, en particular, a las derivadas de la IAG aplicada a la robotización/automatización y a los cambios más radicales que la IAG está iniciando en el campo del sector servicios.
El nuevo marco normativo laboral, que entró en vigor en diciembre de 2021, ha enfocado y ayudado a corregir los problemas señalados, pero sigue sin resolverse la importancia cuantitativa de los contratos a tiempo parcial, fundamentalmente para aquellas personas dispuestas a trabajar más horas de las que el mercado les ofrece. Y también es necesario incidir en mucha mayor medida en políticas que faciliten la recualificación e reinserción laboral, así como la corrección de la persistente sobre-cualificación de los empleados, muy superior a la de los países de nuestro entorno.
El riesgo de la polarización social en España.
El tercer riesgo mostrado por el GR2025 para España es la polarización social, entendiendo por tal el riesgo de “divisiones ideológicas y culturales presentes o percibidas dentro y entre las comunidades que conducen a una disminución de la estabilidad social, estancamientos en la toma de decisiones, perturbaciones económicas y una mayor polarización política” (GR 2025. Pág. 34). Riesgo que asocia con el uso creciente de plataformas digitales y un volumen cada vez mayor de contenido generado por IA que posibilitan que la desinformación y la información errónea que genera divisiones sean más omnipresentes. A su vez, destacan que el sesgo manipulador facilitado por las redes sociales con los algoritmos utilizados refuerza la polarización política y social. Adicionalmente, gobiernos autoritarios pueden utilizar una digitalización más profunda para la vigilancia, el control social y el condicionamiento de conductas, no solo en el consumo, como hacen las empresas, sino con la censura y la erosión de los derechos humanos y de las libertades civiles.
El auge de la desinformación y de la manipulación generada a través de las redes o de determinados medios de comunicación, con capacidad de auto-alimentación y retro-amplificación, se dirige a personas o grupos sociales que confían en esa fuente de información, ya sea ésta verdadera o falsa, consiguiendo confirmar y radicalizar sus creencias. La polarización resultante no afecta sólo a la radicalización de los afiliados a los partidos políticos, sino que inciden también sobre las percepciones de la realidad en el conjunto de la sociedad, lo que plantea un grave desafío a la cohesión social e incluso a la salud, cuando las narrativas manipuladoras se infiltran en temas como la confianza en los gobiernos, la salud pública, la justicia social, la educación o el medio ambiente.
Se aprovecha información falsa o manipulada para atacar o acosar a personas, para ampliar las fracturas en la sociedad, erosionar la confianza pública en las instituciones políticas y amenazar la cohesión y coherencia nacionales. Y frecuentemente se acaba en la promoción de manifestaciones no autorizadas o ilegales, protestas violentas, crímenes de odio o, incluso, incitación al terrorismo.
Si a esta manipulación social polarizadora le unimos la sensación de reducción en la renta disponible de las personas y el riesgo de que haya que recurrir a la reducción de la dotación de bienes y servicios públicos o en las políticas de igualdad y lucha contra la pobreza, porque se exija un endurecimiento de la política fiscal en la UE, o por la exigencia de aumentar la inversión en defensa, el resultado puede ser muy negativo en la cohesión social en España, rompiendo la positiva senda de intervención pública del Gobierno de coalición, que ha venido usando los fondos europeos y presupuestos propios para recuperar los negativos efectos socioeconómicos derivados de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania.
De hecho, todos estos riesgos están interconectados, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, del GR2024, que se reproduce más esquematizado en el GR2025 (Pág. 37) las interrelaciones potencian la polarización y el deterioro de la cohesión social.
En ese sentido, la experiencia que estamos registrando en España es claramente negativa y atentatoria contra la convivencia y cohesión social. Y, aunque la manipulación y la desinformación han existido siempre (principalmente en épocas de guerra o enfrentamiento civil) el actual crecimiento de la digitalización, de las redes y de las herramientas que difunden y controlan la información podrían amplificar todavía en mayor medida la eficacia de la manipulación en los próximos años. De hecho, se considera que la proliferación de la manipulación y de la desinformación puede aprovecharse para fortalecer el autoritarismo digital y el uso de la tecnología para controlar a los ciudadanos (el Gran Hermano), proceso ya en marcha en diversos países, incluso en algunos supuestamente democráticos, donde los ejemplos de Elon Musk con la dirección de X y su apoyo a la extrema derecha no deja de ser inquietante.
Por último, no pueden olvidarse los riesgos de la ciberdelincuencia en sus diversas formas que la IAG está incrementando en cuanto a potencialidades y formas de intervención, aumentando muy sensiblemente los delitos ligados a ataques a empresas o particulares y a estafas a medida que los avances informáticos, en computación y en IAG van ampliando las posibilidades de actuación.
