Aún a sabiendas de que cuando se publique este artículo las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno, sobre la reducción de jornada, pueden haber concluido sin acuerdo por la intransigente postura de la patronal, la actitud de esta y el escenario de la medida, bien merece algunas reflexiones.

En primer lugar, desde la conformación del Gobierno tras las elecciones del pasado año, la CEOE mantiene una posición respecto de las iniciativas y compromisos electorales de la coalición que la sitúan más en la estrategia de la oposición política que en las propias de su representación empresarial. “En algún momento habrá un cambio de Gobierno y entonces lo veremos”, respondió el pasado 18 de junio el presidente de la CEOE a las preguntas de los periodistas sobre su posición ante la propuesta de reducción de jornada laboral del Ministerio de Trabajo.

La jornada laboral de 40 horas a la semana lleva en nuestro país 41 años en vigor. Se aprobó siendo Ministro de Trabajo Joaquín Almunia en julio de 1983. Hasta aquel momento era de 43 o 42 horas, en función de si la jornada era continuada o partida. Desde entonces no se ha tocado. ¿No le parece suficiente el tiempo de permanencia de esta Ley al Señor Garamendi?

De sobra sabe la patronal que la insatisfacción con la excesiva jornada y las dificultades para la conciliación es uno de los problemas en el mundo del trabajo. Una reciente encuesta de la UE recoge que el 24% de los trabajadores españoles se queja del exceso de horas trabajadas frente al 13% de media en el resto de la UE. No es un problema inventado por este Gobierno, como dice la patronal, o que se está resolviendo ya con la negociación colectiva. Aunque de los datos del Ministerio de Trabajo se constata que hay un 14% de los trabajadores del sector privado y la mayoría de los del sector público que ya tienen una jornada de 37’5 horas semanales, lo cierto es que hay otros 12 millones que aún trabajan más de las 37’5 horas a la semana, muchos de ellos con infinitas dificultades para conseguir reducciones a través de la negociación colectiva.

Para Eurostat las horas reales de trabajo semanalmente en Europa está en 37’5 horas de promedio. Hay casos como el de Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia, Bélgica, Suiza, Irlanda y Noruega que trabajan menos de 35 horas. Si el argumento del efecto negativo en la productividad fuese cierto, sería muy difícil explicar cómo Países Bajos con 30’9 horas semanales, Austria con 33’6, Dinamarca con 34’2, Alemania con 34’5 Bélgica con 34’8, y Noruega con 33’3 horas semanales, siguen liderando la productividad a la par rebajan las jornadas.

La propuesta del Gobierno es sensata, equilibrada y en consonancia con las tendencias que se dan en la UE, los escasos recursos argumentales que esgrime la CEOE avalan la propuesta gubernamental. Por eso no tiene mucho sentido contraponer a la reducción de jornada el aumento de horas extras permitidas, que han propuesto, para equilibrar, según ellos, sus efectos negativos.

Las horas extras, en algunos sectores, son un saco sin fondo. A la semana 2’6 millones están registradas como horas extras, la mitad aproximadamente de las que realmente se hacen. Con el eufemismo de la necesidad de extender la jornada para acabar trabajos o continuar la actividad por imperativos no explicados, se esconde un submundo laboral de explotación y abusos de consecuencias inimaginables, porque las compensaciones económicas, en gran parte de los casos, no se hacen con arreglo a la regulación laboral (1’75 veces el valor de una hora ordinaria trabajada) sino a otras variables de índole interno en las empresas. Es por eso que el anuncio del Ministerio de regularlas y perseguir el fraude con mayor control de los registros horarios en las empresas, y sanciones individuales y no de empresa, en los casos de incumplimiento de la norma, es una buena noticia. La postura de los sindicatos de no incrementarlas y menos canjear su aumento para modular el rechazo de la CEOE a la reducción de jornada es una postura muy consecuente.