La Sentencia del 19 de diciembre de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está provocando el lógico revuelo en la política española por su incidencia sobre la negociación P.S.O.E. – Esquerra pero también porque el Derecho comunitario es un Derecho muy joven que todavía necesita articularse plenamente con los Derechos nacionales. El problema, a pesar de su intensa carga política, es un problema estrictamente jurídico.

La cuestión resuelta por la Sentencia de la Gran Sala es, en el fondo, bastante sencilla si bien su simplicidad se desparrama a través de un conjunto de circunstancias que se han ido entreverando hasta crear un problema político, más que jurídico, bastante complejo. Como se sabe, es el propio Tribunal Supremo español el que ha provocado esta situación porque, al plantearse si el procesado Junqueras podía acceder a su acta de Diputado del Parlamento Europeo estando en situación procesal de prisión provisional, en lugar de resolver por sí mismo (después de todo, tenía que aplicar fundamentalmente el Derecho nacional) acudió a un procedimiento judicial específico de los Tribunales de la Unión, la llamada cuestión prejudicial, en virtud de la cual se consulta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo acerca de la validez e interpretación  de los actos de los órganos de la Unión que se susciten ante un Tribunal nacional (artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo Tratado de Roma). Es decir, los Tribunales nacionales pueden elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo cuando han de aplicar una norma o u  acto comunitarios.

En el caso objeto de esta Sentencia, el Tribunal Supremo tenía dudas acerca de si el procesado Junqueras podía adquirir la plena condición de parlamentario europeo al estar en situación provisional Y más concretamente cómo se aplica una norma comunitaria, el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea de 1965 cuyo artículo 9 regula los privilegios de los parlamentarios europeos.

La Sentencia, de redacción muy sencilla y muy alejada de la pesada dogmática con que se redactan las Sentencias del Tribunal Constitucional español, responde a la duda que se plantea el Tribunal Supremo español: ¿el citado artículo 9 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea rige antes del periodo de sesiones del Parlamento Europeo para un acusado [como Junqueras] en situación de prisión provisional por hechos anteriores al inicio del periodo electoral?

El Tribunal europeo responde que en el Derecho comunitario vigente los Estados miembros son competentes para regular el procedimiento electoral y paea proclamar a los candidatos, mientras que el Parlamento Europeo no dispone de ninguna competencia “que le permita cuestionar la conformidad a Derecho de la proclamación de estos resultados o controlar su adecuación al Derecho de la Unión”. Y añade a continuación la Sentencia que al tomar nota de los resultados proclamados por los Estados miembros, el Parlamento da por hecho que los Diputados proclamados pasan a ser miembros del Parlamento Europeo.

En ese momento la Sentencia da una especie de pirueta argumental y olvidando que Junqueras no ha perfeccionado su condición de Diputado por una decisión conforme a Derecho adoptada por el Tribunal Supremo que dimana de su condición (igualmente ajustada a Derecho) de prisión provisional, le sitúa en condición de Diputado en plenitud de derechos y le aplica la inmunidad regulada por el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea:

“esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europeo… Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europea que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo”.

Y concluye:

“Goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo [el 9 del Protocolo de 1965] una prsona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para `participar en la primera sesión”.

Visto el resumen de esta Sentencia cabe formular las siguientes acotaciones de carácter jurídico:

En primer lugar, en puridad, la Sentencia no debería tener eficacia práctica porque la situación procesal de Junqueras ha cambiado, ya no está en prisión provisional sino en la situación de condenado por hechos cometidos previamente a su elección como Diputado europeo.

En segundo lugar, la doctrina del Tribunal de Justicia aporta una interpretación que aminora la competencia atribuida a los Estados miembros en la gestión de las elecciones al Parlamento Europeo.

En tercer lugar, a efectos prácticos, Junqueras sigue sometido al Tribunal que lo condenó, de modo que no se desprende que haya de quedar en libertad de forma inmediata por la sencilla razón de ya no está en la situación procesal que motivó la cuestión prejudicial.

En cuarto lugar, parece que el Tribunal Supremo español está obligado, a la mayor brevedad posible, a solicitar del Parlamento Europeo el suplicatorio que levante la inmunidad de Junquera, suplicatorio que previsiblemente se concederá por traer causa de hechos anteriores a la elección como Diputado.

En quinto  lugar, por último, hay que señalar que aunque esta Sentencia, contenga doctrina que pueda aplicarse a los recursos de Puigdemont y de Comín, aún no hay Sentencia en el recurso de éstos, por lo que hoy por hoy no se les puede aplicar la previsible exigencia de un suplicatorio del Parlamento.

Con estas conclusiones jurídicas, llama la atención la reacción de Esquerra. Encaramados los dirigentes de Esquerra a la política cortoplacista y de continua agitación, hay el riesgo de que presenten exigencias a las que un Gobierno democrático no puede acceder. Y si dejan pasar la oportunidad de un Gobierno progresista y conciliador, a lo mejor se encuentran con una coalición PP – Vox que provoque que los condenados acaben en una prisión extremeña. No deberían tensar la cuerda hasta romperla.