El Riesgo de reducción de los recursos hídricos.
La consideración de la reducción de recursos hídricos como el cuarto riesgo para España para el período 2025-2027 no es independiente del hecho de que el calentamiento global ha aumentado los fenómenos meteorológicos extremos y, en particular, la frecuencia e intensidad de los periodos de sequía, con grave afectación a las regiones del litoral mediterráneo.
De hecho, en España, el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y el aumento de la evapotranspiración, incide gravemente sobre el sector hídrico español y sobre la agricultura y ecosistemas del país, al reducirse la disponibilidad de agua en distintos territorios. Así, los datos avocan a una evolución tendencial de las precipitaciones en España descendente (reducción de 1,2 mm de precipitación al año) y a la progresiva incorporación de años secos o muy secos (precipitación inferior a 595 mm/año o 551 mm/año, respectivamente), tal y como apreciamos en la Figura siguiente.
Esta tendencia a la reducción de las precipitaciones se estima que continuará los próximos años asociada al incremento del calentamiento global, lo que implicará una reducción adicional en recursos hídricos diferencial, que varía entre el 15% y el 40%, en función de los distintos espacios, años horizonte y escenarios de crecimiento de la temperatura. Sobre todo, en las regiones del levante español donde el estrés hídrico (relación entre la oferta sostenible y la demanda de recursos) es más significativa.
En todo caso, el riesgo de reducción de los recursos hídricos está directamente asociado con el riesgo considerado por el GR2025 en segunda posición para el planeta, de sucesión de eventos climáticos extremos derivados del calentamiento global. Y, en este sentido, hay que referirse igualmente al informe de la Agencia Europea del Medioambiente (EEA, 2024)[9] que señala unos Escenarios de calentamiento para Europa (Pág. 24) que plantean la probabilidad de alcanzar los 3ºC para los próximos 10 años. Supuesto mucho más probable si consideramos la posibilidad de superación de tipping points[10] con efectos singularmente graves en el sur de Europa y sobre los grupos sociales y los ecosistemas más vulnerables.
El Informe de la EEA sintetiza los riesgos críticos derivados del Calentamiento global previsibles para España:
Complementariamente, en artículos de esta Sección de Perfiles de la Tierra se ha mostrado cómo afectan a España riesgos que exigen medidas urgentes de intervención, proponiéndose éstas para campos específicos que se extienden también a la creciente aridización/desertificación; al deterioro de las masas de agua superficiales y subterráneas; y a la frecuencia e intensidad de inundaciones y temporales marítimos catastróficos. Riesgos todos ellos que ponen en cuestión, entre otras, la seguridad hídrica y alimentaria, la seguridad energética y la estabilidad financiera, así como la salud de la población y de los trabajadores.
Por otra parte, la Fundación AON en su último Barómetro de las Catástrofes en España, 2023[11], estimaba una primera aproximación a los costes y efectos de la Dana producida en Valencia el 29 de octubre de 2024, destacando que era la más mortífera de las acaecidas en España desde las inundaciones de 1973. E, igualmente, señalaba que 2023 volvió a ser un año en el que los peligros de la naturaleza recurrentes (caracterizados por impactos de menor intensidad pero más frecuentes, como las lluvias y el pedrisco, entre otros, o de persistencia continuada a lo largo del tiempo, como la sequía) predominaron a lo largo del ejercicio, situando el coste asegurado de las catástrofes naturales en España en 2.449 millones de euros; resultando en el peor año de la serie 2016-2023, con una cifra de daños un 63% superior a 2022 y un 58% superior al promedio histórico observado en su Barómetro. En términos de coste humano, las catástrofes naturales en 2023 provocaron la muerte de 37 personas, siendo 49 la media del siglo. Lo que deja clara la gravedad de la DANA analizada en los cuatro artículos de esta sección, entre el 18 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025.
Algunas consideraciones finales.
En primer lugar, conviene señalar que, aunque el GR2025 para España no destaca la importancia de los riesgos ambientales para el corto plazo, como sí hace a nivel global, la realidad cotidiana parece contradecir esta carencia, con una mayor frecuencia de fenómenos climatológicos extremos en este país que afectan no sólo a la sequía. Por otra parte, la llegada de Donald Trump y la oligarquía plutocrática asociada al poder, así como el ascenso de la extrema derecha nacionalista y del anarco-liberalismo negacionista, están conduciendo a la reducción de la intervención pública para la mitigación y adaptación al calentamiento global y a sus crecientes efectos negativos que, inevitablemente, también van a incidir sobre España.
Adicionalmente, la incertidumbre socioeconómica y política actual, exacerbada por la llegada de Donald Trump y la oligarquía plutocrática asociada al poder, están reduciendo muy significativamente las políticas y fondos dedicados a la corrección de las desigualdades inherentes al capitalismo, a la pérdida de biodiversidad y a la regeneración de ecosistemas y conservación del patrimonio natural. Lo que indudablemente va a generar, tanto tensiones socioeconómicas adicionales, que van a agravar la polarización y conflictividad social, como la inestabilidad natural, afectando a las capacidades de alimentación global. Lo que conjuntamente agravará las tensiones derivadas de las migraciones globales, lo que no dejará de afectar a España.
El Plan de Reforma, Transformación y Resiliencia Española (PRTRE), más los fondos de la Adenda aprobada en 2023 y los Fondos Estructurales de la UE que le corresponden, pretenden la “transformación del modelo de crecimiento español”. Objetivo que requeriría priorizar políticas asociadas a una transición descarbonizada, equilibrada territorialmente y cohesionada socioeconómicamente, en la que, si bien es cierto que se avanza, se hace de una manera muy insuficiente, salvo en el campo de la energía renovable.
Como ejemplo, el modelo turístico actual español, de peso creciente en el PIB[12], basado en el crecimiento del turismo internacional, se sigue considerando un elemento fundamental de la economía. Se valora como ventaja comparativa para lograr un mayor crecimiento respecto al resto de Europa, por lo que oficialmente se defiende su potenciación, como vía para mantener el empleo y el valor añadido del sector. Y ello pese a la obviada negativa magnitud de los datos asociados al impacto ambiental y social[13] en los ámbitos urbanos sobrepasados por su incidencia, así como a su reducida resiliencia socioeconómica por su fuerte dependencia externa y por su carácter de monocultivo productivo en amplios ámbitos territoriales. Adicionalmente, presenta una alta incidencia en trabajadores temporales, o fijos-discontinuos, que son los que sufren los ajustes más inmediatos en las crisis, además de tener menores sueldos y peores condiciones de trabajo o de acceso a mejoras en su cualificación y productividad.
Como retos para superar los riesgos esperables a corto y medio plazo resultarían así: a) la recuperación de la inversión sostenible, tanto para mejorar la productividad como para paliar la crisis de vivienda; b) que la inversión en vivienda acompañe el crecimiento demográfico por los inmigrantes; c) fortalecer la autosuficiencia en energía y materias primas críticas y la diversificación de la economía; d) cambiar la exportación del ahorro español haciendo atractiva la inversión interior; e) potenciar la I+D+i en todos los campos y, en particular en la IAG; f) establecer políticas de compensación a los productores y consumidores españoles en el marco de las previstas nuevas guerras arancelarias; y g) favorecer un modelo de desarrollo justo ligado a la imprescindible transición ecológica y digital en marcha. Por otra parte, hay que responder al malestar social asociado a la manipulación informativa y de las redes sobre los más desfavorecidos, los trabajadores y las clases medias, que inciden en el incremento de la polarización/radicalización política, que puede terminar significando un fuerte desafío para la propia democracia.
Para terminar, el papel fundamental que se considera que incorpora la tecnología en los nuevos cambios socioeconómicos obliga a tener en cuenta el papel de las administraciones para lograr el avance de su aplicación al interés general. Hasta ahora, se aportan financiación y subvenciones públicas de distinto tipo a la I+D+i en todo el mundo, que se concretan, fundamentalmente, en el campo militar a través de las grandes multinacionales ligadas al sector (particularmente las siete grandes multinacionales tecnológicas, la industria aeroespacial, del armamento, etc.) que son las que recogen los beneficios de esa I+D+i aplicada a la industria militar, que, después, amplifican con su traslado a aplicaciones de la sociedad civil.
Se ha propiciado así una revolución científico-técnica que está -y seguirá- transformando sectores enteros productivos y la propia vida de la humanidad. La conectividad y las habilidades digitales están modificando la cualificación de los trabajadores y cambiando el perfil del empleo y de la economía del futuro. La inteligencia artificial generativa (IAG) abre un mundo de posibilidades disruptoras en todos los campos (políticos, sociales, para la seguridad y la democracia) que exige garantizar que su aplicación es acorde con el interés general. La neurotecnología y la biogenética, asociada a la IAG y a la informática cuántica pueden impulsar cambios radicales en la salud y en el bienestar general, pero también son un riesgo altísimo para la seguridad y el control social. Las innovaciones en tecnologías verdes pueden contribuir a limitar los peores impactos del cambio climático y apoyar la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono y más sostenible, o colaborar en la potenciación del uso de la tecnología fósil y en el rearme nuclear. Las vacunas y los avances médicos podrían salvar millones de vidas, pero deben ser asequibles a todos los ciudadanos y no solo servir para el beneficio de las multinacionales previamente subvencionadas en sus investigaciones. Por ello, los imprescindibles incentivos a un desarrollo científico y tecnológico que puede incidir muy positivamente en el desarrollo sostenible de la humanidad deben producirse en el marco de una gobernanza que asegure el retorno de las mejoras derivadas de esos incentivos al interés general, estableciendo mecanismos públicos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas adecuados a ese desarrollo de la revolución científico-técnica.
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[1] https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025
[2] Las 10 mayores multinacionales estadounidenses suponen del orden del 27% de la capitalización bursátil mundial. Las siete magníficas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) están teniendo revalorizaciones acumuladas impensables, desde 2020, y aparecen entre las claras beneficiarias de las políticas anunciadas e iniciadas por Donald Trump.
[3] Trump, en Davos 2025, afirmó que “necesitamos el doble de la energía que tenemos actualmente en Estados Unidos para que la IA sea tan grande como queremos, porque es muy competitiva”, para lo que el uso “del carbón limpio y bueno” podría usarse como fuente de energía de respaldo y las energías fósiles son una oportunidad que EEUU no puede desperdiciar.
[4] Draghi realiza un diagnóstico donde destaca que la fragmentación interna y el estancamiento demográfico europeo, junto a la débil presencia de sectores y grandes empresas impulsoras de tecnologías avanzadas, el alto coste relativo de la energía, la ralentización del crecimiento de la productividad, y la menor rentabilidad comparada de las inversiones, con su correspondiente pérdida de atractivo para el capital privado de invertir en la cuarta revolución tecno-industrial en Europa, ha llevado a poner en peligro el proyecto europeo ante una dinámica que reduce su competitividad económica en los mercados globales respecto a Estados Unidos y China. Y propone cuatro grandes ejes de intervención con 170 medidas en 10 sectores que considera clave. Los ejes quedan definidos por: 1) apuesta tecnológica, crecimiento económico y fortalecimiento de grandes empresas; 2) la descarbonización como opción energética más autónoma y económica, siempre de forma compatible con el objetivo anterior; 3) la seguridad entendida como acceso viable a recursos estratégicos y de defensa autónoma; y 4) la implementación de condiciones financieras y de gobernanza pública comprometidas con todo el proceso.
[5] Trump ha exigido que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa al 5% del PIB si desean seguir beneficiándose de la protección que EEUU les proporciona a través de la OTAN, esperando que una parte significativa de estos fondos se materialicen en la industria de defensa de su país para reducir su déficit comercial con la UE.
[6] Appendix C. Executive Opinion Survey: National Risk Perceptions. Págs. 81-91. A los encuestados se les presentó la siguiente pregunta: “¿Cuáles cinco riesgos tienen más probabilidades de representar la mayor amenaza para su país en los próximos dos años?” de la lista de 34 riesgos enumerados (Pág. 81.) https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/
[7] https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/EconomiaInformesMacro/Documents/Informes%20de%20previsi%C3%B3n%20y%20programaci%C3%B3n/Plan_fiscal_y_estructural_de_medio_plazo_2025_2028.pdf
[8] La OCDE, en el estudio publicado el 6 de enero de 2024, estimaba que seis de cada diez trabajadores operaban al margen de la legalidad a nivel mundial. https://www.oecd.org/fr/publications/breaking-the-vicious-circles-of-informal-employment-and-low-paying-work
[9] EEA (2024). European climate risk assessment. EEA Report 01/2024 https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment
[10] T. M. Lenton, D.I. Armstrong McKay, S. Loriani, J.F. Abrams, S.J. Lade, J.F. Donges, M. Milkoreit, T. Powell, S.R. Smith, C. Zimm, J.E. Buxton, E. Bailey, L. Laybourn, A. Ghadiali, J.G. Dyke (eds), 2023, The Global Tipping Points Report 2023. University of Exeter, Exeter, UK. https://global-tipping-points.org/
[11] https://fundacionaon.es/wp-content/uploads/2024/11/Barometro-Catastrofes-Naturales-en-Espana-2023-Fundacion-Aon.pdf
[12] En 2024, con 93,8 millones de turistas extranjeros (incremento del 10% respecto a 2023) se ha superado el anterior máximo histórico, al igual que se ha alcanzado un record en los gastos asociados a estos, con 128 millones de euros (17% de incremento).
[13] Por el incremento implícito de los viajes –en particular los de larga distancia, fundamentalmente en avión- y el uso intensivo y superación de la capacidad de carga de áreas patrimoniales de alto valor, que ya se produce en amplios territorios ligados, fundamentalmente, al turismo de sol y playa, y puntualmente al cultural/urbano asociado al crecimiento de los cruceros o a ferias y congresos.
